La ejemplaridad y Urdangarín. Todos sabemos que el Rey lo sabía: que su yerno, Urdangarín, cobraba dos veces del erario público. Una, del presupuesto de la Zarzuela, y la otra de los presupuestos públicos, especialmente, de Baleares y de la Comunidad Valenciana. Porque estas cosas se hablan en familia y más en la «familia real», […]
La ejemplaridad y Urdangarín. Todos sabemos que el Rey lo sabía: que su yerno, Urdangarín, cobraba dos veces del erario público. Una, del presupuesto de la Zarzuela, y la otra de los presupuestos públicos, especialmente, de Baleares y de la Comunidad Valenciana. Porque estas cosas se hablan en familia y más en la «familia real», imagen que han cultivado en vacaciones, regatas y fotos. Cómo no iban a ir a Barcelona el rey y la reina – y los cuñados- a los bautizos de sus nietos, a los cumpleaños, a ver el nuevo palacete de 6 millones de euros. Y en esos ratos juntos en Barcelona o Mallorca o en la Zarzuela también se hablaría de sus tareas, de la asistencia a actos, criticando a unos o a otros, y de unos pisos que hemos comprado o de unos Consejos de Administración que me han nombrado. Y el Rey sabe la «paga» que da a cada uno. Porque es «una paga» (lo llaman asignación) y no un sueldo. Y esto se complementa con esos trabajos en las fundaciones de La Caixa, de MAPFRE y en Telefónica.
Al principio era muy simpático eso de tener un yerno deportista, pero ahora «no hay que confundir la institución con las personas», aunque son imposibles de separar a la luz de los hechos descubiertos, que se han cargado la presunción de inocencia. Porque el rey ya en 2006 tuvo conocimiento y encargó una investigación o ver cómo se arreglaba el asunto. El rey tenía y tiene una responsabilidad «in vigilando» de los dineros públicos que se le entregan para evitar esos negocios «poco ejemplares». Pero, demás, su hija Cristina era vocal del Instituto Nóos y copropietaria de otra empresa de la trama. Ahora hemos conocido la solución al problema: enviarlos a Washington. Pero no hemos sabido de ninguna otra medida como que el rey les haya retirado la paga; o que hayan devuelto el dinero; o que hayan hecho una declaración complementaria a Hacienda. Ni siquiera han desmentido nada Urdangarín, ni su mujer. ¿Por qué no lo sacó el rey de la «familia real» hace cinco años?
Y queda otro problema -no menor-, el de la infanta Cristina y esposa. Deberíamos saber si tienen separación de bienes o en gananciales; y no vale decir que esa información es privada, ya que se nutren de dineros públicos y de compartir otros negocios. El esfuerzo de la mujer en estos años por ocupar su puesto no se merece que se las minusvalore cuando surgen estos casos. Y se van repitiendo bastantes, como con Ana Mato, ahora ministra, que no se enteró de donde salió el Jaguar de su marido, entonces alcalde de Pozuelo. O la mujer de Luis Bárcenas, el extesorero del PP, que manejaba cientos de miles de euros y no trabajaba ni sabía de dónde venían. Tampoco la mujer de Francisco Camps , que recibía, con su hija, regalos lujosos del Bigotes, debía saber nada de los trajes de su marido, que le diría «me voy a Madrid a encargarme unos trajes». Y la mujer de Fabra, el ya expresidentes de la Diputación de Castellón, seguro que le dice, en la intimidad, «mi mejor lotería eres tú». ¿Qué va a decir la infanta Cristina?
¿Del rey abajo, ninguno? Otra de las consecuencias de este lío -y no puede ser la última- es que el Rey se ha visto obligado a hacer públicos sus gastos después de 36 años de mandato. ¡Ya ha costado¡ Esto, como la reacción ante el comportamiento de su yerno e hija, llega tarde y es insuficiente. Faltan muchos datos por conocer de la asignación a las infantas, las partidas que pagan otros ministerios, la fortuna personal; y sorprenden otros como el no pago a la Seguridad Social. Tampoco la gestión de este capítulo de los Presupuestos Generales del Estado está sometida al Tribunal de Cuentas.
Esta situación de la Corona responde a un comportamiento antiguo, como el de las «comedias de honor» de los siglos de oro en que «del rey abajo ninguno podía manchar el honor de un hidalgo» y el rey estaba por encima de todos; y a una de esas imposiciones de la transición. De ahí las justificaciones alegadas al dar estos datos de que «es un acto de transparencia», un «acto voluntario» o que el Rey no tiene obligación legal de revelar cómo gasta («su») de nuestro presupuesto.
Esta actitud contrasta con la obligación de los diputados, senadores y otros cargos públicos de hacer públicos sus ingresos y patrimonio, aunque también ha costado y cuesta conocerlos. De ahí la observación de que estas actuaciones del Rey van por detrás de los hechos y ha dejado pasar durante muchos años el deber de ejemplaridad o eso de ser como la «mujer del César», o como el «marido de Cleopatra». Y es que en democracia no hay actos voluntarios; de cualquier ciudadano al Rey, todos iguales.
¿Y la justicia? Eso es otra cosa y no siempre -y tarde- es lo que parece.
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