La Coordinadora para la Prevención de la Tortura y el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos denuncian que la administración de prisiones catalana no ha permitido que dos de sus miembros se comuniquen con el preso. La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) y el Observatorio del Sistema Penal y […]
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura y el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos denuncian que la administración de prisiones catalana no ha permitido que dos de sus miembros se comuniquen con el preso.
La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) y el Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (OSPDH) han denunciado hoy que el pasado jueves, 19 de marzo, la Administración penitenciaria catalana impidió que dos de sus miembros se comunicaran con el preso José Antúnez, quien hoy cumple dos meses de huelga de hambre en protesta por lo que denomina una «cadena perpetua encubierta«. Según publica La Directa, Antúnez ha sido hoy trasladado al Hospital Penitenciario de Terrassa al empeorar más su salud.
«Está muy mal, sufriendo mucho, y la Administración de centros penitenciarios no sólo no ha hecho nada, sino que nos han prohibido a mí y a Jorge del Cura [de la CPDT] entrar en el centro para verle», explica a Diagonal Iñaki Rivera, del OSPDH. Según señalan desde la Coordinadora, a través de sus familiares han podido saber que Antúnez ha sido trasladado a la enfermería del centro penitenciario Brians II.
Andrés García Berrio, de la Coordinadora, explica que Antúnez ha perdido más de 25 kilos desde que comenzó la huelga de hambre y actualmente sufre vómitos y dificultad en la visión. Aun así, «desde la Dirección General de Centros Penitenciarios, además de vetar la entrada de los defensores de derechos humanos, la respuesta a la huelga de hambre ha sido nula, ni si quiera se han sentado a hablar«.
Antúnez, de 58 años de edad, ha cumplido 40 años de su vida en la cárcel por delitos de robo. Durante sus primeros años de encierro fue también participante en la Coordinadora de Presos Españoles en Lucha (COPEL). Ahora se enfrenta a condenas que suman cerca de 30 años más. La mayor de ellas es en relación al motín de Quatre Camins en 2004, por un supuesto delito de intento de homicidio al subdirector de la prisión. «Él manifiesta que no participó en las agresiones», subraya García Berrio, quien recuerda que varios funcionarios han sido condenados por torturas infligidas como venganza contra los participantes del motín.
«Esto se ve como una represión por el motín de Quatre Camins«, señala García Berrio, quien destaca que el motín surgió como una reivindicación de los derechos de los presos y de denuncia de los malos tratos que sufrían en esta prisión. El motín de Quatre Camins, en el que resultó herido de gravedad el subdirector del centro y varios funcionarios sufrieron lesiones, tuvo lugar el 30 de abril de 2004. Según explicó en 2013 José Solis, uno de los presos del centro cuando tuvieron lugar los hechos, «aquella cárcel era una acumulación sistemática de torturas, que estalló cuando dos carceleros agredieron a un preso y se lo llevaron a aislamiento. Entonces la gente actuó en legítima defensa, y se formó un piquete, que se disolvió. Pero entre el tumulto apareció inconsciente el subdirector, y otro carcelero quedó retenido, dejado atrás por sus propios compañeros».
Antúnez fue condenado, a raíz de este motín, a 19 años de cárcel, junto a otros 16 presos. A pesar de llevar cumplidos en prisión alrededor de 40 años, y de que, después de su anterior huelga de hambre, en febrero de 2014, desde centros penitenciarios le dijeron que le iban a incluir en el programa individualizado de tratamiento a través del cual poder acceder a los permisos penitenciarios, aún no ha comenzado dicho programa. «Está en situación de absoluta desesperación, y eso es lo que le ha llevado a la huelga de hambre. Tiene 58 años y una perspectiva de salida a 12 años vista, después de pasar toda la vida en la cárcel», explica García Berrio. «Es una cadena perpetua encubierta, ni siquiera le están aplicando la legislación».
El coordinador del Observatorio Europeo de Prisiones, Alessio Scandurra, y la Red Eurolatinoamericana de Prevención de la Tortura y la Violencia Institucional han denunciando en sendos comunicados la negativa del centro penitenciario a permitir que defensores de derechos humanos visiten y observen de primera mano la situación de Antúnez.
Desde la CPDT piden la destitución inmediata del director de centros penitenciarios y anuncian que han informado al relator de Naciones Unidas para Cuestiones de Tortura, Juan Méndez, y al secretario del Comité Europeo contra la Tortura de la situación de Antúnez. También han presentado quejas ante la Dirección General de Servicios Penitenciarios el Síndic de Greuges y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 4 de Barcelona.
Javier Guerrero, tres meses y medio en huelga de hambre
El 11 de diciembre de 2014, el preso Javier Guerrero comenzó también una huelga de hambre en la prisión de A Lama, en Pontevedra, en protesta por las condiciones en la cárcel, la represión hacia los presos y el alargamiento de las condenas. Según publica tokata.info, desde que el 5 de enero fue ingresado en enfermería, no le dejan recibir visitas de familiares ni hablar por teléfono con nadie.
El pasado 22 de febrero, varias personas hicieron un ayuno de tres días en las puertas del juzgado en solidaridad con Guerrero. A la muestra de apoyo se sumaron otros 15 presos de A Lama, que hicieron un ayuno de dos días. Según resalta la información de tokata.info, uno de estos presos fue Borja Martín, que dos días después apareció ahorcado en una celda de aislamiento.
En la misma prisión, tokata.info informa de que otros presos, entre ellos Reinaldo Gómez, han sufrido serias agresiones por parte de los carceleros tras ser trasladados a aislamiento.
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