El presidente ejecutivo del PCE, Felipe Alcaraz, criticó el martes la postura del Grupo Parlamentario de IU-ICV en el Congreso con respecto a la Ley de la Memoria Histórica. Alcaraz definió como una «versión de baja intensidad» las enmiendas presentadas por su grupo, y aseguró que no se corresponden con el contenido de […]
El presidente ejecutivo del PCE, Felipe Alcaraz, criticó el martes la postura del Grupo Parlamentario de IU-ICV en el Congreso con respecto a la Ley de la Memoria Histórica. Alcaraz definió como una «versión de baja intensidad» las enmiendas presentadas por su grupo, y aseguró que no se corresponden con el contenido de la enmienda a la totalidad presentada en su momento.
Alcaraz denunció que la nulidad de los juicios del franquismo, un «tema crucial» en el contenido de la ley, «se cambia» en las enmiendas por una declaración de «carácter formal, donde se declararía el caracter injusto y se hablaría en todo caso de ilegitimidad, pero no de nulidad de pleno derecho».
«Se intenta en el tema crucial de Memoria Histórica, que es la nulidad de todos los juicios y consejos de guerra absolutamente ilegales, no intentar meter la nulidad de pleno derecho de las sentencias condenatorias del franquismo y se cambia por una declaración de carácter formal, donde se declararía el caracter injusto y se hablaría en todo caso de ilegitimidad, pero no de nulidad de pleno derecho» consideró Alcaraz.
El Presidente Ejecutivo de los comunistas señaló que el PCE, que es la organización «con más víctimas de este entramado», reclama la condena del régimen de Franco y la anulación de todos los juicios celebrados en este periodo «porque mantienen su proyección vigente y los condenados aparecen como bandidos y sediciosos».
Además, denunció que en IU-ICV hay un «cambio de actitud» ahora con respecto a la enmienda a la totalidad que se presentó en su momento y a las posiciones que ha mantenido siempre el grupo parlamentario, de manera que la nulidad de los juicios «se conjuga con el resto de temas de la ley». «Es un sapo que no podemos tragarnos».
Para Alcaraz, lo que ha acordado el Gobierno es un «paripé», puesto que crea una Comisión Interministerial de cinco miembros, de manera que la gente «sólo durante un año puede reclamar una especie de diploma por el que le reconocerían una memoria personal y familiar, en absoluto memoria histórica objetiva».
«En la transición no se pudo conseguir y si ahora de nuevo se convierte en una salida frustrante, nuestra gente se sentiría muy dolida de que Zapatero y nosotros en un pacto de baja intensidad no estuviéramos a la altura de las circunstancias», sentenció.
ERC reclama que se persiga a los ‘genocidas’ franquistas y que el Rey pida perdón a las víctimas
Por su parte el grupo parlamentario de ERC ha presentado un amplio paquete de enmiendas a la conocida como Ley de Memoria Histórica en las que plantea entre otras cosas que las víctimas del franquismo puedan llevar sus casos a los tribunales para que se persiga a los ‘genocidas’ del régimen y que el Rey «formalice solemnemente en nombre del Estado español las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana».
En sus propuestas, el grupo catalán propone un nuevo preámbulo en el que se reconozca que la Transición no significó una «auténtica reconciliación» y, por eso, es necesaria una norma para condenar el régimen franquista, aplicar la doctrina de Naciones Unidas sobre crímenes contra la humanidad a los cometidos por el régimen de Franco, reconocer jurídica, moral y materialmente a las víctimas y divulgar la memoria histórica republicana.
Además de reclamar la anulación de los juicios sumarísimos, ERC aduce la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad y la actuación de los tribunales españoles en la persecución de los producidos en otros países, para platear que los «crímenes contra la humanidad» cometidos por la dictadura «no queden impunes». También apuesta por que el Gobierno apoye las reclamaciones que por este motivo realicen ciudadanos, entidades o instituciones por delitos cometidos durante la dictadura.
En la misma línea, ERC defiende la creación de la figura de víctima del franquismo, que daría lugar a un reconocimiento moral y económico, y pide reconocer el «carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier otra forma de violencia sufridas como consecuencia de la defensa del orden constitucional republicano, así como las padecidas durante la dictadura».
En otra de sus enmiendas, establece una amplia relación de posibles beneficiarios de la ley que abarcaría desde los militantes en partidos y sindicatos, hasta los presos, exiliados, y miembros de «distintas organizaciones armadas antifranquistas», pasando por los masones, homosexuales, gitanos, judíos, naturistas, evangélicos y otros colectivos represaliados por su condición.
ERC aboga por suprimir del proyecto los artículos relativos la declaración de víctimas que preveía el Gobierno, así como los que regulan el Consejo de cinco personas de prestigio elegidas por el Congreso que, según el texto original, debía conceder esos diplomas.
Reparación a las víctimas e indemnizaciones
Por el contrario, solicita que la reparación a las víctimas se publique en el Boletín Oficial del Estado, y tenga por objeto la constatación de que las ejecuciones, penas, sanciones, perjuicios económicos o patrimoniales o cualquier otra forma de represión sufrida por personas físicas o jurídicas «son manifiestamente injustas por contrarias a los Derechos Humanos y a las libertades que constituyen el fundamento del orden constitucional hoy vigente y son la base de la convivencia en sociedad».
En paralelo, este grupo determina cuál debe ser el contenido de la reparación y fija que el Gobierno restituya los bienes inmuebles, el dinero o los archivos que fueron requisados por el franquismo e indemnice a las víctimas o sus herederos. Para las personas que conformaron las organizaciones armadas antifranquistas reclama también los beneficios sociales previstos en la ley que se aprobó en 2005 para compensar a los llamados ‘niños de la guerra’.
Respecto a la localización y identificación de los fusilados enterrados en fosas comunes, ERC plantea que sea un «deber de la Administración General del Estado» y que su labor no se limite a colaborar con los familiares que se decidan a buscar a los suyos.
Un museo en la DGS, sede de la Comunidad de Madrid
En lo que se refiere a los símbolos franquistas, el grupo catalán demanda que sean retirados en el plazo de un año de los monumentos, edificios, lugares públicos, calles o instalaciones dependientes de todo tipo de administraciones del Estado y que, en su caso se sustituyan por el símbolo actual del Estado o de la administración titular. También pide su eliminación de los edificios privados e insta a la Iglesia a retirar los que dividan a las víctimas de la Guerra Civil en vencedores y vencidos.
Por último, piden convertir en museos lugares significativos de la represión como el Valle de los Caídos y la antigua Dirección General de Seguridad de la capital, hoy sede de la Comunidad de Madrid.