Luchan por dejar de ser invisibles. Educadoras de educación especial de colegios e institutos del País Valenciano se concentraron ayer en las tres capitales de provincia para denunciar la situación de olvido, maltrato y precariedad. Dependientes de las consellerias de Educació y Administració Pública, Integran el colectivo cerca de 900 funcionarios que trabajan en centros […]
Luchan por dejar de ser invisibles. Educadoras de educación especial de colegios e institutos del País Valenciano se concentraron ayer en las tres capitales de provincia para denunciar la situación de olvido, maltrato y precariedad. Dependientes de las consellerias de Educació y Administració Pública, Integran el colectivo cerca de 900 funcionarios que trabajan en centros públicos de infantil, primaria, secundaria y específicos de educación especial. Piden que se valore la tarea educativa que realizan, y para ello se han constituido dos plataformas reivindicativas en Valencia y Alicante. En jornadas laborales continuas de ocho horas de atención directa a los alumnos -entre las 9:00 y las 17:00-, con pausas establecidas en la normativa que en muchos casos se incumplen, los educadores se hacen cargo de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, que pueden incluir la parálisis cerebral, el Síndrome de Down, el autismo u otras menos frecuentes. Protestan por verse excluidos de los claustros o sin el tiempo necesario para la coordinación pedagógica con el resto de profesionales, la preparación de actividades o las reuniones con los padres. Y porque no se les respetan las mismas condiciones que a los docentes con los que comparten centro educativo.
A pesar de la invisibilización, sin el educador de educación especial resulta imposible una escuela «integradora» e «inclusiva», mantiene Víctor Tormo, delegado de CGT en la Generalitat en la provincia de Castellón. La relevancia de estos profesionales puede apreciarse por ejemplo en las aulas de comunicación y lenguaje para niños con trastorno de espectro autista de los colegios públicos, donde el educador presta apoyo a los maestros de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, además de acompañar al alumno cuando pasa al aula ordinaria en la que se imparte el currículo convencional. La labor de estos profesionales consiste en fomentar la autonomía personal y el desarrollo de las habilidades cognitivas, relacionales y motrices de los menores, que es «tan importante como los conocimientos académicos», defiende M.J.P., educadora de educación especial desde hace 23 años en centros públicos y miembro de la Plataforma d’Especialistes d’Educació Especial i d’Educació Infantil de Valencia.
Un informe de la Conselleria d’Educació, dirigida por Compromís y a la que apuntan las exigencias del colectivo, determina mediante un informe individualizado las necesidades y recursos recursos que requiere cada alumno. «Pero resulta muy difícil cumplir con las ratios», critica Víctor Tormo, quien denuncia la sobrecarga de trabajo, la generalización de las horas extraordinarias y el trabajo a tiempo parcial. Señala además que el porcentaje de interinos y trabajadores en precario supera el 50% de la plantilla, pero el Gobierno Valenciano «incomprensiblemente» no ha convocado plazas para educadores de educación especial en la oferta pública de empleo de 2016 ni tampoco en los años anteriores. En este colectivo profesional integrado mayoritariamente por mujeres, agrega el sindicalista, «se incumple reiteradamente la ley de prevención de riesgos laborales». «Muchas compañeras no se encuentran bien de salud», resalta M.J.P., quien apunta sobre todo problemas de estrés, ansiedad y musculares al forzar la posición del cuerpo. «La Administración no está haciendo nada», critica Víctor Tormo. A pesar de la vinculación a dos consellerias, apunta la responsabilidad directa del conseller d’Educació, Vicent Marzà: «De momento están actuando respecto a los educadores igual que los gobiernos del PP».
En el listado de críticas figuran la falta de formación específica para trabajadores que laboran con discapacitados y las muy escasas posibilidades de promoción interna; según M.J.P., «después de superar una oposición muy exigente, en la que han de probarse conocimientos sobre múltiples tipos de discapacidad; sin esto, una no es educadora». Cuando protestan por la invisibilización de los 458 educadores de centros públicos en la provincia de Valencia, 294 en Alicante y 130 en Castellón, se refieren a su empleador -la administración autonómica- pero también a la sociedad en su conjunto. Lamentan que cuando se hable del inicio del curso, la jornada continua en los colegios o las reivindicaciones de los docentes, se olvide a los educadores de educación especial, quienes además, «en los centros privados y concertados se encuentran en mejores condiciones que nosotros», destaca M.J.P. Las plataformas concretan este reconocimiento insuficiente en que los educadores figuren en el grupo C1 de la administración valenciana. Aunque el salario no figure en el centro de las reivindicaciones, esta categoría puede implicar nóminas de 1.100 euros y en los casos de empleo a media jornada, cerca de 600 euros con los que el trabajador se ha de pagar además los desplazamientos.
Salva Sanmartín, de Intersindical Valenciana, recuerda que ya en 2013 los educadores de educación especial pedían mantener la misma distribución de la jornada laboral que sus compañeros docentes en cada centro. Como pauta orientativa, se establecían 25 horas semanales de atención directa a los alumnos; cinco horas para actividades de coordinación, formativas y atención a las familias y 6,15 horas (que no implican la permanencia en el centro escolar) para tareas de preparación y evaluación. En ocasiones los alumnos con necesidades especiales requieren una atención «itinerante», que debería reflejarse en el cómputo de la jornada laboral; e incluirse una compensación económica por el desplazamiento del educador y un seguro al efecto, sostiene Intersindical Valenciana. El sindicato se muestra partidario de que se supriman las referencias al «cuidado» y «vigilancia» de los alumnos en el perfil profesional de los educadores, ya que esta obligación corresponde a todo el personal de los centros. También denuncia que en muchos casos, por la situación de precariedad laboral, las trabajadoras se vean obligadas a cuidar de los menores en el horario de comedor, cuando tendrían que afrontar esta responsabilidad las empresas privadas con las que la conselleria concierta el servicio.
En la concentración frente a la sede de la Conselleria d’Administració Pública, una trabajadora que prefiere el anonimato y ha pedido la baja por ansiedad en 2016 denuncia los abusos de poder por parte de la directora del centro: «contra las educadoras como colectivo». «No deja que nos relacionemos entre nosotras», critica, y señala que se trata de medidas «premeditadas» por parte de la dirección. Desde las imposiciones en los horarios y la obligación de realizar el turno de comedor, hasta el hecho de alinear a los maestros contra las educadoras de educación especial. B. A. se separa unos metros de la concentración para explicar que trabaja en dos institutos públicos de la provincia de Valencia con niños que padecen discapacidad física y movilidad muy reducida; discapacidad psíquica y trastornos en el lenguaje, y discapacidad físico-psíquica. Lamenta la descoordinación en el día a día de los centros educativos. «Cuando entras en el aula ordinaria tienes que sacar tú al crío adelante, te lo adudican y en algunos casos, a la larga, te tienes que encargar de todo, también de estar con el crío en el comedor». Denuncia las situaciones de ansiedad y estrés, «todo ello con una categoria C1 en de la administración, cuando el 90% tenemos estudios superiores en psicología, pedagogía o el grado de integradores sociales». Tiene claro, además, la importancia de la especialización y sobre todo que lo fundamental son los alumnos.
Asimismo mantiene el anonimato otra trabajadora de un centro específico de educación especial. Pide a la Administración autonómica que reconozca la «peligrosidad» y la «penosidad» de la profesión: por la presión que implica atender a los niños cada uno con su problemática; estar pendiente de lo que el profesor requiera en cada momento para los alumnos con necesidades especiales; los traslados del menor, darles de comer… La casuística es múltiple y cambia según el colegio o instituto. Otra educadora informa de su circunstancia particular. Afirma ser víctima de la falta de profesionalidad del maestro del aula ordinaria, quien ha decidido que no son necesarios más medios para atender a los alumnos con discapacidad; de esa manera, «se pierde todo lo que he trabajado durante ocho años con un niño que padece trastorno de espectro autista». Tiene que ir todos los días medicada a trabajar, el facultativo de cabecera le ha diagnosticado problemas de ansiedad, insomnio y colon irritable, entre otros. La directora del centro, relata la trabajadora, le ha dicho que no airee la situación para no manchar la reputación del centro educativo, y que ella misma es quien ha de encontrar una solución. Casi al finalizar la concentración, otra educadora explica que ha pasado dos años sin comer con un mínimo de calma y en condiciones, al tener que trabajar sin descanso entre las 9:00 y las 15:00, y desplazarse después entre dos centros ubicados en los extremos de un municipio. A las 15:30 horas entraba a laborar en un tercer centro. «Como no estás y no vas a las reuniones, nadie te informa de nada». Padecía problemas de taquicardia, ansiedad y en el estómago…
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