La protesta de los controladores aéreos que, por sorpresa, abandonaron sus puestos de trabajo alegando problemas físicos, colapsó ayer los aeropuertos del Estado español y obligó a cerrar su espacio aéreo. Miles de personas que iniciaban vacaciones durante el puente atestaron los aeropuertos demandando información o formulando reclamaciones ante los mostradores de las compañías aéreas. […]
La protesta de los controladores aéreos que, por sorpresa, abandonaron sus puestos de trabajo alegando problemas físicos, colapsó ayer los aeropuertos del Estado español y obligó a cerrar su espacio aéreo. Miles de personas que iniciaban vacaciones durante el puente atestaron los aeropuertos demandando información o formulando reclamaciones ante los mostradores de las compañías aéreas. Loiu cerró a las 20.00
La protesta de los controladores aéreos del Estado español cerró ayer el espacio aéreo y dejó en tierra a miles de personas que se preparaban para viajar en el comienzo de un puente. Muchos se vieron sorprendidos en el propio interior del avión, del que tuvieron que descender. A otros les devolvieron las maletas ya facturadas, y vieron cómo su vuelo quedaba suspendido o anulado.
Entre la indignación y la frustración, cientos de personas atestaban el aeropuerto de Loiu, cerrado desde las 20.00, esperando saber si podrían salir, buscando información o rellenando hojas de reclamaciones para pedir compensaciones por la pérdida de su vuelos o de los hoteles que tenían contratados Esperaban aún una solución cuando el Gobierno español anunció la posibilidad de una intervención del Ejército.
Loiu tenía previsto ayer, primer día de la «operación salida» del puente, que despegaran y aterrizaran 146 aeronaves, moviendo algo más de 18.000 pasajeros. Cuando cerró el aeropuerto, las operaciones de salida ya estaban suspendidas, con quince aviones en la plataforma que esperaban su hora de despegue. A las ocho de la tarde llegaron cinco furgonetas de la Ertzaintza, aunque la situación era de tranquilidad.
Algunos viajeros aún consiguieron contactar con algunas oficinas de agencias de viajes, que trataban de dar alguna explicación. También el aeropuerto de Noaain canceló los tres últimos vuelos del día, con destino u origen en Madrid y Barcelona.
Problemas físicos
El problema había comenzado alrededor de las 17.00, cuando los controladores aéreos comenzaron a ausentarse de sus puestos, alegando problemas físicos como estrés o taquicardia. Según el Ministerio de Fomento, hasta un 70% de los controladores abandonó así su puesto de trabajo. El cierre de los aeropuertos se fue sucediendo a lo largo de la tarde, una acción que la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) calificó de «espontánea». Sin embargo, su presidente, Camilo Cela, les pidió calma y aseguró que los controladores están «muy nerviosos» por el real decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que fija un máximo de 1.670 horas de tránsito aéreo anuales, así como un nuevo modelo de gestión aeroportuaria.
El USCA conminó a los controladores del turno de noche a volver al trabajo. Algunos de ellos comenzaron a hacerlo poco a las 22.00 en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. En cambio, en Madrid, varios controladores acudieron pero se negaron a trabajar.
El Ejército español asume el control de los aeropuertos El Ministerio de Defensa se hizo cargo de la navegación aérea. El Gobierno español se apresuró a firmar un decreto con este fin, ante el creciente caos aeroportuario. El ministro de Fomento, José Blanco, reunió a un gabinete de crisis para buscar soluciones, entre ellas la movilización de controladores militares, al cual se incorporó el general de la División del Ejército del Aire, José Luis Poyato. De hecho, el Gobierno adelantó la entrada en vigor del decreto que permite que los militares puedan controlar el tráfico aéreo en los aeropuertos y enviar médicos para someter a reconocimiento a quienes abandonen su puesto alegando razones físicas. Blanco dio un ultimátum a los controladores aéreos antes de militarizar el control aéreo español porque dijo que no iba a «permitir este chantaje a la sociedad». A las 23.30, el vicepresidente del Gobierno confirmó que los militares asumían la supervisión de los controladores y les obligarían a volver a sus puestos de trabajo. AENA también pidió a los controladores que abandonaran «el chantaje» y, advirtió de la posibilidad de despidos y de acusarles de delitos penales.