Los denominados «papeles de Wikileaks», la publicación de cientos de miles de telegramas remitidos por distintas embajadas de los EEUU al Departamento de Estado en Washington, han puesto de manifiesto no solamente la unilateralidad de la actuación de la diplomacia de los EEUU, que trabaja con absoluto desprecio no sólo a la comunidad internacional en […]
Los denominados «papeles de Wikileaks», la publicación de cientos de miles de telegramas remitidos por distintas embajadas de los EEUU al Departamento de Estado en Washington, han puesto de manifiesto no solamente la unilateralidad de la actuación de la diplomacia de los EEUU, que trabaja con absoluto desprecio no sólo a la comunidad internacional en general, sino también con respecto a los países que considera sus aliados, también las tareas de espionaje que este país ha realizado sobre sus enemigos, sus aliados e incluso organismos internacionales como las Naciones Unidas.
Los «cables» han puesto de manifiesto aspectos que ya intuíamos: que la ocupación de Irak ha sido sangrienta y ha provocado cientos de miles de victimas entre la población civil; que los EEUU han venido priorizando sus intereses económicos en detrimento de los de sus aliados, incluso cuando se ha tratado de alcanzar acuerdos comerciales con países considerados integrantes del «eje del mal» teorizado por las administraciones estadounidenses; y que los EEUU han venido manteniendo, estimulando y apoyando a numerosos regimenes criminales que han actuado en defensa de los intereses de la gran potencia.
Los cables relatan, por ejemplo, que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez -paladín del neoliberalismo en nuestro país-, entregaba información a la Embajada de EEUU en Madrid sobre las empresas españolas que invertían en Irán, información que los EEUU han utilizado para presionar a estas empresas, obligándolas a renunciar a esas inversiones, no tanto para provocar un boicot económico sobre ese país como para posibilitar que dichas inversiones fueran realizadas por empresas estadounidenses. Según los papeles de Wikileaks, el «patriotismo liberal» y servilismo del gobernador MAFO y su equipo les ha llevado hasta extremos tales como bordear el delito de traición previsto en el articulo 584 de nuestro Código Penal.
Sin duda alguna, los cables más bochornosos para el gobierno español han sido los relacionados con las tres causas judiciales que se instruyen en la Audiencia Nacional relacionadas, más directa que indirectamente, con la denominada «guerra contra el terrorismo» que puso en marcha la administración Bush tras el 11-S con el fin de acabar con el Derecho Internacional y la capacidad de regulación e intervención en los conflictos mundiales de las Naciones Unidas. España aparece así como cómplice sumisa en la ejecución de esa difusa guerra «contraterrorista» en cuyo nombre se ha asesinado a cientos de miles de personas, se han ocupado países y usurpado recursos naturales, y se ha privado de derechos fundamentales a miles de personas a lo largo de todo el planeta, generalizando practicas criminales como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura o la desaparición forzosa. Una clara manifestación del «talante» de nuestro Gobierno.
Los casos denominados «vuelos de la CIA» -secuestro y traslado ilegal de personas desaparecidas a Guantánamo u otras prisiones ilegales con el fin de ser torturadas-, «Guantánamo» -causa seguida contra el presidente Bush y sus colaboradores por la aprobación de normas pseudolegales que pretendían legitimar el incumplimiento sistemático del derecho internacional y la vulneración generalizada de los derechos fundamentales de las personas- y el «caso Couso» -crimen de guerra cometido contra los periodistas «no-empotrados» en el ejército de los EEUU que cubrían la invasión de un Irak donde nunca aparecieron las armas de destrucción masiva- fueron seguidos de cerca e intervenidos por la Embajada de los EEUU, presuntamente contando para ello con la connivencia, si no la colaboración, de gobernantes, cargos públicos y funcionarios de la Fiscalía española.
La torpeza cometida por Wikileaks al poner esa información únicamente a disposición de cinco grandes medios de comunicación escritos del mundo, que responden más a sus propios intereses empresariales que a la obligación ético-periodística de respeto a la imparcialidad informativa y la difusión de información veraz a los ciudadanos, ha provocado que no conozcamos a fecha de hoy ni un 10% del contenido de esos cables, y que la información que conozcamos sea previsiblemente la menos comprometida para gobernantes y «mercados». De hecho, llama la atención la escasa información publicada sobre la intervención de los Estados Unidos y de sus multinacionales en la crisis mundial desatada por la especulación sin límites cuyo epicentro se situó en las hipotecas-basura esadounidense que desde hace una década vienen contaminando impunemente la economía de todo el mundo. La información sobre la «guerra económica» desatada por los Estados Unidos contra la comunidad internacional, a la par que su más conocida «guerra contra el terrorismo», parece no tener suficiente interés informativo a la vista de las clamorosas omisiones de publicación cometidas por los cinco grandes medios impresos depositarios de la información obtenida por Wikileaks
A fecha de hoy, ni el Departamento de Estado de los Estados Unidos ni los funcionarios o altos cargos gubernamentales españoles mencionados en las comunicaciones difundidas por Wikileaks han negado la veracidad de los hechos, habiéndose limitado a «matizar» lo publicado, negar la existencia de responsabilidades penales derivadas de sus actuaciones y restar importancia a dichas informaciones.
De hecho, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, lejos de negar el contenido de dichos telegramas o comunicaciones, ha afirmado cínicamente que la publicación de los mismos constituye un «grave daño para la comunidad internacional» -cuando lo que realmente constituyen un grave daño a la comunidad internacional son las actuaciones criminales y conspirativas de las distintas administraciones de EEUU, según se desprende de los cables-, de donde se podría deducir que el Departamento de Estado de los EEUU otorga absoluta veracidad a lo publicado. Las manifestaciones posteriores del ex embajador de EEUU en España, sr. Aguirre, también confirman contundentemente el contenido conocido de los cables emitidos desde la Embajada en Madrid.
Sin duda alguna, la causa judicial donde más ha quedado en evidencia la sumisión de nuestros poderes públicos a los intereses de los EEUU ha sido el denominado «Caso Couso». Que valore el lector por sí mismo, a la vista de la cronología de los cables, el patriotismo de nuestros gobernantes y su defensa de la soberanía nacional frente a la injerencia en nuestro asuntos de la potencia mundial hegemónica:
– El encargado de negocios de la embajada de EEUU en España, Robert Manzanares, habló con el secretario de estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Bernardino León, el 22 de julio de 2004, para entregarle una carta del entonces Secretario de Estado de EEUU, Collin Powell, al ministro de Asuntos Exteriores español, Moratinos, sobre el «caso Couso«, todo ello en respuesta a una carta previa del ministro Moratinos. Manzanares pidió a Bernardino León que se evitará cualquier acusación a tres militares de EEUU a consecuencia del asesinato del cámara español y esperaban -los EEUU- que, en caso de que el juez acusara formalmente a los militares de EEUU por dicho asesinato, el Ministerio de Asuntos Exteriores español se dirigiera a la Audiencia Nacional expresando su oposición (telegrama nº 19029).
– 21 de octubre de 2005. El embajador de los EEUU en España, Eduardo Aguirre, afirma: «Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención internacional». Dicha afirmación la realiza el embajador tras haber hablado con la entonces vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, con el entonces ministro de Justicia, Juan F. López Aguilar, y con el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos (Telegrama nº 43323)
– El 19 de octubre de 2005 el juez instructor del Juzgado Central de Instrucción. nº 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordena la detención internacional con fines de extradición de los tres militares de EEUU que intervinieron en la muerte del cámara José Couso. El mismo día 19 de octubre el ministro español de Justicia, Juan Fernando López de Aguilar, llama por teléfono al embajador Aguirre y le indica que «el Ejecutivo pondría todo su empeño en cuestionar la decisión del juez basándose en argumentos técnicos» (telegrama nº 43323).
– El mismo día 19 de octubre de 2005 se produce una llamada del ministro Moratinos al embajador de EEUU, Aguirre. Según afirma este último en relación con dicha llamada: «María Teresa Fernández de la Vega está implicada en el tema y, si el magistrado arreglaba las cuestiones técnicas, el Ejecutivo pasaría a apelar la resolución» (telegrama nº 43323).
El anterior telegrama indica: «en público ambos ministros mostrarán respeto por la decisión de los jueces», de donde parece deducirse que ambos ministros le habían indicado al embajador que «en privado» actuarían de distinta forma.
– Telegrama remitido por el embajador Aguirre al Departamento de Estado de los EEUU el 22 marzo de 2006, después de que el 10 marzo de 2006 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivara por primera vez el «caso Couso«. Previamente, el embajador Aguirre se reúne con la vicepresidenta del Gobierno español, Sra. Fernández de la Vega, el 21 de marzo de 2006, y tras esa reunión envía el citado telegrama, en el que se afirma: «María Teresa Fernández de la Vega dice a Aguirre que Conde Pumpido le ha informado de la excelente cooperación de la que había disfrutado por parte de la embajada y autoridades españolas para ayudar a concluir el caso (Couso)» Telegrama nº 57678.
– Telegrama nº 92692: Se indica en el mismo que, tras la primera resolución del Tribunal Supremo español de 14 diciembre 2006 ordenando reabrir el «caso Couso«, la embajada de EE.UU. «intensifica sus contactos con políticos y fiscales españoles para desactivar el proceso».
– Telegrama de la Embajada de EEUU de 18 enero de 2007, numero 93036. Se indica lo siguiente: diplomáticos de la sección política y consular de la Embajada de EEUU se reunieron con el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, el día 18 enero 2007 «para sensibilizarlo de la preocupación de EEUU sobre este proceso«. Se indica en el telegrama que «Zaragoza explica que es consciente del interés y compromiso de Cándido Conde Pumpido en el asunto«, añadiendo el telegrama «que Zaragoza entiende claramente las implicaciones políticas y el caso y que anticipa que procederá con el cuidado que ha dicho que tendría». Y sigue el telegrama: «Conde Pumpido recomendó al embajador Aguirre que contestara las peticiones del juez Pedraz, aunque fuera de forma superficial, para minar los argumentos de Pedraz de que EEUU no estaba colaborando». Continúa el telegrama: «Conde Pumpìdo expresó su convencimiento de que España no teniía jurisdicción sobre el caso y anticipó que éste no iba a llegar a ninguna parte«. En las fechas en que se producen la reunión indicada y el envío del telegrama citado, hacía un mes que el Tribunal Supremo español se había pronunciado favorablemente sobre la existencia de competencia por parte de los tribunales españoles para investigar el caso Couso y había ordenado la reapertura de la querella acordada por la Audiencia Nacional, reponiendo así el procesamiento y las órdenes de busca y captura dictadas contra los tres militares de EEUU. Aguirre indica en el telegrama que el Gobierno español «buscaría una vía para acabar con el caso de forma silenciosa apelando a argumentos técnicos mientras confiaban en evitar cualquier enfrentamiento directo con la familia Couso»
– 25 enero de 2007: El Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, se reúne con el embajador Aguirre. El 26 de enero Aguirre envía un nuevo telegrama al Departamento de Estado de EEUU indicando: «Conde Pumpido aseguró a Aguirre que «aunque no hay nada que el gobierno español pueda hacer para controlar las acciones de los jueces, los fiscales de la Audiencia Nacional continuarán oponiéndose a las ordenes de detención de los tres militares de EEUU, así como a los intentos de embargar bienes estadounidenses conectados con el proceso».
Antes de esto, el 11 de diciembre de 2006 el Tribunal Supremo español ordenó por primera vez reabrir la causa y rechazó los argumentos de archivo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
– Telegrama de 8 de febrero de 2007, numero 95857: Aguirre indica: «Como en anteriores comunicaciones con el Gobierno español sobre este tema, nos comprometeríamos de manera informal con ellos para evitar cualquier percepción pública de que estamos ejerciendo presión sobre el Gobierno de Zapatero en este tema o de que los animamos a que interfieran en el proceso judicial».
– 27 abril de 2007: el juez Santiago Pedraz acuerda nuevamente el procesamiento de los tres militares de EEUU implicados en el asesinato de José Couso. Ese día la directora general de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia, Cristina Latorre, llama al embajador Aguirre, indicándole, tal y como Aguirre escribe en un nuevo telegrama dirigido al Departamento de Estado de EEUU, que «en el Ministerio habían trabajado con los fiscales en 2006 para lograr el archivo del caso» (telegrama nº 106159).
En ese telegrama el Embajador Aguirre añade: «Continuaremos con nuestros contactos de alto nivel con representantes del Gobierno español para presionar con el fin de lograr la retirada de los cargos contra los funcionarios de EEUU».
10 de mayo de 2007: Se produce una reunión de Hugo Lloréns -segundo de la embajada de EEUU en España y embajador de ese país en Honduras en junio de 2009 cuando se perpetró el golpe de Estado contra el presidente Zelaya- con Julio Pérez Hernández, entonces secretario de estado de Justicia. Según el telegrama de la Embajada de EEUU nº 107903 de fecha 11 de mayo, Lloréns afirma que Pérez Hernández le aseguro que «el Gobierno de España trabajaría con el de EEUU para asistirle en el proceso». «Dijo que el Ejecutivo compartía la preocupación de Hugo Lloréns, que él (Pérez Hernández) seguiría cada paso que se diera en el procedimiento y que estaría en contacto con la embajada.»
– El día 11 de mayo de 2007 la Fiscalía de la Audiencia Nacional interpone recurso contra el nuevo auto de procesamiento de los tres militares de EEUU dictado por el juez Santiago Pedraz. El día 14 de mayo el Fiscal Javier Zaragoza llama a la embajada de EEUU para informarles del recurso, según se indica en el telegrama de la Embajada de EEUU de 14 mayo de 2007, nº 108128. Indica también ese telegrama : «El adjunto al director general de Política de Defensa comunicó la semana anterior a la Embajada que su Ministerio apoya totalmente la posición oficial estadounidense» en el «caso Couso».
En el Informe no clasificado de la Embajada de EEUU en España al Departamento de Estadio de EEUU de fecha 11 de mayo 2007, se afirma: «De la Vega señala a Aguirre que una de las opciones que se estaban sopesando era la de presentar un recurso».
– Informe confidencial de 14 de mayo de 2007 de la Embajada de EEUU en España remitido al Departamento de Estado de EEUU: «El 30 de abril Aguirre se vio con la vicepresidenta Fernández de la Vega, quien le aseguró que ella estaba muy implicada en el seguimiento del caso, al que prestaban atención los más altos cargos del gobierno español».
– Informe confidencial de 25 de mayo 2007 de la embajada de EEUU en España a Condolezza Rice, secretaria de Estado de EEUU: «Queremos una continua vigilancia y cooperación por parte del Gobierno español hasta que el caso sea archivado».
– Telegrama del embajador Aguirre a la entonces Secretaria de Estado de EEUU, Condoleza Rice, de fecha 1 de junio de 2007 (telegrama nº 109781 de la Embajada de EE.UU.). Se afirma en dicho telegrama: «El Gobierno de España había ayudado entre bastidores a que la fiscalía apelara las decisiones del juez«.
– El 18 de julio de 2007 se produce un almuerzo del Fiscal General del Estado Conde Pumpido con el embajador Aguirre. En el Cable de la Embajada de EEUU en España de fecha de 19 de julio de 2007, nº 115995, se afirma: «Conde Pumpido ha dicho que continuaba haciendo lo que podía para que el caso fuera archivado, a pesar de la presión de la familia, de los grupos de izquierda y de la prensa».
Además de causar bochorno y vergüenza ajena la lectura de los anteriores telegramas, los hechos y conversaciones en ellos relatados de ser ciertos, aunque fuera parcialmente, podrían tener relevancia penal con respecto a los funcionarios y altos cargos públicos a los que se les atribuyen las actuaciones en ellos relatadas. Nuestro ordenamiento criminal persigue a quienes ayudaran a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, lo cual sería aún más grave si estos presuntos responsables de un delito lo fueran por haber cometido un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado u homicidio, como es el caso Couso.
Éste es el deleznable panorama que nos han mostrado los cables de Wikileaks. Nada que no intuyéramos a la vista de las actuaciones cotidianas de nuestros gobiernos, más preocupados por cumplir los dictados de los mercados que por defender los intereses de sus ciudadanos, pero que ponen de manifiesto quiénes y desde dónde se dictan las actuaciones que posterior y sumisamente realizan gobiernos supuestamente depositarios del mandato soberano otorgado por el pueblo.
Enrique Santiago Romero. Secretario de Derechos Humanos del PCE.
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