Meses atrás el PCPE dejó claro que sólo le valía una Ley de Memoria Histórica republicana y antifascista. Es decir, una Ley integral, que incorporando las normas internacionales aplicables a la persecución del genocidio y las que condenaron tanto al franquismo como al Nazi-fascismo alemán e italiano, por un lado, no igualase a la República […]
Meses atrás el PCPE dejó claro que sólo le valía una Ley de Memoria Histórica republicana y antifascista. Es decir, una Ley integral, que incorporando las normas internacionales aplicables a la persecución del genocidio y las que condenaron tanto al franquismo como al Nazi-fascismo alemán e italiano, por un lado, no igualase a la República con el Fascismo, y por otro, negase toda legitimidad política y jurídica al régimen del 18 de Julio.
El debate de la Ley en el Congreso de los Diputados y las conclusiones del Encuentro Estatal de Memoria Histórica, celebrado en Barcelona el 18 de Noviembre de 2006, reafirmaron nuestras posiciones y aumentaron nuestras dudas sobre la voluntad de la izquierda del sistema de abordar el tema desde dichas premisas. El PSOE, fiel gestor de los intereses de la oligarquía, pretende generar un nuevo consenso social para atemperar la crisis de credibilidad del régimen salido de la Transición, con el respaldo del reformismo político de IU. Para ello, plantean una Ley que no declara ilegal el franquismo, sus juicios y sus actos, que no apuesta seriamente por eliminar la presencia del Franquismo de nuestras calles, y que no anula los juicios injustos contra los luchadores y las luchadoras por la libertad ni pone a disposición de las asociaciones de víctimas el aparato judicial para averiguar el paradero de todas las personas desaparecidas, ignorando así sus principales reivindicaciones. Una Ley que imposibilita que puedan ser juzgados los responsables de crímenes franquistas todavía vivos, que son así indultados nuevamente como ya ocurrió con la Ley de Amnistía de 1977, por lo que se convierte de hecho en una ley de punto final.
IU, que junto con ERC, planteó inicialmente enmiendas aceptables, basó toda su estrategia en el debate parlamentario y las negociaciones de despacho. Es decir, en vez de utilizar el debate parlamentario para articular un movimiento unitario por la memoria histórica, vinculándolo a la lucha por la III República, capaz de generar una amplia movilización en la calle, apostó decididamente por retocar la ley presentada sobre la base exclusiva de lo que pudiera ceder el PSOE. Con tan endebles mimbres, y sabedores del oportunismo de ambos partidos, capaces de ceder en principios a cambio de sillones, no nos sorprende el resultado.
Para declarar que el Franquismo era un régimen ilegítimo no hacía falta ninguna ley. Lo que hace falta es un reconocimiento político y jurídico de la ilegalidad de aquella dictadura fascista, para que el reconocimiento a las víctimas tenga un contenido no sólo moral, sino también jurídico.
El pacto PSOE-IU afirma:
«Como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura.»
«Se declara la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones.»
«La Declaración a que se refiere esta Ley será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional. El Ministerio de Justicia denegará la expedición de la Declaración cuando no se ajuste a lo dispuesto en esta Ley».
Como constata el grupo Nizkor este acuerdo tiene verdadera mala fe. Según la normativa internacional el franquismo fue, es y será ilegal y responsable de actos que se pueden considerar crímenes contra la humanidad. No es admisible, pues, una norma que plantea que, si bien ilegítimos, los actos del franquismo fueron legales y, por tanto, el Estado no tiene que asumir las consecuencias y reparar los daños. Con esta ley las víctimas del franquismo y sus descendientes no tendrán derecho a la justicia y el Estado se negará por ley a asumir sus responsabilidades frente a las violaciones graves de los derechos civiles y los derechos humanos.
La frase «…la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido…», equipara los tribunales de la II República, responsables de intentar mantener la democracia, con los tribunales militares ilegales del fascismo.
La eliminación del «Consejo de Notables» previsto en el proyecto inicial no es suficiente. Este Consejo sería ahora reemplazado por un certificado expedido por el Ministerio de Justicia al que sólo tendrán acceso «las personas afectadas y, en su defecto, su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado». No es de recibo que el Ministerio de Justicia certifique que un ciudadano o una ciudadana fue víctima del régimen franquista; peor aún lo es que se determine por ley quiénes pueden requerir este certificado, impidiéndoselo, en particular, a los colectivos, y a todos aquellos que no tengan herederos legítimos o, simplemente, no tengan representación alguna. Como afirma el Grupo Nizkor «En realidad lo que se pretende es ignorar el derecho colectivo a la memoria y convertirlo en un acto individual y personal».
Para el PCPE no es admisible reducir la memoria a los juicios sumarísimos, desconociendo de hecho y de derecho todas las reclamaciones recogidas en la declaración «Entre la cobardía moral y la ilegalidad», suscrita por la práctica totalidad de asociaciones del estado relacionadas con la problemática de la impunidad franquista y también por este partido.
En esta línea para el PCPE, una Ley que no contempla la formación de una «Comisión de la Verdad» que investigue todos los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, incluida la averiguación del paradero de las personas desaparecidas, a cargo del propio estado; que no contempla el reconocimiento jurídico de la condición de víctimas a todas las personas que sufrieron persecución, exilio, encarcelamiento, detención y/o muerte por defender la República, por sus ideas progresistas o por su tendencia sexual, raza, religión, o cualquier otra forma de discriminación y que no articula medidas efectivas para la indemnización de los daños y perjuicios derivados de los encarcelamientos o detenciones (incluyendo los campos de concentración y batallones de trabajadores), así como de las incautaciones y expropiaciones de bienes tanto de personas físicas como jurídicas; que no contempla la anulación de las sentencias dictadas por los tribunales de excepción, en sus diversas formas, y reconocimiento jurídico y moral de todas las personas que han sufrido dicha represión, incluida la articulada por bandas paramilitares fascistas; y que no contempla la retirada obligatoria de los símbolos y referencias franquistas de todos los edificios, calles o instalaciones de todo tipo de las administraciones del estado o instituciones privadas, incluida la Iglesia Católica, no puede ser aceptada. Y quien la acepte estará de nuevo traicionando a las víctimas y así lo denunciaremos ante la clase trabajadora y demás sectores populares.
El PCPE apuesta por la movilización en la calle como elemento clave para imponer a las fuerzas del régimen, incluida la «izquierda dinástica» que sustenta al actual gobierno, una verdadera Ley republicana y antifascista. Y también por fortalecer un movimiento de memoria histórica en el ámbito estatal amplio, unitario, no manipulable, vinculado con el movimiento republicano, capaz de dotar a las reivindicaciones justas de las víctimas del franquismo de una perspectiva política, y no meramente ética, que colabore en abrir paso al proceso constituyente que realice de una vez por todas una Ruptura Democrática con el Franquismo, que ha de permitir el advenimiento de la III República.