A las puertas del proceso de consulta y aprobación de un nuevo Código de las Familias en Cuba, legislar acerca de la edad mínima para contraer matrimonio se ha convertido en eje de múltiples debates protagonizados por especialistas del Derecho, la Psicología y otras ciencias sociales.
Un criterio de consenso es que la nueva legislación debe eliminar la autorización excepcional a las niñas para casarse -con permiso parental-, a partir de los 14 años de edad y a los varones a partir de los 16.
Más allá de la naturalización de estereotipos machistas que implica que esa excepcionalidad sea menor en dos años para el caso de las muchachas, la dispensa también arrastra implicaciones para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
«La nueva legislación de familia debe eliminar esta excepcionalidad por completo o aprobar el matrimonio a los 16 años para ambos sexos, estableciendo como requerimiento una autorización judicial», explicó a SEMlac Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia.
El Código de Familia vigente en el país caribeño, aprobado en 1975 como Ley.1289, establece en su Artículo 3 que pueden «formalizar el matrimonio la hembra y el varón mayores de 18 años de edad».
Sin embargo, también dispone que ambos padres o tutores legales -o uno de ellos, en caso de fuerza mayor– tienen autoridad para «autorizar excepcionalmente y por causas muy justificadas» la formalización de la unión en menores de esa edad, «siempre que la hembra tenga por lo menos 14 años cumplidos y el varón 16 años, también cumplidos».
Tal facultad pueden ejercerla también abuelas o abuelos -maternos o paternos-, siempre otorgando preferencia a quienes convivan con la muchacha o muchacho.
De historias y cifras
Lisania Ruíz tiene 19 años y vive con su tía desde poco después de cumplir los 15, cuando salió embarazada y sus padres casi la obligan a casarse.
«Pasó cuando estaba terminando la secundaria; tenía un novio mayor que yo y salí embarazada. Cuando se lo dije, él estaba mudándose para empezar la universidad en otra provincia y no quiso saber nada más de mí. Mis padres se pusieron muy mal y decidieron casarme con un compadre de ellos que vivía en el campo», narró Ruíz a este servicio.
La muchacha, nacida en Sibanicú, un pueblo situado a medio camino entre las provincias de Camagüey y Las Tunas, a más de 550 kilómetros de la capital de la isla, pidió auxilio a una tía materna, quien desde hacía ya varios años se había mudado para La Habana.
«Mi tía me fue a buscar, discutió fuerte con mis padres y me trajo con ella. Pude hacerme el aborto casi por los pelos, porque ya tenía varias semanas de embarazo; terminé un técnico medio en informática y ahora voy a empezar Comunicación Social en el curso por encuentro. Con mi mamá hablo a veces, pero mi padre nunca más ha querido ni saber cómo estoy», detalló Ruíz.
Esta muchacha estuvo a punto de engrosar la cuenta de las cerca de 5.000 adolescentes menores de 18 años que se casaron entre 2014 y 2019, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).
Solo en ese último año se registraron 918 matrimonios de jóvenes entre 14 y 17 años, muchos de ellos con parejas bastante mayores. Por solo citar un ejemplo, en 11 de los casos los hombres tenían más de 50 años.
Especialistas advierten que las uniones tempranas esconden otras desigualdades vinculadas con los desequilibrios de poder al interior de la pareja, provocadas muchas veces por grandes diferencias de edad.
La última edición de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (Mics), realizada en 2019 por el Ministerio de Salud Pública con apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), arrojó que 6,2 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años se había casado o unido antes de los 15 años.
Mientras, otras investigaciones han constatado la persistencia también de uniones tempranas no legalizadas, muchas veces relacionadas con embarazos prematuros, según confirmó la psicóloga Matilde Molina Cintra, subdirectora del Centro de Estudios Demográficos (Cedem), de la Universidad de La Habana.
En opinión de Pérez Gallardo, «las uniones consensuadas en estas edades suponen un desafío extra» para la nueva legislación de familia. Se trata de uniones no registradas y fuera del alcance de la ley.
Entre las propuestas que debe incorporar el nuevo Código se incluye el reconocimiento legal de la unión de hecho. A juicio del experto, aunque los menores de edad tampoco podrán legalizar uniones de hecho con valor jurídico como alternativa al matrimonio, porque para cumplir el requisito deben demostrar dos años de convivencia luego de los 18, urge seguir trabajando en disminuir las uniones informales en esa población.
Que el ciclo no se repita
Para Molina Cintra, detrás de muchas uniones tempranas existe una clara influencia de las dinámicas que ocurren en muchos de los hogares.
«Las muchachas suelen repetir patrones aprendidos de formación temprana de las familias, a partir de uniones formalizadas o no, con embarazos prematuros asociados», explicó a SEMlac.
La jurista Yamila González Ferrer considera que subsisten prejuicios en algunos padres, madres y familiares, que compulsan a sus hijas a contraer matrimonio cuando tienen sus primeras relaciones sexuales o cuando salen embarazadas, reconoció durante los debates en torno a la presentación en Cuba del lnforme Estado de la Población Mundial 2021, del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), centrado en la autonomía corporal.
Tanto las uniones como el matrimonio o el embarazo temprano influyen en el desarrollo psicosocial de las adolescentes, alertó Molina. Las muchachas, sobre todo, suelen interrumpir sus estudios y, como consecuencia, pierden autonomía física, política, económica o en la toma de decisiones, mucho más ante un embarazo o parto.
Estas muchachas y muchachos «no están aptos aún para formar una familia, pues están concluyendo su etapa de formación, no han alcanzado la suficiente madurez y responsabilidad para ocuparse de los asuntos propios y mucho menos para hacerse cargo del mantenimiento de una familia y un hogar, toda vez que ni siquiera cuentan con edad laboral para tener una independencia económica», explicó González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
Desde el punto de vista jurídico, además, al tener el matrimonio el efecto de emancipar a las personas menores de edad, estas ya no quedan protegidas legalmente por sus progenitores, aunque posteriormente se divorcien, lo que en edades tan tempranas y vulnerables tiene muchos riesgos.
Para Pérez Gallardo, de no eliminar definitivamente la excepcionalidad, una alternativa sería depositar la responsabilidad en la autoridad judicial, pues puede atenuar el impacto de las uniones tempranas.
«Dicha autorización exige un proceso, pasar por un fiscal. No todo el mundo está dispuesto a promover un proceso ante los tribunales y, además, tendrán que demostrar una causa justificada para oficializar el matrimonio», detalló el jurista.