En los últimos tiempos estamos asistiendo, con cierta perplejidad, a la campaña que desde los miles de púlpitos de la Iglesia Católica se está lanzando en contra de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, demonizándola, atribuyéndole la perversión de nuestros jóvenes a través del sistema educativo, y, en definitiva, animando a que los padres […]
En los últimos tiempos estamos asistiendo, con cierta perplejidad, a la campaña que desde los miles de púlpitos de la Iglesia Católica se está lanzando en contra de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, demonizándola, atribuyéndole la perversión de nuestros jóvenes a través del sistema educativo, y, en definitiva, animando a que los padres y madres planteen objeción de conciencia contra la implantación de dichas enseñanzas. Forma parte de una ceremonia de la confusión que comenzó con las manifestaciones de curas y monjas junto con miembros del PP y llega hasta el momento con esta medida de «resistencia».
¿Quiénes promueven esta campaña? los sectores más conservadores del nacionalcatolicismo español (una parte del episcopado, la CONCAPA y el Foro de la Familia). Curiosamente, no argumentan, porque no pueden hacerlo, sólo se limitan a descalificar y a lanzar infundios. En definitiva, a mentir, a utilizar la demagogia. No obstante, algún sector, como la FERE (religiosos de la enseñanza), sí considera que esta asignatura tiene cabida en su ideario educativo.
Hasta el momento, cada vez que la sociedad tiene un problema (salud, drogas, educación vial, sexualidad, violencia, racismo… ) mira hacia la escuela como parte de la solución. Se piensa en la escuela como el marco necesario -que no suficiente- para darle continuidad a la formación, que debiera comenzar en el seno de las familias, en aspectos tales como la educación en valores éticos, en valores cívicos, en normas de convivencia, en definitiva, en derechos humanos, y ¿por qué no? en conocimientos, procedimientos y actitudes sobre derechos y deberes ciudadanos. Pues bien, a algunos de estos asuntos plantea dar respuestas la nueva asignatura. Bienvenida sea.
Los obispos, por el contrario, se reclaman como los únicos valedores de una ética universal desde la posición de su particular moral católica. Siempre han querido apropiarse de la transmisión de los valores éticos y cívicos, imponiendo su exclusivista visión y negándose a admitir que la enseñanza en valores, que la formación de ciudadanos decentes, justos, honrados, conocedores y cumplidores de sus derechos y sus deberes cívicos, pudiera ser planteada por alguien que no esté sujeto a su control ideológico, y que pueda hacerse incluso desde una perspectiva laica.
La educación en valores no es exclusiva de la moral católica, sino aporta el carácter universal de la ética, de la defensa de los derechos humanos, que corresponde a todas las personas, independientemente de las normas morales que practiquen.
Una vez más entran en colisión los intereses generales, propiciados en este caso por un gobierno elegido democráticamente, con los particulares intereses de la Iglesia Católica que ha mantenido una consideración de usufructo de lo público, al menos en materia de enseñanza, debido a las múltiples prebendas que echaron raíces en el franquismo y se consolidaron con el Concordato del 78 entre el Estado Español y el del Vaticano, siguiendo vigentes hasta la actualidad. ¿Para cuándo la revisión de ese Acuerdo, que supedita una parte de la soberanía del Estado Español a las decisiones de otro Estado, el Vaticano?
Da la sensación de que los obispos aún no acaban de admitir que ya llevamos treinta años en que, a trancas y barrancas, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial -al menos en teoría- son independientes; frente al régimen anterior en que sólo imperaban los poderes fácticos: los militares, la iglesia y los banqueros, y las autoridades que habían tomado el poder por la fuerza se paseaban bajo palio en las procesiones religiosas.
Me gustaría conocer algún argumento razonable para plantear esta objeción. Porque, de lo contrario, tendría que pensar que ya este asunto se considera dogma de fe, y por tanto, ha alcanzado la categoría de indiscutible y de obligado acatamiento, no sólo para los creyentes sino, incluso, para la totalidad de la ciudadanía de este país.
Habrá, pues, que actuar y, tal vez, tengamos que contraponer mayores resistencias y hacer públicas las razones de los que defendemos una enseñanza crítica, laica, científica, no segregadora y que prepare para la vida.
* Manuel Marrero Morales. Profesor de Secundaria y miembro del STEC-IC