La investigación por la muerte de cinco mineros en Asturias destapa una trama de extracción ilegal en pozos que ya se habían cerrado a cambio de subvenciones millonarias.
“El minero asturiano es un obrero que, reuniendo las características del trabajador industrial, posee también el empuje primitivo del montañés. Ignora lo que es el peligro, porque vive en el fondo de la tierra, expuesto al grisú y manejando a diario la fuerza devastadora de la dinamita. Muchos de estos revolucionarios no combatieron con fusiles ni pistolas, armas para ellos demasiado livianas. Combatieron con cartuchos de dinamita”, José Díaz Fernández (Octubre Rojo en Asturias).
Termina un año lleno de malas noticias para la minería asturiana. Siete trabajadores han muerto mientras realizaban actividades que no terminan de esclarecerse. Es el peor registro desde la tragedia de 14 operarios que fallecieron por una explosión de grisú en el pozo Nicolasa de Mieres en 1995. En la mina de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas de Narcea, dos mineros fallecieron el pasado 21 de noviembre aplastados por un costeru, el temido fragmento de roca que se desprende en las galerías subterráneas, cuando extraían carbón para uso siderúrgico con los permisos en regla. Pero la investigación del accidente del pozo Zarréu, en el concejo de Degaña, ha levantado mucha más polémica. Sucedió el 31 de marzo después de que una explosión de grisú, el gas letal que libera las vetas carboníferas del fondo de la tierra, segara la vida de cinco operarios e hiriera a otros cuatro en el nivel tres de un yacimiento privado clausurado en 2018 tras acogerse al Plan de Cierre de la Minería española, el millonario programa del Estado para subvencionar el fin de las explotaciones de carbón en todo el país.
El pozo, comprado en 2021 por la compañía Combustibles Asturiana y Leonesa, fue revendido en 2024 a la empresa Blue Solving, propiedad de un conocido empresario asturiano llamado Adrián Rodríguez, como un negocio de retirada de la chatarra que quedaba en el interior y para su venta y reciclaje. Ahora empieza a conocerse que la verdadera finalidad pudo ser otra muy diferente. Blue Solving operaba en Zarréu con un permiso de “investigación complementaria” que aprovechó para extraer 60.000 toneladas de grafito, una cantidad sospechosamente desproporcionada para el estudio en un laboratorio, pero muy rentable en un mercado negro donde el precio de estos materiales fósiles está al alza. Un detalle importante para entender la intrincada madeja en la que se mueve la minería asturiana es que mientras los pozos de las cuencas centrales –los de Mieres, Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Langreo– pertenecían a la empresa pública Hunosa hasta su cierre en 2018, los de la zona suroccidental, donde se ubica Zarréu, extendieron su vida como explotaciones privadas, algunas con permisos tramitados sin los controles debidos y salpicadas por irregularidades.
Hoy quedan activas la mina Miura, en Ibias, cerca del límite con Galicia y León, donde la compañía Carbones de la Vega sigue sacando antracita enredada en problemas laborales con sus trabajadores; y los pozos de Pilotuerto, en Tineo, y Carbachu, en Cangas de Narcea, propiedad de la sociedad Natural Mining Resources (NMR) implicada en la turbia desaparición de 120.000 toneladas de carbón del puerto gijonés de El Musel en 2020 y que dejó un reguero de deudas en el Principado. Su dueño era Antonio José Boluda Sánchez, un inversionista murciano a quien el minero jubilado Antón Saavedra, uno de los más prolíficos investigadores de la corrupción en el carbón asturiano, define en su libro Asturias saqueada como “un empresario clandestino que mueve, desde la sombra, los hilos de su entramado de sociedades”. Pero si hubiera que destacar un personaje polémico por encima de todos en la historia de la minería asturiano-leonesa, ese es Victorino Alonso, un tiburón de los negocios que llegó a construir un imperio carbonero antes de caer en desgracia por varios casos fraudulentos que le llevaron a la cárcel. Pero quizá por viejas cuentas que ajustar al destino fue precisamente Alonso quien, 15 días antes de producirse el accidente mortal de Zarréu, denunció el supuesto “proyecto de innovación” de Blue Solving como un “burdo engaño tendente a justificar la reapertura de la mina”.
Todos conocían que en ese pozo se extraía carbón. Era un secreto a voces en la comarca. Coleccionaba denuncias de vecinos y hasta un informe elaborado en 2022 por la Dirección General de Energía y Minería del Principado donde se advertía de “indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada”, tal como ha revelado el diario asturiano Nortes en los numerosos trabajos de investigación que ha publicado desde el día del accidente. El documento al que tuvo acceso Nortes señala que el carbón extraído procedía de una zona para la que “no existía autorización de explotación” y recomendaba abrir expediente a la empresa.
Paco Ramos, miembro destacado de Ecoloxistes n’Aición d’Asturies, recuerda que Zarréu funcionó como una mina a cielo abierto aunque gran parte de su actividad se encontraba bajo sus verdes montañas. “Cerraron la bocamina principal por inundación, tal y como se hace en las minas verticales antes de iniciar los trabajos para restaurar el entorno”, explica. El único acceso que quedó es a través del túnel de ventilación, la puerta de atrás de la mina, lejos del posible escrutinio de inspectores. “Hay que tener presente que el plan de cierre de 2018 fue voluntario. El Estado aportó grandes subvenciones a quien se acogió a él para compensar las pérdidas que acumulaban debido a que el carbón destinado a las térmicas, su gran cliente, ya era mayoritariamente importado. Sin embargo, nada impide hoy en día a un propietario reabrir una mina si previamente reintegra las ayudas que recibió. Sin embargo, algunos han empleado muchas argucias para seguir funcionando y obtener beneficios sin necesidad de devolver los recursos públicos que percibieron”, denuncia.
El asunto tiene su dimensión política. En 2018, la directora general de Minería y Energía del Principado era Belarmina Díaz, pero el pasado mes de marzo, cuando se produjo la mortal explosión en Zarréu, Díaz ya ocupaba el cargo de consejera de Transición Ecológica e Industria. Dimitió 15 días después del accidente, según dijo, para no entorpecer la investigación y que se hiciera “justicia”. Pero el desarrollo de la investigación ha permitido que afloren los estrechos vínculos que ha mantenido con empresarios del sector minero. Como ingeniera de minas y responsable de la transición ecológica e industria asturiana, Belarmina Díaz siempre ha mostrado una decidida predisposición a alargar la vida de la minería de carbón por cualquier medio. En un artículo publicado en enero de 2018 por el diario El Comercio de Gijón, Díaz desligó la devolución de las subvenciones contempladas en el plan de cierre de la reapertura de yacimientos si la propiedad cambiaba de manos: “Es una empresa la que percibe las ayudas y es ella la que las tiene que devolver. Cuando ya no está esa empresa, el escenario es distinto”, declaró. Es lo que sucedió con el pozo de Zarréu. Su marido, Rafael Murillo Quirós, formó parte de la dirección de una conocida consultora que hizo múltiples trabajos para Hunosa cuando Díaz ya trazaba las directrices de la política minera asturiana. Ahora ha trascendido que Murillo Quirós también está citado para testificar en la Audiencia Nacional por un oscuro caso de sobornos a ministros venezolanos ocurridos durante su etapa como ejecutivo de la compañía Duro Felguera, dedicada a proyectos energéticos.
Muchas minas han funcionado al filo de una cuestionable legalidad. Así ha sido históricamente. De hecho, la creación de Hunosa durante el franquismo no fue más que una operación para nacionalizar las pérdidas privadas y los engaños empresariales. Siempre necesitaron de grandes sumas de dinero para funcionar. Y de miles de manos. Y cuando ambas eran insuficientes, las buscaban y encontraban aunque fuera en condiciones tremendas, en Castilla, Galicia, León. Muchas manos, grandes sumas de dinero. Se fundaron nuevos pueblos. Otros crecieron desmesuradamente. Aldeas que habían permanecido casi aisladas entre montañas con apenas un centenar de vecinos se transformaron en núcleos urbanos donde hervía la vida proletaria, ennegrecida y húmeda. Como en los cuentos de Dickens. Las empresas construyeron cientos de barriadas a escasos metros de los pozos para que el minero no perdiera tiempo en el transporte, pero quien era despedido o renunciaba al trabajo, perdía la vivienda. El futuro no reservó para estas cuencas ninguna grandeza. Al menos no para quienes soñaron con un mundo mejor. Hubo chantajes y trampas. El Marco de Actuación para la Minería española 2013-2018 establecía que el carbón nacional debía suponer un 7,5 % en la generación de electricidad de las centrales térmicas. Eso significaba una producción de 6,3 millones de toneladas anuales. Nada de esto se cumplió. Carbunión, la federación de empresarios de minas, publicó el último año de su actividad que en 2018 se importaron 15,7 millones de toneladas pero sólo se consumieron 2,5 millones del carbón nacional.
Inevitablemente, tanta improductividad no sólo trajo cierres masivos, sino la extinción de clase, de las luchas obreras épicas como ‘La huelgona’ en 1906 y la Revolución de 1934, las antifranquistas de 1962 y las sindicales. “Y con ella toda una concepción multicultural del ser que no tenía en cuenta el origen del obrero porque allí había asturianos, extremeños, portugueses”, recuerda Paco Ramos, de Ecoloxistes. Se organizaron fortísimas protestas que cubrieron la geografía española de marchas negras para salvar sus puestos de trabajo. La primera en 1992, desfilando desde Oviedo hasta Madrid con los frontales encendidos como luciérnagas, los picos en alto y cantando “Santa Bárbara bendita” no se sabe si de júbilo o de melancolía. La última en 2018, que agrupó a trabajadores de las empresas auxiliares que quedaron excluidos en los planes mineros, con un lema esclarecedor: “Transición justa para todos”. El éxito de aquella protesta fue relativo.
Si el cierre de la minería causó estragos y estimuló el instinto codicioso de algunos empresarios, el de las térmicas ha sido devastador. También aquí ha fallado, de momento, la ingeniería fina de la reconversión. Quedaron un millar de trabajadores en el pozo Nicolasa, la última explotación que Hunosa dejó abierta hasta que en 2024 inició su transformación definitiva para convertirse en una planta de biomasa. Hoy están operativas las centrales privadas de Aboño, de EDP, también sometida a una transición productiva a gas natural e hidrógeno verde; y la de Soto de Ribera III, de Naturgy, a la que acaban de extender la vida como instalación de respaldo al sistema eléctrico español para evitar apagones como el de abril. En total, no ocupan a más de 650 trabajadores.
El Fondo de Transición Justa (FTJ) de la UE que pretende acelerar la descarbonización energética del continente, diversificar su economía, invertir en fuentes renovables y crear nuevos empleos sólo reservó a España 869 millones de euros. La mayoría se queja de que es una minucia. “El mito de que el cierre de las térmicas nos hizo dependientes de la energía de otros países es falso. El viento y el sol nos liberaron del carbón, específicamente del extranjero, pero no se convirtieron en el motor de las comarcas mineras”, apunta el representante de Ecoloxistes Asturies, Paco Ramos. El motivo es sencillo: las plantas eólicas no se construyen en los profundos valles donde abunda el carbón sino donde está el viento. En las montañas. Frente al mar. “Sin embargo, las renovables han creado más empleo en Asturias que los que se perdieron con el cierre de las térmicas”, apostilla Ramos. Los datos oficiales avalan su explicación. La mayor parte de la producción naval, eólica marina y de infraestructuras de acero y aluminio para la industria fotovoltaica asturiana ha florecido en la margen derecha de la Ría de Avilés, desde Arcelor Mittal a Windar y el Grupo Daniel Alonso. Ahí hay cientos de personas trabajando pero están a varias decenas de kilómetros de las cuencas del Nalón o Narcea donde los padrones municipales no dejan de menguar año tras año. Mieres llegó a tener 70.000 habitantes en los años 60, hoy no supera los 40.000.
“Yo soy biznieto de minero, nieto de minero e hijo de minero. Y estoy orgulloso de no haber sido minero gracias a que mi madre se opuso de manera radical. Al margen de las consideraciones puramente ecológicas y económicas de este momento, entiendo perfectamente que nadie quisiera tener un hijo minero”, concluye Paco Ramos. Miles de vidas enterradas en la noche eterna de las galerías, respirando escorias, pendientes de los desprendimientos, del costeru y del grisú. Del sonido de una sirena a destiempo, la señal de la desgracia. Eso han escuchado este 2025 los vecinos de Vega de Rengos y Zarréu. Luego, compañeros y familiares agrupados junto a la bocamina a la espera de noticias de los equipos de rescate. Llenos de angustia. Más tarde, el silencio. La casa enlutada. El pozo cerrado. Las placas en los monumentos en memoria de los mineros muertos. Las comitivas del adiós. Todo congregado en una pequeña comarca que nació extrayendo carbón y ha estado demasiado expuesta a la explotación, a las promesas incumplidas y al abandono. El carbón fue su fuente de riqueza pero también una especie de maldición. Tipos duros y resistentes estos mineros “con arrestos para enfrentarse con la muerte y ofrendar sus vidas a la revolución”, dijo sobre ellos José Díaz Fernández en uno de los extraordinarios reportajes que escribió sobre las cuencas asturianas en octubre de 1934.