El Parlamento Europeo ha dado traslado a su Comisión de Peticiones de una solicitud realizada por diversos colectivos vecinales y ecologistas de Madrid ante el “arboricidio” de la ampliación de la línea 11 de Metro, obra financiada con fondos comunitarios.
En el escrito, presentado el pasado 12 de abril, se reclama a las instituciones europeas que se analice y debata el uso de fondos europeos para “unas actuaciones tan dañinas para la salud pública de Madrid”.
El polémico plan de talas de arbolado aprobado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para ejecutar la ampliación de la línea 11 de Metro ha sido contestado en la calle con protestas ciudadanas sin precedentes. La extensión de la línea del suburbano está financiada con fondos europeos con un total de 372 millones de euros y los colectivos denunciantes consideran que se están vulnerando diversas directivas y acuerdos comunitarios como el Pacto Verde Europeo.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la Asociación Parque Sí en Chamberí, las asociaciones vecinales Avance de Moratalaz, Parque de Comillas, Pasillo Verde Imperial y Doña Carlota Numancia y Ecologistas en Acción Madrid plantearon en su escrito dos cuestiones:
“¿Cómo es posible que con dinero europeo se lleven a cabo actuaciones que van en contra de sus objetivos medioambientales y climáticos?
¿Resulta aceptable que el dinero del Banco Europeo de Inversiones financie en Madrid la destrucción de un arbolado que ayuda a mejorar la salud de toda la ciudadanía, nos permite mejorar la calidad de nuestro aire para cumplir con las Directivas europeas o nos acerca a los objetivos del Pacto Verde Europeo?”
Los denunciantes sostienen que “es necesario que la Comisión de Peticiones pueda analizar y pedir información a la Comisión Europea acerca de la afectación de estos hechos en la salud pública y de la ciudadanía de Madrid, en las vulneraciones de directivas europeas, así como en los acuerdos comunitarios como el Pacto Verde Europeo, de los que todos los Estados miembro y regiones son parte”. Y “también que se debata y analice el uso de fondos europeos procedentes del Banco Europeo de Inversiones y otros organismos o instrumentos financieros de la UE para llevar a cabo estas actuaciones”.
Según las propias normas de este banco, los proyectos financiados en la Unión Europea deben estar guiados por la Hoja de Ruta del Banco del Clima, con el fin de, entre otras cosas, favorecer la implementación de los Acuerdos de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. «Es evidente que la destrucción de cientos de árboles maduros, muchos de ellos de más de 40 años, y la importante reducción de la superficie de zona verde de los parques de Comillas (Carabanchel), Arganzuela (integrado en Madrid Río) y Darwin (Moratalaz) que prevé el proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro choca frontalmente contra estos objetivos y las directivas medioambientales europeas», señalan.
En su petición de amparo al Parlamento Europeo, las asociaciones vecinales y conservacionistas subrayan que el “arboricidio” previsto por la Comunidad de Madrid puede tener “graves consecuencias sobre la calidad del aire y la salud de la población” toda vez que Madrid “es la ciudad de la Unión Europea con mayor mortandad relacionada con la contaminación por NO2 según estudios del Instituto de Salud Global.
El informe sobre calidad del aire en Madrid que anualmente elabora
Ecologistas en Acción muestra que los datos correspondientes a 2022
están lejos del triunfalismo exhibido en estos meses por el
Ayuntamiento. “Todas las estaciones de la red de medición arrojan
valores medios de contaminación por dióxido de nitrógeno
muy por encima de los valores recomendados por la OMS y la mayoría
rebasan asimismo el valor límite que se prevé en la próxima Directiva. A
mayor abundamiento, tenemos que los datos muestran un empeoramiento en 2022
respecto de los años anteriores en la medición de la contaminación por
material particulado”, puede leerse en el escrito al Parlamento Europeo.
A esto hay que añadir que, en los últimos cuatro años, la capital ha perdido alrededor de 80.000 árboles en sus calles y zonas verdes, sin contar las muy cuantiosas pérdidas en sus parques históricos, singulares y forestales.
Por todo lo anterior, los grupos vecinales y ecologistas esperan ahora la intervención del Parlamento Europeo con el fin de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso «paralice definitivamente un plan de talas de arbolado que ha arrancado una firme oposición ciudadana».
Los colectivos que firman la petición de amparo enviaron esta unos días después de que la Asociación Parque Sí en Chamberí presentase en la sede del Parlamento Europeo el documental De interés general, un barrio por un parque, un filme dirigido por Miguel Ángel Sánchez que narra la lucha ciudadana contra el campo de prácticas de golf que la ex presidenta regional Esperanza Aguirre abrió en una de las escasas zonas verdes de ese distrito.