Un año después del 11-M, con su secuela de 192 muertos y 1.500 heridos en el mayor atentado terrorista sufrido en el Estado español, la derecha sigue alimentando su rencor con el mito de que perdieron las elecciones del 14-M por un inmenso «síndrome de Estocolmo». Lejos de hacer frente al terrorismo, los ciudadanos se […]
Un año después del 11-M, con su secuela de 192 muertos y 1.500 heridos en el mayor atentado terrorista sufrido en el Estado español, la derecha sigue alimentando su rencor con el mito de que perdieron las elecciones del 14-M por un inmenso «síndrome de Estocolmo». Lejos de hacer frente al terrorismo, los ciudadanos se rindieron a él a en las urnas.
Esta versión interesada no es solamente un insulto para todos nosotros. Es también un intento consciente de moldear una interpretación de la gestión del gobierno del PP como la única posible. Es Urdaci y sus telediarios convertidos en cliché histórico.
En realidad el 11-M hay que enmarcarlo en un período anterior de casi dos años, cuando las políticas neoliberales del PP empiezan a encontrar primero una difusa resistencia social y, poco a poco, una protesta de masas organizada. Son las manifestaciones contra la presidencia española de la Unión Europea, las marchas contra el Plan Hidrológico Nacional, la huelga general del 20-J contra la reforma del mercado de trabajo y el subsidio de paro, las jornadas de lucha en la enseñanza…Todo este proceso de movilización social, combinado con el planteamiento de la cuestión nacional en Euskadi y Catalunya por la contrarreforma autonómica del PP, acabó desembocando en cambios de la correlación de fuerzas a nivel institucional, con la formación primero del Gobierno tripartito vasco y, tras las elecciones municipales y autonómicas del 25-M, del gobierno catalanista y de izquierdas en la Generalitat.
Frente a esta resistencia social creciente -que no se reflejó en un cambio de la correlación de fuerzas más fuerte por la débil oposición del PSOE al Gobierno del PP, prisionero de los Pactos antiterroristas- Aznar comenzó a ejecutar una estrategia ya clásica de la derecha española: movilizar y encuadrar militarmente al país contra los enemigos interiores y exteriores. El discurso del antiterrorismo lo envolvió todo, como una densa neblina, con la intención de ocultar la situación y las causas de su creciente crisis de legitimidad.
La decisión de transferir al nacionalismo democrático vasco la sospecha de su connivencia de fines con ETA, criminalizándolo en su conjunto, fue paralela a la entusiasta alianza de las Azores con la Administración Bush y Blair para justificar la intervención militar en Iraq. El españolismo frente a los nacionalismos vasco y catalán y el «miedo al moro» buscaban rentabilizar unos resortes históricos que, no por primitivos, siguen siendo la base del nacionalismo de derechas español y su mejor instrumento de movilización social.
El terrible atentado terrorista del 11-M ocurrió en este contexto de intoxicación ideológica. Y fue este contexto el que permitió que, a pesar de las pruebas que se acumulaban en contra, el Gobierno del PP pudiera difundir su versión de la autoría de ETA. Que no fuese intercambiable para su fines que los autores hubieran sido unos extremistas islámicos no se debió a que en el esquema ideológico de movilización contra los enemigos interior y exterior no pudieran cumplir un papel muy similar al de ETA -como ocurre en Gran Bretaña o en EE UU-, sino porque el éxito de las movilizaciones sociales contra la guerra de Iraq habían reducido mucho esta posibilidad y la credulidad general, a pesar de no haber conseguido frenar el envío de las tropas españolas a Oriente Próximo.
La derrota de la derecha el 14-M fue el resultado combinado de todos estos factores, incluida la débil oposición del PSOE. Ello explica que, una vez recuperada de la perplejidad de su derrota, la derecha española haya vuelto a recomponer un amplio tejido de organizaciones sociales y clientelares, construidas en ocho largos años de gobierno. Ha vuelto a plantear en el eje de su estrategia el Pacto Antiterrorista y la movilización contra la reforma de los estatutos de autonomía para condicionar las alianzas del PSOE con IU y ERC, esenciales para mantener la mayoría parlamentaria; ha vuelto a movilizar a ONGs y a la feligresía más tradicional a través de la Iglesia católica contra la igualdad de derechos de los homosexuales y la enseñanza privada; ha vuelto a exigir trasvases de agua para la agricultura de exportación de Valencia y Murcia con un Plan Hidrológico insostenible que solo beneficiaba a las empresas constructoras. Pero todo ello moviliza a millones de personas y acosa al gobierno del PSOE.
La izquierda social, por el contrario, no se moviliza, sino que apoya hasta ahora pasivamente las concesiones que hace el gobierno del PSOE a sus luchas pasadas: retirada de tropas de Iraq, parón del PHN; derechos de los homosexuales; regularización de emigrantes…Pero conviene recordar, como hizo Pilar Majón en la Comisión del 11-M, el precio que se paga hoy por esas conquistas y por una cierta pasividad expectante. Se puede medir en el desprecio de la derecha a las victimas del 11-M, que considera con razón «nuestras» y no «suyas».
Este 11-M la derecha volverá a intentar reinterpretar la historia, a golpe de campanario. Para hacerlo necesita olvidar rápidamente a las victimas reales del 11-M y sustituirlas por el arquetipo preestablecido de las victimas del terrorismo. Y en ningún sitio es más patente este olvido que en la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, de la que dependen la mayor parte de los servicios de ayuda que deberían socorrer a las victimas. Sus reivindicaciones deberían ser inmediatamente satisfechas, como exige la Asociación de Victimas del 11-M.
Y la izquierda, cumplido un año de la derrota del PP, debería hacer suya, con el recuerdo de nuestras victimas de sus guerras, la conciencia de lo sucedido. Porque ello exige romper los pactos antiterroristas del PSOE y del PP; iniciar un nuevo ciclo de movilizaciones sociales contra las políticas económicas de derechas, aunque las propongan Solbes y la Unión Europea; dialogar y negociar una reforma estatutaria que de una respuesta democrática a la cuestión nacional en Euskadi y en Catalunya; y abrir la puerta a un debate constitucional libre de verdad y no rehén, como en 1977-78, de los «poderes fácticos».
Porque si no lo hace, si deja tomar la iniciativa a la derecha tanto en lo social como en lo político, sabemos perfectamente el precio que nos hará pagar un nuevo gobierno del PP.