Ya es suficiente. Hay un tiempo para cada cosa y hay materias que no se pueden mezclar salvo con riesgo evidente de reacción tan imprevista como perniciosa. El debate mediático propiciado estos días sobre el caso Egunkaria , paradójicamente entre quienes supuestamente consideran éste una injusticia, es algo incomprensible. Alguien debe poner freno a este […]
Ya es suficiente. Hay un tiempo para cada cosa y hay materias que no se pueden mezclar salvo con riesgo evidente de reacción tan imprevista como perniciosa.
El debate mediático propiciado estos días sobre el caso Egunkaria , paradójicamente entre quienes supuestamente consideran éste una injusticia, es algo incomprensible.
Alguien debe poner freno a este sinsentido. Y esto es así porque tal debate además no tiene nada que ver con el consenso solidario real en torno al caso, desde diferentes niveles de discrepancia con el medio, cuando existió, o desde diferentes niveles de consonancia con el mismo.
De hecho, de no hallarse la intervención de un alto cargo de la administración autonómica vasca en su origen, ni siquiera estaríamos discutiendo sobre esta cuestión. Afortunadamente, la posición del Gobierno Vasco respecto al caso Egunkaria , en los términos ya conocidos y bien distintos de los expresados por dicho alto cargo, había quedado previamente refrendada ante la opinión pública y, por lo que nosotros sabemos, responde también al criterio del partido al que pertenece el mismo alto cargo.
La solidaridad ha sido en el caso referido siempre de procedencia plural, como muy pocas en este país. Masiva, generosa y al unísono. Fue así desde aquel 20 de febrero de 2003, en que tuvo lugar el cierre del medio y la posterior incomunicación prolongada de los detenidos, los testimonios de tortura que nosotros creemos, los largos e injustificados encarcelamientos preventivos. La movilización social que entonces se dio es una buena muestra de cuanto decimos. Y la solidaridad es hoy la misma porque no sólo nadie ha enmendado aquel fatal atropello, sino que ha sido agravado prolongándolo irresuelto en el tiempo, con una espada de Damocles que pende cruelmente desde hace ya cinco años.
Ante esta situación, por parte de quienes vivimos y entendemos todo aquello como una tropelía, no cabe más que la solidaridad con los afectados y una disposición de compromiso para que nunca más vuelva a ocurrir algo así.
No es, desde luego, la única desgracia en la esfera política que debe suscitar en la sociedad vasca la misma actitud solidaria y de compromiso con un futuro diferente, diametralmente opuesto. Pero a nosotros, como Grupo de Apoyo a Egunkaria , nos toca hablar de este tema.
Decíamos solidaridad. Solidaridad sin apellidos. Ni crítica, ni acrítica. Solidaridad a secas, pero con mayúsculas. Y el que tenga dudas sobre ella, al menos que no entorpezca.
La crudeza de los hechos es tal que sobre la misma o con ella no cabe construir ni cruzar debates extemporáneos sobre políticas culturales, tan discutibles tanto en una dirección como en otra. Y mucho menos cabe convertirse en aliado objetivo de la acusación, aunque sea involuntariamente, a través de argumentos fácilmente rebatibles en escenarios políticos y judiciales comunes, pero que podrían resultar letales ante un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional. Allí, en casos como éste, se tiende a condenar el pensamiento, las ideas, no los hechos. Allí las bases probatorias jurídicamente rigurosas, ligadas a actos determinados, se sustituyen por la especulación supuestamente indiciaria, como lo prueba este caso y tantos otros.
Ésta es, precisamente, la clave central de nuestra respuesta a algunas de las opiniones publicadas estos días a este respecto. Algunos de quienes firmamos este artículo sabemos de leyes y de tribunales, y todos sabemos de la Audiencia Nacional. Y ni siquiera sería necesario dicho requisito. Simplemente resulta incomprensible, absolutamente incomprensible, que quienes han escrito lo que rebatimos a través de estas líneas no calcularan este efecto de los argumentos exhibidos. Entiéndase, si es verdad que se han hecho desde una posición solidaria. Y preferimos pensar que sí, a pesar de todo.
De hecho, las críticas a las que estamos haciendo alusión revelan fortaleza ante el más débil y debilidad frente al más fuerte. Es decir, los argumentos esgrimidos alientan a la acusación y de nada sirven los reproches a la misma. Harían bien los destinatarios de este escrito en revisar sus posiciones. Rectificar es de sabios. Llegados a este punto, bastaría con hacerlo a través de hechos. No es necesaria la proclama.
No por obvio vamos a dejar de declarar, sin embargo, que no pretendemos evitar debates sobre políticas y criterios culturales. Mucho menos pretendemos cercenar ejercicio crítico ninguno. Cómo lo íbamos a hacer, si es la base de una sociedad democrática.
Que se debata sobre políticas culturales dónde, cuándo y entre quienes proceda. Que se critique lo que deba ser objeto de tal, por quien así lo considere. Pero téngase en cuenta que en esta ocasión se está procediendo sobre un caso judicialmente irresuelto, o con éste como soporte base, que bastante tiene con afrontar la amenaza de un tribunal de excepción.
El debate y la crítica democráticos, cuando provienen de una responsabilidad institucional, no pueden estar reñidos con un ponderado sentido de la oportunidad, del rigor argumental y del ordenamiento de la discusión, todo ello precisamente en beneficio de la calidad democrática que todos afirmamos pretender.
El caso Egunkaria , finalmente, no es el daño colateral puntual de una estrategia general supuestamente más selectiva, como alguien al parecer considera. Muy al contrario, con elcaso Egunkaria , aun cuando el proyecto responde al diseño de un colectivo determinado, como todos los proyectos sociales, se coarta la libertad de expresión y de elección de medio, el uso normalizado del euskera, el consenso social en torno al mismo, el reconocimiento del conjunto del país, se coartan derechos civiles y políticos, el derecho a decidir, se coarta en definitiva la democracia, con mayúsculas, que es patrimonio de todos nosotros. Este es el resultado de aquella operación, de esta operación aún inconclusa.
La cosa ahora podría ser incluso peor si hubiera una sentencia condenatoria. A los perjuicios propios del caso habría que añadir el riesgo de sentar criterio jurídico, y quién sabe si hasta jurisprudencia, de cara al futuro. Un futuro nada halagüeño para el ámbito social del euskera, de prosperar las tesis de la acusación. Un temor más que razonable, tratándose de la Audiencia Nacional.
Los responsables de esta estrategia general son los que se hallan en el impulso político y en el mantenimiento judicial de este caso, así como en el de otras ilegalizaciones y cierres de medios de comunicación, y sus correspondientes consecuencias personales; el encausamiento o la condena a los más altos responsables de algunas de nuestras instituciones autonómicas como el lehendakari Ibarretxe o los casos de Atutxa, Körr y Bilbao
No se olvide que en el impulso político de la época se hablaba también de suspender la autonomía vasca, de poner la Ertzaintza a las órdenes del Ejército o la Policía españoles, entre otras cosas.
Por ello consideramos que el caso, todos estos casos, agreden al conjunto de nuestra sociedad, a los derechos de nuestro país, a la democracia. Lo pensamos así, compartidamente, todos los miembros de este grupo. De variado color político, como es bien sabido.
Así que vayamos reiterando posiciones. Estamos en la recta final, procesalmente hablando, aunque ésta pueda resultar aún larga en el tiempo. Pongamos cada cosa en su sitio y refijemos el norte, nítido, sin aditamentos ni distracciones que lo desdibujen. El proceso a Egunkaria sólo tiene una resolución justa posible. Es el sobreseimiento y el archivo del caso, sostenido incluso por el fiscal del mismo. Que nada ni nadie nos reste fuerzas en ese afán. Que nada ni nadie nos desvíe de ese objetivo.
* Bernardo Atxaga, Laura Mintegi, Carlos Garaikoetxea, Jose Elorrieta, Baltasar Errazti, Xabier Arzalluz, Rafa Díez y Jonan Fernández. Miembros del Grupo de Apoyo a ‘Egunkaria’