«Una parte sustancial de ese desbalance tiene su origen en la decisión judicial». Aun tentándose la ropa, el administrador judicial de «Egin» reconoció ayer que cuando Baltasar Garzón ordenó el cierre el periódico estaba en condiciones de seguir con su actividad normalmente y que fue esa orden la que llevó a aquel proyecto a la […]
«Una parte sustancial de ese desbalance tiene su origen en la decisión judicial». Aun tentándose la ropa, el administrador judicial de «Egin» reconoció ayer que cuando Baltasar Garzón ordenó el cierre el periódico estaba en condiciones de seguir con su actividad normalmente y que fue esa orden la que llevó a aquel proyecto a la quiebra.
En 1998, las empresas encargadas de que «Egin» llegara todos los días a sus lectores presentaban unos estados económico-financieros que acreditaban su solvencia. Sin embargo, en julio de ese año el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó el cierre de esas empresas, provocando su quiebra, e impidió, con las medidas cautelares expresamente impuestas, que este periódico volviera a ver la luz.
Así quedó acreditado ayer, a lo largo del interrogatorio realizado por la defensa al administrador judicial del diario, Antonio López Iranzo, que esta vez declaró en calidad de perito.
Fue el letrado José María Elosua quien solicitó que le fuera presentado un informe en el que constan los estados financieros y el balance de situación de Orain a 31 de diciembre de 1998, estados elaborados por el propio administrador judicial.
Indicativo de la solvencia
En aquella fecha, el balance de la empresa editora de «Egin» reflejaba unos fondos propios (Capital y Reservas) de 97,5 millones de pesetas 585.000 euros. A preguntas del abogado de la defensa, López Iranzo admitió que éste es un indicativo de la solvencia de una empresa.
A este respecto, el administrador judicial de «Egin» quiso matizar que no podía asegurarlo porque cuando asumió la gestión de la empresa se encontró con algunas «irregularidades» contables, aunque, como señaló Elosua, esto no le impidió elaborar los estados financieros haciendo las correcciones que creyera convenientes y siguiendo los «principios contables comunmente aceptados», como él mismo detalló en su informe. Además, como más tarde apuntaría Kepa Landa, si entonces hubiera sospechado que Orain se hallaba en una situación de inviabilidad habría propuesto la declaración de quiebra, algo que no hizo entonces y sí un año después.
Lo mismo sucedía con Ardatza y Hernani Inprimategia, que mostraban unos saldos positivos en los fondos propios de 31 y 95 millones de pesetas, respectivamente.
Sin embargo, nueve meses después, en setiembre de 1999, el balance consolidado de estas empresas arrojaba un neto patrimonial negativo de 500 millones de pesetas. En un año de administración judicial se había generado un déficit millonario, y se había pasado de una situación de solvencia a otra de absoluta insolvencia.
En la memoria de octubre de ese año 1999, el propio administrador judicial subrayó en negrita un párrafo donde detalla que las indemnizaciones a los trabajadores por la extinción de sus contratos tras el cierre, sus cuotas de la Seguridad Social y otros gastos ocasionados a raíz del cese de actividad del diario «conforman, en lo sustancial, el déficit patrimonial del grupo consolidado».
«Simplificando, y para que podamos entendernos todos», apuntó Elosua con la memoria en la mano, «lo que dice es que es como consecuencia de la operación de la Audiencia Nacional como se genera ese déficit patrimonial, ¿no?».
Tras un breve silencio, el perito respondió que «evidentemente, una parte sustancial de ese déficit tiene su origen en que se decidió la inactividad del grupo empresarial, con lo que ello supuso». «Una parte importante del desbalance está causada por esa decisión judicial», agregó.
Esa situación de desequilibrio patrimonial, inducida por el cierre, conllevó la quiebra técnica del periódico, solicitada por el administrador ese mismo mes de octubre.
A preguntas del fiscal, López Iranzo apuntó que podía haberse buscado una alternativa a esa declaración de quiebra mediante una «inyección económica» que permitiera hacer frente a ese déficit.
De esta forma, el perito pretendía, de alguna manera, eludir la responsabilidad última del cierre definitivo de «Egin» e incluso trasladarla a los responsables y accionistas del periódico. Ante estas palabras, Elosua recordó que en su escrito el fiscal solicita la ilicitud y la disolución de estas sociedades. «¿Conoce algún capitalista en el mundo que ante esta situación inyecte capital a una empresa?», le preguntó entonces al administrador.
«Este es el planteamiento que hago haciendo abstracción de lo que menciona», respondió el interrogado, pero entonces fue la presidenta del tribunal la que tomó la palabra diciendo que «no se puede hacer abstracción». «¿Usted invertiría en esa empresa?», preguntó. «Mientras existan esas medidas cautelares, no», admitió López Iranzo.
Cuando éste finalizó, empezaron a declarar los funcionarios de la Agencia Tributaria, quienes hablaron de las «irregularidades» en la contabilidad de «Egin». Sin embargo, a preguntas de la defensa evidenciaron desconocer parte de esa documentación que les suministró la UCI y el juez y dijeron que varios de esos papeles pudieran ser de relevancia: «No lo sabemos, porque no los hemos visto».
Fue el juez quien impidió pagar la deuda con la SS
En 1998 «Egin» era solvente y tenía un acuerdo con la Seguridad Social para liquidar la deuda que mantenía con este organismo. Un acuerdo con calendario, cuotas y garantías y que, según sostuvo el responsable de la Tesorería General de la Seguridad Social de Gipuzkoa, Juan Ignacio Trecet, el diario estaba en condición de cumplir. Fue el cierre ordenado por Garzón lo que impidió que pudiera hacerse efectivo ese compromiso y que la Seguridad Social cobrara la deuda.
La actuación conjunta del magistrado y del administrador judicial no quedó ahí. Como señaló Kepa Landa, a lo largo del tiempo en que Orain ha estado a su cargo se han ido acumulando los intereses devengados por esa deuda, sin que se le hicieran frente cuando había posibilidades para ello. Carlos Trenor preguntó al perito si no conocía que podía solicitar el levantamiento de las medidas cautelares para hacer frente a los pagos con Joxemi Zumalabe Fundazioa se hizo en cinco ocasiones, y el interpelado respondió que esa decisión correspondía «al juez instructor», que «tenía conocimiento puntual de la situación». Landa recordó también que en estos años, y por la falta de mantenimiento, las instalaciones y la maquinaria de «Egin», puntera entonces, han perdido todo su valor, quedándose en simple chatarra, o que las bobinas de papel de coste millonario han «desaparecido».
Cuando el abogado, que habló de «quiebra sobrevenida», citó la posible responsabilidad atribuible al administrador, la presidenta no le permitió formular la pregunta.
Los procesados han dado cerca de treinta charlas en Madrid
A lo largo de este año largo de juicio, los acusados en el sumario 18/98 no han estado solos ni quietos. Al contrario, en este tiempo han ofrecido cerca de una treintena de coloquios, charlas y conferencias, a las que han asistido casi un millar de personas, de diferentes ideas y pertenecientes a los más diversos grupos, asociaciones y colectivos. Hace unas semanas fue la sede de la CGT, otras veces el CAUM u otros locales, los escenarios de estas charlas en las que los presentes han mostrado un gran interés, y donde además del desarrollo del juicio se ha abordado también el actual momento político o la situación del proceso. El lunes, casi cuarenta personas se juntaron en Vallecas para escuchar y conversar con Iker Casanova y Miriam Campos hasta cerca de la medianoche.