Los combates de los últimos días entre la guerrilla y el ejército en el departamento de Putumayo, Colombia, empujaron a más personas hacia la fronteriza provincia ecuatoriana de Sucumbios, además de provocar una disputa diplomática entre ambos países. Decenas de campesinos, entre ellos más de un centenar de aborígenes, se vieron obligados a marcharse a […]
Los combates de los últimos días entre la guerrilla y el ejército en el departamento de Putumayo, Colombia, empujaron a más personas hacia la fronteriza provincia ecuatoriana de Sucumbios, además de provocar una disputa diplomática entre ambos países.
Decenas de campesinos, entre ellos más de un centenar de aborígenes, se vieron obligados a marcharse a Ecuador por temor a verse involucrados en los enfrentamientos armados, indicó en las últimas horas la Organización Nacional Indígena de Colombia.
Este desplazamiento de personas que abandonan sus hogares por la guerra civil en la vecina Colombia ha crecido en cantidad desde hace un año, lo cual ha llevado a un aumento de los caseríos irregulares en la costa ecuatoriana del río San Miguel, que separa a los dos países en la región del Putumayo.
Algunos de estos pobladores dijeron a IPS que, si bien en la franja fronteriza no hay seguridad para la población civil por los combates que «a veces se dan casi dentro del territorio ecuatoriano», siempre es más tranquillo vivir de este lado del río, en Ecuador.
«Lo más seguro sería irnos hacia adentro del territorio ecuatoriano pero no tenemos dinero para eso. Además nuestra vida está acá», dice Rosa, una de las que cruzó el río.
Colombia sufre hace más de 40 años un conflicto armado interno que costó 200.000 vidas. Además, dos millones de sus 44 millones de habitantes debieron dejar sus hogares en los 15 años últimos, lo cual llevó a que sea el tercer país con mayor cantidad de desplazados en el mundo, según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
El ataque del 25 de junio de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la base del ejército de ese país en Teteye, en Putumayo, donde murieron 22 soldados, volvió a colocar en la agenda de discusión de los gobiernos de Ecuador y de Colombia los efectos de la guerra en la frontera común de 600 kilómetros.
Pedro, otro de los desplazados que levantó su casa de caña y madera del lado ecuatoriano, explicó que los combates son una parte de los problemas que afectan a los habitantes de la zona.
«Las fumigaciones a las plantaciones de coca en el lado colombiano, realizadas por avionetas dañan también los cultivos para la alimentación, los animales de cría y la salud de las personas», explicó a IPS.
Los distintos gobiernos de Ecuador a lo largo de los años se han negado sistemáticamente a involucrarse en la hoy ya guerra civil del vecino país del norte.
También «las Fuerzas Armadas tienen una política de no intervención en ese conflicto y eso se ha cumplido más allá de los gobiernos de turno. Resguardamos nuestro territorio, pero no seremos utilizados para regionalizar una guerra que corresponde solucionar a Colombia», dijo a IPS en la frontera común, un oficial del ejército ecuatoriano que prefirió mantener su anonimato.
Explicó, además, que no se ha dado ningún cambio en ese sentido entre el actual gobierno de Alfredo Palacio y el anterior, del derrocado en abril Lucio Gutiérrez, y que la diferencia «está en las declaraciones públicas de los portavoces de Quito que intentan mostrar mayor rechazo a involucrarse»..
«Lastimosamente ellos (los políticos) fueron los que cedieron la base de Manta a Estados Unidos, lo que comprometió nuestra soberanía y la no intervención en la guerra colombiana», añadió el oficial.
Washington y Quito mantienen un acuerdo de 10 años, firmado en 1999, para el acceso y uso por parte de militares estadounidenses de la base y puerto ecuatoriano de Manta, sobre el océano Pacífico y cercano a Colombia.
Ese tratado fue cuestionado por el movimiento indígena y agrupaciones sociales, debido a que se temía llevaba a Ecuador a participar en la guerra colombiana, además de que su firma no fue discutida por el pleno del parlamento de entonces, como lo obliga la Constitución.
El coronel retirado Jorge Brito, analista de cuestiones militares, ha denunciado desde el comienzo en 2000 del Plan Colombia, de lucha antidrogas y hoy también contrainsurgente, que existe apoyo de inteligencia satelital estadounidense desde la base de Manta para combatir a la guerrilla de ese país.
Días pasados volvió a repetir al canal de televisión, Ecuavisa, que los aviones de la base de Manta proporcionan información al ejército colombiano para combatir a las FARC, la mayor guerrilla de ese país.
Según Brito, esto se debe a la aprobación en el Congreso de Estados Unidos en 2003 de una orden por la cual los efectivos enviados en misión de detección de actividades de narcotráfico en Colombia, Ecuador y otros países cercanos, también sean destinados a «combatir el terrorismo».
«Estados Unidos ha reconocido públicamente que la base de Manta es uno de los puntos más estratégicos en la lucha que se sostiene el Plan Colombia», concluyó el coronel Brito.
Tras el ataque guerrillero al cuartel de Teteye, el presidente colombiano, el derechista Álvaro Uribe, afirmó que los autores habían salido de Ecuador y exigió al gobierno vecino un mayor control fronterizo e, incluso, propuso acciones conjuntas contrainsurgentes.
La fuente militar consultada por IPS indicó que esa «es una propuesta que han realizado insistentemente Colombia y Estados Unidos desde que se inició el Plan Colombia». «Aunque nosotros siempre nos negamos, ellos no pierden la oportunidad de seguir planteando la necesidad de regionalizar el conflicto», agregó.
Las autoridades de Ecuador informaron oficialmente que no había aceptado la iniciativa de Uribe, tras la reunión de los altos mandos militares de los dos países del jueves de la semana pasada en la ciudad fronteriza de Tulcán.
«Queda descartado totalmente lo que se ha venido comentando, en el sentido de que vayamos a conducir operaciones combinadas o cosas por el estilo», afirmó el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, vicealmirante Manuel Zapater.
Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Carlos Ospina, admitió que desde 2004 las autoridades de ambos países habían definido que cada cual es soberano en el control de la frontera.
«Nunca hemos planteado fuerzas conjuntas ni nada parecido. Cada país es soberano en su territorio. Naturalmente que debe haber una coordinación militar en todos los niveles para evitar problemas y malos entendidos», aclaró.
Analistas ecuatorianos consideran que Quito no debe ceder ante «la presión diplomática que ejerce Uribe, quien aspira a que Ecuador colabore en el combate a la guerrilla de su país».
El ex canciller Julio Prado Vallejo coincide con la postura actual de ese ministerio. «Frente a Colombia, tenemos que ser un país que no se inmiscuya directa ni indirectamente en su conflicto», indicó.
Precisó, además, que su país no ha recibido un trato justo en el caso de las fumigaciones aéreas en la línea de frontera. «Hemos pedido a Bogotá que suspenda las aspersiones cercanas a Ecuador, pero no lo ha hecho», recordó.
El actual canciller Antonio Parra comentó que, «al decir que no vamos a intervenir, es que somos neutrales, no somos parte y no tenemos por qué participar. Nosotros luchamos contra todos los delitos dentro de nuestra frontera».
Parra también señaló que a Ecuador sí le interesa discutir temas relacionados con la seguridad fronteriza, refugiados, inmigrantes, fumigaciones y extradición, cuestiones que estarán sobre la mesa en la reunión que mantendrá el 19 de este mes en Quito con su par colombiana, Carolina Barco.
Unos 8.000 militares ecuatorianos están desplegados en la franja limítrofe con Ecuador, según cifras oficiales.
El presidente del Congreso legislativo de Ecuador, Wilfrido Lucero, sostuvo que las autoridades colombianas han descuidado la frontera sur para que se produzca el desplazamiento de guerrilleros al país y así provocar la intervención de Ecuador en el conflicto.
Confirmó que el parlamento emitirá su posición al respecto, que será coherente con el discurso del gobierno de Palacio de no intervención.
«El país debe presentarse frente al conflicto con una sola voz, que sea coherente, fuerte y soberana. Ahora veo con claridad que se nos quiere empujar a que formemos parte del conflicto y no tenemos porqué involucrarnos en él», argumentó Lucero.
Mientras, Raúl Reyes, uno de los jefes de las FARC, negó que combatientes se refugien en Ecuador, porque «siempre se ha respetado su soberanía», y acusó a Uribe de urdir un plan para involucrar a este país y los demás de la región en el conflicto armado colombiano.
Reyes negó la versión de Bogotá sobre la procedencia de los atacantes de Teteye, tras añadir que en la acción murieron 50 militares y cinco guerrilleros, difiriendo con las cifras del ejercito.