Para Jordi F., que tal vez coincida con algún nudo, sólo con algún nudo, de esta crítica. Entre corrupciones, despidos, disminución-anulación de derechos sociales y económicos, desesperanza creciente entre sectores de la ciudadanía y anuncios publicitarios -efectivos en ocasiones- de nuevas estructuras de un estado nada nuevo y sesgadas declaraciones institucionales sobre el «derecho a […]
Para Jordi F., que tal vez coincida con algún nudo, sólo con algún nudo, de esta crítica.
Entre corrupciones, despidos, disminución-anulación de derechos sociales y económicos, desesperanza creciente entre sectores de la ciudadanía y anuncios publicitarios -efectivos en ocasiones- de nuevas estructuras de un estado nada nuevo y sesgadas declaraciones institucionales sobre el «derecho a decidir», la contrarrevolución conservadora, antiobrera, insolidaria y neoliberal sigue su marcha en Catalunya, mientras focos y titulares suelen ubicarse en otros escenarios describiendo otras escenas.
No olvidemos que el actual gobierno, continuador de aquel gobierno de los mejores privatizadores, además de una presidencia que se mofa en sede parlamentaria de niños/as que hablan mal castellano y una vicepresidencia que es dirigente de un partido que ha aceptado su corrupción, tiene, en cuatro de sus vértices esenciales, políticos neoliberales de la «altura social» de miras de Andreu Mas-Colell, Irene Rigau, Boi Ruiz y Felip Puig. El apoyo crítico de ERC, un partido que se dice republicano y de izquierdas, no ha conseguido reorientar esta larga marcha programada hacia el desmantelamiento de lo público y la apropiación privada de los bienes comunes. Ya lo anunció Mas-Colell en su discurso en el Círculo de Empresarios catalán en 2011: ¡Aprovechemos que el sector público pasa por un mal momento! ¡A por ellos! ¡Son nuestros!
La «Plataforma Aigua és Vida» nos alerta de todo ello y hace un llamamiento para que votemos la «Iniciativa Ciutadana Europea perquè l’Aigua és un dret humà i no un bé comercial!», para que el agua sea un derecho humano y no, por el contrario, un bien comercial.
Argumentan del siguiente modo las razones de su urgente, necesario y democrático llamamiento:
El Parlament de Cataluña tiene la oportunidad de poner fin «al sabotaje social de la economía ciudadana» -esta es la magnífica expresión usada en el manifiesto- llevado a cabo con la privatización de ATLL [Aigües Ter Llobregat]. La privatización nos obligará a todos a pagar innecesariamente más 4.000 millones de euros y «muestra claramente la incompatibilidad», por si fuera necesario, entre los servicios públicos y su gestión privada. Cuanto menos dos propuestas de resolución, que ya figuran en la mesa del Parlament, intentan «poner cordura en la gestión del agua de Cataluña y mantener la titularidad pública de la empresa Aigües Ter Llobregat».
La Plataforma «Aigua és Vida» pide (es decir, exige) a todos los partidos del Parlament catalán que piensen y velen por el interés general de la ciudadanía, y que se mantengan, en sus actuaciones, dentro de una poliética cuyo horizonte sea el servicio de los intereses populares. Pedimos, apunta la Plataforma, «a todas las fuerzas políticas del Parlamento de Cataluña que trabajen conjuntamente y recuperen el rumbo que el propio Parlamento de Cataluña inició el 1990 al crear la empresa pública de Aigües Ter Llobregat», una estructura de Estado, señalan con notable ironía, «que tenía que velar por el interés y la función pública, es decir, de la ciudadanía, de todas y todos».
La gestión del agua, prosiguen, es capital para la gobernabilidad del país y «no puede depender de los intereses económicos de la multinacional de turno». Nos jugamos demasiado todos y todas como para depender de la voluntad e intereses de un grupo de accionistas, sean del país que sean señalan con acierto, «que tienen como único fin maximizar sus beneficios». La plataforma señala que el gobierno de la Generalitat ha entrado erróneamente en el cuerpo a cuerpo con las multinacionales (Acciona, Agbar), «olvidando que este paso nunca se tendría que haber producido pues los servicios básicos nunca serán muy gestionados por los mercados».
Todos los diputados de Cataluña, sostiene la Plataforma, «están a tiempo de poner fin a una privatización que encarecerá el servicio innecesariamente y que no responde a ningún argumento técnico, económico, ambiental o social». A ninguno. Lo contrario es más verdadero: «la maximización de los beneficios, a la que estará sometido el servicio, vendrá dada por una reducción de las inversiones; un menor mantenimiento de las instalaciones; una reducción de personal; un aumento de las tarifas; unas subcontrataciones opacas a empresas afines; y una desconsideración hacia la Directiva Marc del agua, el Plan Hidrológico de Cataluña y el buen estado de las masas de agua de Cataluña». En síntesis: el plan estratégico de todas las privatizaciones. Lo anterior comportará una «pérdida de la calidad del servicio y del medio, así como una subida de tarifas desmesurada, pues esta tendrá que responder a nuevos costes totalmente innecesarios en la gestión pública».
La plataforma señala documentadamente que mientras que el gobierno de la Generalitat conseguirá 300 Millones por la operación, que la empresa beneficiada recupera en poco más de 12 años, la privatización obliga a la ciudadanía a abonar más de 4 mil millones. Teniendo en cuenta el anteproyecto de explotación elaborado por la propia Generalitat catalana, recuerdan que pagaremos 1.668 M€ de beneficio neto para los accionistas (que no existían en la gestión pública: todas las ganancias se reinvertían en la gestión); 715 M€ de impuestos de sociedad (no se tenían que pagar siendo la empresa pública dado que estaba exenta; «los 300 M€ iniciales, los 700 M€ restantes y todos los intereses asociados que hacen un total de 1.645 M€».
De hecho, los 300 M€ -lo que ingresa la Generalitat- no suponen apenas nada ante un déficit anual de 8.000 M€ [apenas un 4%] y una deuda acumulada de 48.000 M€ [en torno al 0,6%]. No es esa la cuestión realmente. La cuestión reside en «el interés de profundizar en un modelo ultraliberal que beneficiará a una empresa, pero que perjudicará a todos los ciudadanos y agravará las desigualdades sociales en todo el país». Se puede hablar de déficits y deudas (parole, parole, parole), «pero la realidad es que la privatización de Aigües Ter Llobregat en ningún caso será una medida de ahorro económico, ni una nueva financiación por la Generalitat sino que será un encarecimiento totalmente innecesario del servicio de agua». No es, propiamente, una medida de austeridad «sino que nos encontramos ante un sabotaje social de la economía ciudadana». El programa oculto de CiU y los sectores privilegiados que tan bien representa.
Se puede decir más alto y con más retórica pero no más claro. ¿Hay o no hay motivos para abonar y generar una potente revolución democrática y ciudadana que impida los nuevos planes de aniquilación y privatización de los bienes comunes? ¿Van a atreverse incluso con el agua? ¿Podemos confiar en un gobierno que obra con alevosía, premeditación y ansias insaciables de eliminar todas las conquistas sociales, sea cual sea el asunto que airee o pregone?
Lo quieren todo y lo quieren ahora. De nosotras y nosotros depende que no sea así. «El esfuerzo por crear un nuevo mundo humano» [2]. Ese era ya hace cuatro o cinco décadas el programa de la hora de la izquierda no entregada según un profesor de metodología de las ciencias sociales que nos recordó también que era necesario dar batallas que podían parecer perdidas.
Notas:
[2] Manuel Sacristán, Papeles de filosofía, Icaria, Barcelona, 1984, p. 396.
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.