Todos los gobiernos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid han afirmado una y otra vez que los cambios que año tras año aplicaban al sistema sanitario público no implicaban su privatización. Sin embargo, hoy, con el proyecto de presupuestos para el próximo año en la mano, podemos comprobar cómo se pretende completar la […]
Todos los gobiernos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid han afirmado una y otra vez que los cambios que año tras año aplicaban al sistema sanitario público no implicaban su privatización. Sin embargo, hoy, con el proyecto de presupuestos para el próximo año en la mano, podemos comprobar cómo se pretende completar la privatización. Si no se consigue parar, no contaremos con ningún hospital totalmente público en la red sanitaria «supuestamente» pública, ni con una atención primaria -base de todo el sistema sanitario madrileño- completamente de gestión pública.
En perfecta sintonía, el gobierno central, mediante el Real Decreto Ley 16/2012, sustituye la sanidad universal y gratuita en el momento del uso por un modelo de aseguramiento que excluye de la atención sanitaria a diversos colectivos, aumenta a todas las personas las tasas para los medicamentos, y deja de financiar algunas prestaciones. Más tarde, mediante otro decreto, retira 450 medicamentos de la financiación de la seguridad social, sin ofrecer alternativas. Por su lado, a través de la legislación de la Comunidad de Madrid, el PP continúa la desintegración del sistema público sanitario con el llamado, paradójicamente, «Plan de Garantía para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario» contemplado en los presupuestos de 2013.
Estos presupuestos presentan un recorte aproximado del 7%, y recogen el citado plan, que no es otra cosa que una verdadera reconversión del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud), pues incluyen la venta de los seis hospitales nuevos – se construyeron con la fórmula de «Concesión de Obra Pública» y ya estaban externalizados en todos sus aspectos no sanitarios -, la privatización de la gestión de los hospitales públicos y la externalización de todo lo no sanitario, el comienzo de la privatización del 10% de los Centros de Salud de Atención Primaria, la lavandería central de Mejorada del Campo, y la Unidad Central de Radiodiagnóstico. A esto se une la reconversión del Hospital de La Princesa en geriátrico, y del Hospital Carlos III en hospital de media y larga estancia. A ello hay que añadir la posibilidad de aplicar despidos colectivos a los empleados públicos laborales de algunos hospitales a través de Expedientes de Regulación de Empleo. Como colofón anuncian también el cobro de un euro por receta.
Esta transformación culminaría el cambio iniciado por la anterior presidenta Esperanza Aguirre para convertir Madrid en estandarte de lo que el PP considera su modelo sanitario. Primero esgrimen una cuestión ideológica : «la salud es un problema individual», y por lo tanto el estado no tiene porqué hacerse cargo del cuidado de la salud de las personas. Sólo en caso de «necesidad» se cubrirían unas «prestaciones básicas». Segundo, no se puede excluir a las empresas de un sector como el de la sanidad, además éstas «son más eficientes que el sector público». Tercero, la crisis – antes aludían al Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE- hace que la administración tenga que «cumplir los criterios de déficit» impuestos por las políticas de austeridad, sin poder recurrir a la deuda.
Bajo estas premisas han ido planificando un modelo que en la Comunidad de Madrid se puede consolidar definitivamente si consiguen aprobar los presupuestos para el próximo año, pues pretenden implantar un sistema público-privado, en el que de público tiene los miles de millones de euros de fondos públicos que la CM destina a la sanidad, aproximadamente algo más de 7.000 para el próximo año, y de privado tiene el beneficio que las grandes multinacionales del sector extraerán de las transferencias que el gobierno les hará de este dinero. Un verdadero expolio del que se beneficiarán Sanitas, Capio y Adeslas, entre otras.
Podríamos decir que nos enfrentamos a dos problemas en uno. Primero se cambia el modelo sanitario para poder apuntalar cambios que consolidan la idea de que la sanidad es para quien la paga. Y eso que, aunque la mayor parte de la financiación proceda de los impuestos directos, otra parte proviene de los indirectos -como el IVA- luego todas y todos, tengamos «papeles» o no, contribuimos a su financiación. Pero esta idea se va extendiendo creando un cierto grado de inseguridad en la población, enfrentando a unos contra otros, y aumentando la insolidaridad. Ya no tenemos un sistema universal que atiende a aquel que lo necesite, en lo que necesite, esté donde esté. Segundo, se hacen las transformaciones necesarias para expoliar el patrimonio público que constituyen los servicios de salud. El resultado de este robo va directamente a aumentar el capital de empresas relacionadas con los mismos políticos, familiares y amistades que no dudan en pregonar que lo que teníamos «no nos lo podemos permitir» -, y que ahora el sistema funcionará mejor, será más eficiente y sostenible.
Las empresas que se quedarán con el botín
Capio España está actualmente en manos de CVC, un fondo de capital riesgo británico con sede en uno de los paraísos fiscales, Luxemburgo. Tiene en la actualidad a su cargo la Fundación Jiménez Díaz, el hospital de Valdemoro, el de Torrejón y el nuevo de Móstoles. También se le ha adjudicado el de Collado Villalba y gestiona diversos ambulatorios.
Adeslas y Sanitas conforman el entramado empresarial Ribera Salud, junto con la CAM y Bankia, que ya tomó posiciones en la Comunidad de Madrid de la mano de los gobiernos de Esperanza Aguirre, para hacerse con grandes parcelas de lo que se iba privatizando.
Adeslas gestiona numerosos centros médicos, socios de Madrid Medical Destination, uno de los proyectos emblemáticos que apoya Madrid Network y que cuenta entre sus asociados con MD Anderson, Instituto Valenciano de Infertilidad, Clínica La Luz, Hospital de Madrid, Perio, Clínica Cemtro, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Clínica López Ibor, Cambra Clinic, Vissum, Instituto de Oftalmología Avanzada, Clínica A-Rementaría, Capio Sanidad, y ATOS Origin.
El 80% de los hospitales de Adeslas pertenece a la sociedad Goodgrower y el 20% a Criteria, de Caixa Catalana. Goodgrower es un grupo inversor creado en 2008 por la familia Gallardo (fundadora y accionista de control del grupo farmacéutico catalán Almirall) para invertir en el sector de la salud. Uno de sus primeros proyectos fue la entrada en el grupo de servicios geriátricos Sar, en el que Goodgrower controla el 20%, mediante el fondo G Square.
Sanitas pertenece hoy al grupo BUPA Internacional Health Insurance, la mayor compañía de seguros británica, que opera en 190 países. Acaba de adquirir el 50% del hospital de Torrejón, actualmente gestionado por Ribera Salud. Este hospital está cercano al hospital público de Alcalá de Henares, que ha visto como se han ido cerrando camas y servicios, algo incomprensible si se conocen las necesidades de su población. La explicación es sencilla: los pacientes de Alcalá de Henares y alrededores son derivados al hospìtal privado de Torrejón. Y para que no quepa ninguna duda de como cuidan de nuestra salud, esto es lo que dicen en su página: «Sus actividades principales (de Sanitas/BUPA) son los seguros sanitarios, la asistencia a personas mayores y a jóvenes con discapacidad, asesoramiento en salud, la prevención de riesgos laborales y los servicios de guarderías infantiles. Los beneficios derivados de la actividad empresarial de Bupa se reinvierten íntegramente en la mejora de sus servicios».
USP Hospitales está presente en nueve comunidades autónomas, con 12 hospitales privados y 23 centros de consultas, y ha sido comprado por la compañía de capital riesgo Doughty Hanson.
Atos Origin en Salud, con más de quince años de experiencia en la sanidad española, cuenta con diversos servicios informáticos para su aplicación en la sanidad. Cotiza en el mercado Eurolist de París.
¡Qué sería de nuestra salud sin los fondos de capital riesgo y las nuevas tecnologías de la información… Pura filantropía!
El coste de la demolición del sistema público
Los drásticos recortes suponen, por un lado, el cierre de servicios, camas, urgencias, y, por otro, el despido de miles de trabajadoras y trabajadores sanitarios. Aunque muchos de ellos puedan volver a trabajar para las empresas compradoras de los hospitales y centros sanitarios, las condiciones salariales y de trabajo no serán las mismas. ¿Por qué cada huelga en el sector privado sanitario reivindica las condiciones del sector público? Para quienes queden en los hospitales públicos de gestión privada, los derechos laborales se verán mermados y las cargas de trabajo aumentarán.
Si de hacer negocio se trata, se tiene que recortar en personal y en prestaciones. Por eso no da lo mismo quien presta el servicio, si se trata de la propia administración se planifica para resolver necesidades de salud de la población, si se trata de una empresa privada se trata de maximizar el beneficio. El ánimo de lucro – ausente en la administración, otra cosa es que gestione mal- está reñido con la calidad asistencial, con la prevención y promoción de la salud, porque no se organiza una empresa privada para mejorar los niveles de salud de nadie, sino para extraer plusvalía.
Por lo tanto, quienes más pierden con las privatizaciones sanitarias son, las y los trabajadores -a menor cualificación sufren un deterioro mayor de su situación- y la población más vulnerable, que verá como se deteriora aún más su salud.
La situación del movimiento
Cuando se dieron a conocer las últimas medidas hacía meses que colectivos de trabajadores y trabajadoras, principalmente de los grandes hospitales públicos, se habían comenzado a movilizar con encierros y concentraciones contra la intención de la Consejería de externalizar todas las categorías de profesiones no sanitarias: cocineras, pinches, todo el personal de mantenimiento, etc.
A estas movilizaciones hay que sumar la de la mayoría del personal médico contra el RD 16/2012 (exclusión de colectivos de la asistencia sanitaria), promoviendo la objeción de conciencia y aunando esfuerzos de todos los estamentos sanitarios para poder seguir atendiendo a los colectivos que esta ley excluye.
Cuando se hizo pública (presupuestos 2013) la intención del gobierno de la CM de implantar la colaboración público-privada en la gestión de servicios públicos sanitarios, tanto en atención especializada como en la primaria, se desataron todas las alarmas. Los primeros en reaccionar fueron los y las profesionales de los nuevos hospitales, que como concesiones de obra pública ya tenían todo privatizado excepto el personal sanitario que funcionaba a través de empresas públicas, que ahora son las que pretenden vender. Un hospital tras otro comenzaron a organizarse en asambleas, y en cascada se fueron encerrando, comenzando por las y los trabajadores del H. de La Princesa, pues el futuro al que estaba abocado este antiguo hospital universitario de tercer nivel, altamente especializado en diversos procesos, era convertirse en un geriátrico.
Buena parte de las y los profesionales movilizados en los nuevos hospitales son jóvenes que, por no contar con plaza fija en los hospitales públicos, optaron por trabajar en éstos cuando se inauguraron. Y son los que mayoritariamente forman parte de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que lanzaron la huelga indefinida para parar la enésima agresión de la Consejería. En estos hospitales, a diferencia de los grandes hospitales públicos, no existe la fuerza de los sindicatos mayoritarios del sector, y por esto sus movilizaciones no las encabezaron los mismos.
En ésta situación, en mi opinión, existen dos problemas. Por un lado, los sindicatos de la mesa sectorial de sanidad (SATSE, AMYTS, CCOO, CSIT-UP, UGT y USAE) que como tales habían estado ausentes de estas movilizaciones acuerdan el día 16 de Noviembre – 16 días después de conocerse las intenciones del gobierno de la CM, con todos los hospitales y centros de salud movilizándose en contra de las mismas – cuatro días de huelga (26 y 27 de Noviembre, y 4 y 5 de Diciembre) convocando a todos los estamentos sanitarios. Como en otras ocasiones no parece que hayan estado a la altura de lo que el sector exigía y la ciudadanía necesitaba, sino que se han «subido al carro» para tratar de controlar el movimiento existente.
Y por otro, la huelga indefinida votada en una asamblea celebrada en el Colegio de Médicos -aunque mayoritaria, acudieron más de 500 profesionales-, no fue ratificada en asambleas en todos los hospitales, ni en ningún centro de salud. El error fue la falta de planificación de un calendario de movilizaciones unitario que debió, confluyendo con lo que ya estaba activo, contar con el resto de estamentos. La apuesta del gobierno del PP es tan fuerte que aquí o nos salvamos todos, o no se salvará nadie.
La gran manifestación que tuvo lugar en Madrid el día 18 de noviembre fué un buen ejemplo del camino a seguir. Allí se dieron cita todos los trabajadores y trabajadoras sanitarias, junto a toda una población que ha comprendido cómo su salud se verá perjudicada por los cambios que los responsables sanitarios del gobierno del PP pretenden llevar a cabo.