Nota edición: Este editor se siente muy orgulloso de recomendar la lectura de estas dos excelentes aproximaciones a la lucha de los jornaleros andaluces escritas muy desde dentro del combate. Sus autores: Fran Sánchez del Pino compartía la coordinación del Consejo Local de Izquierda Unida de la ciudad de Jaén hasta que hace algunos meses […]
Nota edición: Este editor se siente muy orgulloso de recomendar la lectura de estas dos excelentes aproximaciones a la lucha de los jornaleros andaluces escritas muy desde dentro del combate.
Sus autores:
Fran Sánchez del Pino compartía la coordinación del Consejo Local de Izquierda Unida de la ciudad de Jaén hasta que hace algunos meses tuvo que emigrar a Berlín para buscar trabajo. Licenciado en Filosofía y Letras, ha estado ligado al trabajo del Foro Social de Jaén, el Centro Social Autogestionado «Jaén en pie» y el 15 M de la ciudad hasta su marcha.
Isabel Mateos Valero es portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el Ayuntamiento de Jaén. Ligada al movimiento sindical en el marco educativo y al movimiento vecinal, pertenece, además, a la HOAC de Jaén, un movimiento por la pretensión pública de la fe desde la centralidad y el compromiso del mundo obrero y los desposeídos.
Sobre la llamada de atención del SAT
Fran Sánchez del Pino
Breve contextualización geográfico-social
Andalucía es una de las zonas más empobrecidas de Europa y de las más castigadas como consecuencia de la crisis financiera mundial, de la crisis española en particular y de las medidas de ajuste brutal impuestas por la troika y aplicadas por los dos últimos gobiernos. Con una tasa de desempleo del 34% de la población activa y un 35% de la población (tres millones de personas) viviendo bajo el límite de la pobreza, acumula una serie de cifras que la sitúan entre las primeras del continente de una lista de dudoso orgullo. De entre todos los desempleados, uno de cada dos son parados de larga duración, muchos de los cuales han agotado todas las prestaciones y traducen los datos estadísticos al crudo lenguaje encarnado del sufrimiento cotidiano y huérfano de esperanza, en el que la mera supervivencia se convierte en la más sofisticada de las ambiciones vitales. La situación es especialmente alarmante en las zonas rurales y en determinados barrios de las ciudades, donde se alcanzan tasas de desempleo superiores al 50% y los problemas sociales adoptan un cariz de extremo dramatismo expresado en las cada vez más frecuentes escenas de grupos organizados de gentes rebuscando en la basura y esperando la llegada de camiones a vaciar en el vertedero.
Ante la falta de recursos de muchas familias para atender las necesidades más básicas de sus miembros (en muchas ocasiones como consecuencia de las exigencias del pago de la hipoteca en familias que tienen a todos sus miembros en paro -aun así, Andalucía ha alcanzado la escalofriante marca de 6000 familias expulsadas de su vivienda sólo en el primer trimestre de 2012) aparecen y se extienden los problemas de subalimentación hasta extremos insoportables: según el último informe de Cáritas, 350.000 familias andaluzas están subalimentadas. La alimentación comienza a ser un problema urgente, rayano en un estado de emergencia social, susceptible, si existiera la sensibilidad política que la situación requiere, de convertirse en un verdadero «asunto de Estado». Y todo en ello en una región con tierra suficiente, mano de obra disponible y capacidad para alimentar a toda la población y generar excedentes, pero donde el 2% de los propietarios es dueño del 50% de la tierra cultivable y el 80% de una producción agrícola lastrada por el predominio del monocultivo y los métodos intensivos, se destina a la exportación. Aquí se juntan «lo nuevo» y «lo viejo», la interacción entra las nuevas realidades que son consecuencia de la última fase económica y la situación estructural, secular, de desequilibrio en la distribución de los bienes.
En definitiva, estamos ante una dinámica que introduce el carácter de una auténtica transición al subdesarrollo, que sin duda se verá agudizada hasta el extremo por las previsibles próximas medidas de ajuste del gobierno español. No se trata simplemente de una crisis económica, sino de un deterioro social y humano de dimensiones gigantescas y de consecuencias imprevisibles.
El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), la tierra y los alimentos
El SAT es un sindicato cuyo componente principal es la base militante de las zonas rurales que integraban el Sindicato de Obreros del Campo y del Medio Rural (SOC-MR), un sindicato que históricamente se ha organizado como herramienta de defensa de los trabajadores del campo y del medio rural en general ante sus problemas específicos (los jornaleras y jornaleras tiene difícil acceso a la negociación de convenios colectivos), y como movimiento social en ese mismo ámbito, que ha venido reivindicando una modificación radical de la propiedad de la tierra y una alternativa de producción agrícola y de distribución y consumo de los alimentos, orientado a la soberanía alimentaria, concepto faro de la organización internacional Vía Campesina, de la que es miembro el SOC. Desde hace unos años, el SOC y gentes próximas decidieron atender una cierta demanda de una alternativa sindical y social en las zonas urbanas, impulsándose la creación del SAT, como sindicato y movimiento más abarcador.
En los últimos meses, ante la intención de la Junta de Andalucía de sacar a subasta una cantidad importante de tierras públicas para obtener recursos mediante su privatización, ante de la desolación social y la situación de pobreza en las zonas rurales y ante el problema global de la alimentación, tanto en los pueblos como en las ciudades, el SAT tomó la iniciativa de reivindicar esas tierras en desuso como bien común para la población andaluza y de intentar evitar su privatización. Para ello, se propuso la ocupación y puesta en funcionamiento de fincas que aún no hubieran sido vendidas. De la mano de la iniciativa brotaba un ambicioso proyecto de experiencia para la soberanía alimentaria y de alternativa económica y social; por un lado para las zonas rurales: los jornaleros y jornaleras andaluces en paro tienen el conocimiento, la sabiduría sobre la tierra, las ganas y la necesidad de trabajar y de proveerse de lo más básico en pueblos donde la miseria y la precariedad alcanzan cotas sobresalientes; por otro lado, la experiencia tiene también la potencialidad de conectar con las ciudades sobre la base de la alimentación como problema común, y con movimientos sociales urbanos que impulsan otros modelo de consumo alternativo, universalmente accesible, saludable y ecológico. En definitiva, tiene la virtualidad de ser una alternativa integral al modelo agroalimentario, y una visión radicalmente distinta que niega la condición de mercancía de la tierra y de sus productos y la postula como bien público. Y ese primer foco de creación de algo distinto, de cultivo intensivo de una esperanza colectiva, se vino a poner en marcha en la finca ocupada de Somontes, en la provincia de Córdoba (http://www.youtube.com/watch?v=S3UFo9fztIA&feature=player_embedded http://www.facebook.com/pages/Somonte/219067778201567), de 400 hectáreas, que se encontraba en desuso y que tiene capacidad de emplear hasta a 300 personas. Recientemente se procedió también a la ocupación de la finca de Las Turquillas (Sevilla) para dar un segundo paso importante en ese sentido, abortado momentáneamente tras el desalojo ordenado por el gobierno en el mismo día que se detenía a los participantes de la acción de los supermercados.
La acción simbólica en Mercadona y Carrefour.
El pasado 7 de agosto, docenas de militantes del SAT participaron en una acción simbólica organizada de denuncia de la insostenible situación social de carencia de las gentes, por la cual se «asaltaron» dos supermercados, uno perteneciente a la cadena Mercadona y otro a Carrefour, en las ciudades de Écija (Sevilla) y Arcos de la Frontera (Cádiz), respectivamente. Ambas cadenas comerciales controlan el 40% de la distribución de los alimentos y operan como elementos de un oligopolio que determinan en muchos casos las condiciones de producción (precios, variedades de productos, ritmos, beneficios, salarios) a unos agricultores (o a proveedores derivados) prácticamente indefensos ante la dimensión de la cuota de mercado que controlan ambos gigantes. En definitiva, se trata de una situación de sujeción y de poder que obstaculiza enormemente las posibilidades de una determinación democrática y soberana de las necesidades de producción y consumo de alimentos de la población, así como de la atención debida a sus condiciones ecológicas.
Por otro lado, la situación social se deteriora progresivamente como consecuencia de las políticas de trasvase masivo de recursos públicos, de recursos de la ciudadanía hacia los bancos, marcada por los agentes que dictan la política de los países sudeuropeos creando un estado de excepción político, donde los derechos elementales se supeditan al expolio teledirigido que significa la «crisis de la deuda», y acompasado de un estado de emergencia social. Llamar la atención para romper la asunción social de esta lógica de genocidio por goteo, para romper con la idea fatalista de que no hay alternativa que dé color al gris oscuro que nos invade y hastía, era el propósito fundamental de la acción del 7 de agosto.
La así llamada (también simbólicamente) «expropiación de expropiadores» ha resultado tener una trascendencia de dimensiones probablemente imprevistas, tanto para lo bueno como para lo malo: en el diseño de la acción, los miembros del SAT sabían que iban a tocar hondo, que la acción tendría un espectacular impacto mediático y que como acto de desobediencia tendría consecuencias jurídicas para los participantes; el SAT lleva 30 años practicando la desobediencia civil no violenta como estrategia de movimiento, «costumbre» por la que acumula una cifra descomunal de euros a pagar en multas y de años de prisión en condenas para sus gentes (además de moratones en la espalda por los golpes de los antidisturbios). Esta gente ya sabe lo que hay, por tanto. Pero resulta que el eco de lo que se hizo ha traspasado todas las fronteras y se ha hablado de ello tanto en la prensa internacional como en las calles de muchos países, también entre personas políticamente activas de todos los rincones. En la prensa española ha tenido una resonancia espectacular, tomando portadas y artículos de opinión tanto para reconocer el valor de lo que se hizo, como para (los más) intentar deslegitimar, caricaturizar y reducir el asunto a la cuestión «legal». Es decir, desde muchos medios se ha hecho un esfuerzo ímprobo por difuminar la dimensión real del asunto, que es la dimensión política, con un denuedo de una intensidad directamente proporcional a su impotencia. Otra de las patas del poder, el gobierno, ha impulsado la detención de los participantes en un proceso de represión notablemente excepcional: a las personas a las que se detuvo en sus casas se les imputan delitos de «robo con violencia» y para ellos se solicitan penas de dos a cinco años de prisión. El mismo día en que se detenía a la gente, la guardia civil procedía al desalojo de la finca de las Turquillas por orden del gobierno. Quizá la respuesta de todos estos elementos no sea sino proporcionada a la radicalidad de aquello que cuestiona esta acción del SAT. Se ha puesto el dedo en la llaga. Eso duele. Y la bestia reacciona y da zarpazos descontrolados.
¿Por qué se ha puesto el dedo en la llaga?
En primer lugar, porque visibiliza, nacional e internacionalmente, el problema insoportable de la pobreza y de los brotes de situaciones de extrema necesidad en un país del primer mundo. Eso es lo que más impacta en los medios internacionales. Claro que en la prensa mundial no se habla sin más de un robo a un supermercado (eso jamás sería noticia); se habla de lo que hay de fondo, de uno de los motivos de la acción, del motivo que precisamente el sindicato quería resaltar de cara a los medios que más acceso tienen a la «opinión pública». Los medios españoles tematizan sobre todo el relato descontextualizado de la acción, intentando presentarlo como un problema de ámbito penal. El propósito de los activistas era que lo que hay de fondo, el estado de necesidad urgente de las gentes, se convierta en asunto de Estado. Pero la acción (el medio) ha recibido un enfoque mediático que la sobredimensiona pero retratada como simple delito, al objeto de ocultar el problema de fondo, de manera que el camino se allanara la acción represiva del ministro de Interior y la expulsión, de las mentes de los que sufren a la desesperada, la idea de que quizá las cosas pudieran funcionar de otra manera. Cabe preguntarse hasta qué punto los de arriba han conseguido ese objetivo.
Después, porque permite problematizar el asunto del «robo» y cuestionar las dimensiones a las que aluden determinados usos de la categoría. Ese es sin duda otro caballo de batalla. Hemos asistido perplejos al trasvase de 23500 millones de euros a Bankia, a un recorte brutal veraniego en los Presupuestos del Estado para cumplir los objetivos de décifit que permitan recuperar la «tranquilidad de los mercados» mientras se pagan los miles de millones de euros de intereses por la deuda a los bancos que especulan con la crisis del país y de sus ciudadanos gracias al apoyo del Banco Central Europeo (BCE). El principio de «lo que es de la gente, primero a los bancos delincuentes y después a la gente» se consagró constitucionalmente en agosto del año pasado en virtud de un acuerdo entre PSOE y PP para el sometimiento del Estado español a las directrices del BCE, el mismo que da barra libre a los bancos en esa fiesta sádica por la que financian al estado al precio de asfixiarlo y de reducirlo a un montón de ruinas bajo las cuales tragan polvo y quedan atrapadas las personas. Para ello, el coste de los productos básicos se incrementa (subida del IVA), el sueldo de los empleados públicos se reduce y también se reduce el número de ellos, condenando a más y más gente al paro, a la desesperación, a la falta de perspectiva, anulando cualquier posibilidad de remontada de una economía asfixiada. En ese holocausto a los mercados se ofrecen los bienes comunes más elementales: educación, sanidad, empleo, transporte, alimentación,… En definitiva, se trata de un trasvase masivo de recursos (de un robo de dimensiones colosales -100000 millones de euros durante tres años-) sobre la base de un autogolpe perpetrado por los dos partidos mayoritarios, que echa por tierra el pacto constituyente y abre una nueva fase, en la que el atraco y la desposesión se prevé en la norma capital del ordenamiento jurídico. Ante eso, se plantea una acción más allá de los límites de la legalidad: una sustracción de alimentos de una superficie comercial que tiene ganancias millonarias para repartir entre gente necesitada. Los alimentos (arroz, leche, legumbres, azúcar) pueden valorarse acaso en unos 150 euros, que no supondrán un prejuicio a la empresa, no sólo porque la suma sea objetivamente insignificante, sino porque el seguro se hará cargo del reintegro de una suma que de esa manera queda garantizada, cuando quizá no lo estuviera en el caso de que los productos esperaran a ser vendidos en la estantería. En todo caso, la empresa puede salir beneficiada, como escribiera también Ulrike Meinhof a propósito del incendio de unos grandes almacenes llevado a cabo por Andreas Baader y Gudrun Ensslin en Frankfurt en los años 70.
El «momento progresivo», como también escribía Ulrike en referencia a aquella acción, puede encontrarse aquí, no sólo pero también, en la trasgresión de la ley, una ley que no protege a las personas sino a los que se apropian de la riqueza: «Los que usan la propiedad indebidamente son los protegidos por la ley, no las víctimas de este uso indebido de la propiedad, no los que mediante riqueza y consumo producen riqueza, sino los que en el Estado capitalista se apropian legalmente de la misma. Es un deber para la ley mantener alejados de sus productos a aquellos que los producen. (…) esta trasgresión de la ley es el momento progresivo (…) sin descartar, de esta manera, que la consiguiente destrucción de bienes más bien favorezca al sistema, contradiciendo materialmente a las intenciones anti-capitalistas.» (Meinhof, «Incendio de un gran almacén», Konkret, 1968)
Lo interesante aquí es el momento de «ilustración»: «Los negros del gueto que saquean comercios en llamas se dan cuenta de que el sistema no se derrumba porque ellos de forma puedan apropiarse de lo que necesitan urgentemente, de lo que debido a su pobreza y desempleo no pueden comprar; pueden percibir que un sistema es negligente, que éste les aparta de aquello que necesitan para vivir.»
Conste que aquí no estamos hablando de «comercios» ni de «llamas» ni de una acción espontánea y desesperada ni de una venganza, sino de una acción pacífica y simbólica, de intencionalidad política, bien planificada y definida para su realización en un centro de las características que arriba se han expuesto. Pero la cita es útil. En ese sentido se ha propuesto el SAT dar un golpe a las conciencias, con una acción simbólica y «pedagógica» mediante la cual ha pretendido ilustrar las sinrazones de un sistema terriblemente injusto, con más credibilidad si cabe en cuanto que se trata de un colectivo formado fundamentalmente por jornaleros, es decir, por quienes trabajan la tierra (cuando pueden) para producir los alimentos a los que no pueden acceder.
– Se cuestiona de una manera radical la condición sagrada de las mercancías cuando se refieren a bienes básicos como son los alimentos, consagrados como un derecho humano fundamental por el Relator Especial de la ONU para el derecho a la alimentación. No es poco. Se trata ni más ni menos que del intento de sustraer, en el plano simbólico (como un primer paso) una serie de bienes al arbitrio todopoderoso del mercado para convertirlos en bienes comunes. Hay bienes (como también la vivienda, por ejemplo, o como el agua) cuya mercantilización debe ser impedida por su condición de derechos humanos fundamentales, y que, por lo tanto, deben ser «liberados» para una reapropiación en favor de las gentes comunes y corrientes. La llamada de atención llega a este ese punto, una vez que el capitalismo ha entrado en crisis y la condición de mercancía de esos bienes los revela como realmente inaccesibles en tanto que bienes para la mayoría. En este sentido, la acción es portadora de una nueva aspiración de Derecho, de una aspiración a una legalidad acorde con lo humano y no con el mercado. Dadas las condiciones políticas arriba descritas, la acción puede leerse, si así se quiere, como una invitación a tomar en consideración la necesidad de un nuevo proceso constituyente sobre otras bases distintas, a la altura de las necesidades de la población y no de los beneficios bancarios, adecuada a la tranquilidad de la gente y no de los mercados. Algo está del revés y debe ser ajustado. La acción no implica un desorden sino, al contrario, una protesta contra el mismo, una voluntad de reordenar.
– Por último, se han abierto debates de importancia cardinal en el seno de los movimientos sociales, porque se llama a un cuestionamiento estratégico con una propuesta positiva: la desobediencia civil como forma de contestar a un poder crecientemente injusto, crecientemente represivo y crecientemente violento. De forma evidente, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de afrontar problemas contradictorios como el de la posibilidad de combinar acciones que realmente preocupen a los poderosos por su potencialidad simbólica (lo que en muchas ocasiones puede requerir un pequeño salto fuera de los límites de la legalidad) y la de mantener un amplio consenso social en torno a las acciones de los movimientos; esto es, mantener una legitimidad social de los movimientos, una legitimidad no vanguardista, puede chocar con un estado de ánimo mayoritario que en principio pueda confundir los límites de la legitimidad con los de la legalidad. Desde luego el debate es complicado, pero imposible de obviar, más aún ante un posible escenario de recorte legal de libertades y de castigo a la resistencia en general. También aquí, la acción del SAT ha llamado la atención sobre la necesidad de dotarse de herramientas para intentar desbrozar una pequeña vereda. Y, de momento, los protagonistas de la acción se enfrentan por ello, y por todo lo anterior, a un castigo insoportable.
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TEXTO DE LA INTERVENCIÓN. FINAL MARCHA JODAR A JAÉN
Isabel Mateos Valero
En nombre de la Asamblea Local de IULV-CA de la ciudad de Jaén quiero transmitir un saludo fraternal a todos los compañeros y a todas las compañeras que habéis puesto en pie y participado en ésta MARCHA POR LA DIGNIDAD Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE JAÉN.
Un abrazo solidario a todas aquellas «gentes del agosto» de las que habló aquel gran poeta Juan de la Cruz, que -seguro- hoy también se sentiría alegre por esta marcha. Sí, al igual que nuestro compañero y camarada Miguel Hernández, que también está hoy aquí con nosotros, los suyos, con los de abajo. Con aquella sonrisa suya «triste como la de un olivo».
Un especial saludo a los compañeros y las compañeras del SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES.
Vivimos tiempos difíciles.
Tiempos que no son sólo de crisis. Hay que decirlo alto y claro: hoy gobierna este país y Europa la parte más reaccionaria y egoísta de la sociedad. No estamos asistiendo solo a reformas económicas y laborales para hacer pagar la crisis a los trabajadores y las trabajadoras, las pequeñas economías y los autónomos. Estamos viviendo hoy algo más duro, incluso. Este país está gobernado y dominado por la peor parte de estas sociedades. No son sólo contra-reformas lo que se está aprobando. ESTAMOS EN MANOS HOY DE UN GRUPO SOCIAL QUE HA PUESTO EN MARCHA UNA VENGANZA SOCIAL CONTRA LOS TRABAJADORES Y SUS CONQUISTAS DURANTE TODO EL SIGLO XX.
Toda persona decente y con un mínimo de humanidad siente hoy rabia. Vivimos el mundo al revés: los poderosos se juntan y se reúnen para expropiar y desposeer a los de abajo. Vivimos una época de revancha de los ricos contra los pobres, los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. ¡Así está la situación!
Cuando una diputada del PP grita en el Parlamento ¡Que se jodan los parados! no es una mera anécdota. Es lo que realmente piensa toda esa aristocracia ignorante y miserable. Cuando los de arriba hablan de legalidad no se refieren, para nada, al deber que el Estado tiene de garantizar los derechos humanos de las personas. Legalidad, para ellos, es el deber de subordinación de los de abajo a sus dictados. Legalidad, para ellos, es que aceptemos sin rechistar su decreto de estado de excepción económica y social. Por ello pensamos que desobedecer a esa farsa de ley es una obligación de todo ciudadano y de toda ciudadana que quiera defender la democracia, aquí y ahora.
Y hay que decirlo claro. Ellos, los descreadores de la vida, no se alteran porque un gran puñado de trabajadores entren en una gran superficie comercial para garantizar un derecho elemental de todas las personas: el derecho a vivir. No. Su preocupación es que esa ruptura, ese momento, se convierta en una desobediencia generalizada al estado de excepción que los de arriba han ido construyendo durante años. Se ha nombrado el infierno.
Sabemos que el trabajo, además de constituir la principal fuente de ingresos de los trabajadores, es la principal herramienta que las personas tienen de intercambio de sus experiencias, sus conocimientos y sus afectos. Por eso el miedo a perder el puesto de trabajo no lo es sólo porque ello incida gravemente en las condiciones materiales de nuestras vidas. La pérdida del trabajo o vivir sin un puesto de trabajo quiere decir, sobretodo, quedar excluido de la comunidad, de la sociedad. Es malvivir en un rincón, es precipitarse en la soledad, es la imposibilidad de comunicar los afectos y los sentimientos, es la destrucción del espacio que cada uno ha construido para sentirse vivo.
Los de arriba dicen que hay que hacer sacrificios. Sí, esa canción miserable ya la conocemos. ¿Pero cómo se puede pedir sacrificios a una joven o a un joven que no saben qué hacer? No tienen un trabajo y seguramente han dejado de estudiar. Y ya no consiguen ni tan siquiera encontrar una motivación para enfrentarse a cada nuevo día. ¿No nos damos cuenta de lo que está pasando con nuestros jóvenes en nuestros barrios y nuestros pueblos? Es un crimen.
A pesar de todo esto nos imponen sus recetas indigestas y crueles: reducción del gasto sanitario, del gasto social y educativo. Se reduce la protección social de los mayores y de los más débiles. Dicen querer cuadrar las cuentas pero lo que están haciendo es aumentar el malestar y la desesperación de todas aquellas personas que pierden progresivamente la posibilidad de sentir protección en el país o la ciudad donde viven.
Sólo la esperanza puede derrotar al miedo.
Y esta marcha es eso. La esperanza que tiene que encarnarse en una nueva alternativa de los de abajo y que la política vuelva a pensar en el destino común de las personas. Un destino que hoy está sometido al dominio de una economía abstracta y desvinculada de las necesidades concretas de las mujeres y los hombres de carne y hueso.
«El primer paso para construir un mundo alternativo es rechazar la imagen del mundo implantada en nuestras mentes y todas las falsas promesas que se emplean en todas partes para justificar e idealizar la necesidad criminal e insaciable de vender. Es vitalmente necesario otro espacio.»
«La esperanza, sin embargo, es un acto de fe y tiene que estar sostenido por otras acciones concretas. Por ejemplo, la acción de acercarse, medir distancias y caminar hacia. Esto conducirá a colaboraciones que nieguen la discontinuidad. El acto de resistencia no significa sólo negarse a aceptar el absurdo de la imagen del mundo que se nos ofrece, sino denunciarlo. Y cuando el infierno es denunciado desde adentro, deja de ser infierno.»
Acciones concretas.
Esta marcha debe suponer el inicio de una gran convocatoria, de un gran movimiento en Andalucía, primero, y a nivel del estado español, después, una gran alternativa de una izquierda que contenga todas las izquierdas.
Contra la guerra, por la paz y la cooperación entre los pueblos debemos denunciar las guerras actuales y las que se preparan. Y decimos que hay que desmilitarizar y desnuclearizar Andalucía. Impedir que la Base de Rota, hoy el punto estratégico de la OTAN en el Mediterráneo, sirva para la nueva guerra en Irán que el movimiento pacifista de Israel y el pueblo palestino están denunciando en estos días.
Contra el crimen de la emigración de nuestra juventud debemos poner en marcha una iniciativa que sea su gran reto para hacerse independientes revitalizando todo el gran patrimonio cultural de Andalucía.
Contra el paro y la marginación de cientos de miles de familias debemos defender un mínimo económico vital y la defensa de los bienes comunes y necesarios para todas las personas.
Que la tierra vuelva a alimentar a los habitantes de Andalucía, que garantice su soberanía y sea trabajada individual y colectivamente, como primer paso para una reestructuración ecológico-social del territorio andaluz tras décadas de destrucción de los recursos y especulación.
Y debemos de inventar nuevos espacios de cooperación y solidaridad entre ciudades y pueblos, un movimiento horizontal de ayuntamientos, frente a las políticas de austeridad y de beneficio de los banqueros que está destruyendo la sociedad.
Me gustaría citar para terminar al poeta argentino Juan Gelman.
Llegó la muerte con su recordación
nosotros vamos a emprender otra vez
la lucha
otra vez vamos a empezar
otra vez vamos a empezar nosotros.
Contra la gran derrota del mundo
compañeritos que no terminan
o arden en la memoria como fuegos
otra vez
otra vez
otra vez.
¡LA LUCHA SIGUE!
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.