Mientras el proceso de paz avanza en Euskadi, siguen adelante causas abiertas de dudosa sostenibilidad jurídica. Sectores de la sociedad vasca apuntan a motivaciones políticas. El próximo mes de octubre se iniciará ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la vista oral de dos macroprocesos simultáneos, cuyo único […]
Mientras el proceso de paz avanza en Euskadi, siguen adelante causas abiertas de dudosa sostenibilidad jurídica. Sectores de la sociedad vasca apuntan a motivaciones políticas.
El próximo mes de octubre se iniciará ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la vista oral de dos macroprocesos simultáneos, cuyo único precedente inmediato es el histórico 18/98, en el que concurrieron como imputadas 60 personas, y que se prevé lenta y costosa.
En esta ocasión serán juzgados 40 miembros y dirigentes de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, entre los que se encuentran Arnaldo Otegi, Rufi Etxebarria y Joseba Permach, y otros 40 militantes de la organización juvenil independentista Segi, once años y medio después de las primeras detenciones que dieron principio a los procesos, en 2002, cuando estas organizaciones eran aún legales.
Las acusaciones se formulan por los delitos de pertenencia a organización terrorista, en los grados de miembro y de dirigente, y de colaboración con organización terrorista, por los que el Ministerio Fiscal pide un total de 612 años: 372 en el caso de Batasuna y 240 en el de Segi. Además, los administradores de 110 «herriko tabernas», sin que ninguno de ellos esté acusado en los procesos, deberán comparecer en el primero en calidad de presuntos responsables civiles. La acusación ha solicitado también el comiso de los bienes, sin concretar número, de estas «herriko tabernas», constituidas en su mayoría como asociaciones culturales, deportivas o gastronómicas.
Las pruebas sobre las que descansan las acusaciones están constituidas básicamente por informes policiales. Con la consideración de esos informes como pruebas periciales, y la calificación de sus autores como peritos, podría darse la paradoja de que lo que debiera ser objeto de prueba se convirtiese en prueba de cargo, originándose así una vulneración flagrante de los derechos fundamentales a la defensa, a la prueba y a un juicio con todas las garantías sin que se produzca indefensión.
Las personas acusadas, en su gran mayoría han ostentado en determinados momentos cargos electos en diferentes instituciones. Otras han desarrollado o desarrollan actividades políticas públicas a través de partidos políticos legales y otras ni siquiera han tenido una especial significación en los mismos. No es fácil entender que en el momento político que se vive actualmente en Euskal Herria se vayan a juzgar conductas estrictamente políticas, desarrolladas hace más de diez años, en un procedimiento que tiene su origen y evolución más en consideraciones de política criminal que en hechos delictivos.
Entre los 40 jóvenes independentistas acusados han cumplido ya 50 años de prisión preventiva frente a los 28 años que también han pasado ya en la cárcel los acusados en el proceso de Batasuna. De ellos, 32 denunciaron torturas.
Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article58496