Traducido para Rebelión por Santiago Alba
Desde que proclamó su derecho a los «ataques preventivos» contra quien considere que atenta contra sus intereses y lo puso en práctica con la invasión de Iraq sin aprobación de la ONU, el gobierno norte-americano se puso al margen de toda legalidad internacional. Las amenazas que sigue vertiendo contra Irán, Corea del Norte, Cuba, más allá de la ocupación de Iraq, confirma que el gobierno de Bush desea sustituir la legalidad internacional por sus intereses valiéndose a ese propósito de la fuerza.
Cualquier iniciativa de ese gobierno en el plano internacional está inevitablemente contaminada, por tanto, por su doctrina belicista. Todo se hace con el objetivo de imponer y consolidar los intrereses imperiales en las cuatro esquinas del mundo.
De esa guerra contra la paz, contra la resolución pacífica y justa de los conflictos y la soberanía de los pueblos forma parte la iniciativa anual del gobierno norteamericano de intentar hacer aprobar una resolución de condena de Cuba por supuesta violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Es sin duda una paradoja que el gobierno que más vulnera los derechos humanos en el mundo -comenzando por el propio territorio cubano, ocupado ilegalmente hace más de un siglo, en la base naval de Guantánamo- se atreva a patrocinar la condena del gobierno cubano.
Todos sabemos que no se trata de una discusión sobre los derechos humanos, pues de otro modo países como Iraq, Afganistán, los territorios palestinos ocupados por Israel, la propia base naval de Guantánamo, serían centro de la preocupación de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Se trata simplemente de una resolución política mediante la cual el gobierno de los EEUU trata de apoyar la lucha de las fuerzas terroristas del exilio cubano, con sede en la Florida, contra el gobierno de Cuba. Nadie que se precie puede creer que se trate de un debate sobre derechos humanos, sazbiendo que se trata de una iniciativa política en el marco de la «guerra infinita» del gobierno de Bush.
El año pasado y después de muchas dificultades -incluida la renuncia del gobierno peruano como agente de Washington para presentar la propuesta tras que el parlamento de ese país impidiese al gobierno de Alejandro Toledo prestarse a ese papel- fue el difunto gobierno de Jorge Battle, de Uruguay, quien se rebajó a ese triste papel. A pesar de todas las presiones del gobierno de los EEUU, la moción sólo fue aprobada por un voto. El gobierno «socialista» de Ricaro Lagos, desobedeciendo una resolución de su partido, votó al lado del gobierno Bush -con el que acababa de firmar un vergonzoso acuerdo bilateral-, dando el voto decisivo.
Brasil y Argentina se abstuvieron de votar. Con esa actitud, terminaron por colaborar a que la operación del gobierno Bush triunfase. El próximo 14 de abril se vuelve a discutir una nueva iniciativa del gobierno de los EEUU -que sigue buscando alguien dispuesto a presentar su propuesta- en Ginebra.
En esta ocasión Brasil no puede mantener la misma posición, aunque sólo sea porque porque nuestro país votó contra una resolución similar de condena de China. El mismo argumento debe valer para esta resolución -la de que se trata de una operación política del gobierno Bush contra Cuba que nada tiene que ver con los derechos humanos sino con el bloqueo económico, con las agresiones terroristas que parten de territorio norte-americano contra Cuba y con todos los tipos de agresión que ese gobierno perpetra sistemáticamente contra el régimen cubano.
La decisión brasileña, al igual que la argentina, debe pesar decisivamente en el destino de esta otra grosera iniciativa del gobierno de Bush. Los que luchan por la resolución pacífica de los conflictos mundiales, por el restablecimiento de las normas del derecho internacional en la relación entre los Estados del mundo y la solidaridad como principio básico entre los pueblos y los gobiernos, no pueden mantenerse ajenos y aún menos colaborar para que esa demostración de prepotencia estadounidense se imponga.