1. La prensa del martes día 15 de febrero recoge estas declaraciones del secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados: «Vamos a poner barata la mercancía de la contratación». Se trata de una manera suelta y chistosa de definir uno de los acuerdos del pacto social «para estimular la creación de empleo» (sic), […]
1. La prensa del martes día 15 de febrero recoge estas declaraciones del secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados: «Vamos a poner barata la mercancía de la contratación». Se trata de una manera suelta y chistosa de definir uno de los acuerdos del pacto social «para estimular la creación de empleo» (sic), es decir, la exención total o parcial de las cuotas empresariales por nuevas contrataciones, precarias por supuesto, de jóvenes y parados de larga duración mayores de 45 años. Lo de «poner barata» se refiere a los empresarios; a la caja de la Seguridad Social la decisión va a costarle cara: unos 235 millones de euros.
Es instructivo comparar el lenguaje desinhibido del secretario de Estado con los discursos solemnes de unos y otros cuando la firma del pacto. En realidad, el contenido real del pacto se entiende mejor cuando los gestores de su aplicación se explican sin formalidades, ni las obligadas autocensuras previas a la firma, que cuando se leen los argumentarios de los sindicatos firmantes, tratando de vendernos por buena una mercancía averiada.
2. A finales de enero, cuando se estaba cocinando el pacto, alguien filtró que el gobierno había ofrecido no recuerdo qué a CC OO y UGT a cambio de su apoyo a la prolongación de la vida llamada «útil» de las centrales nucleares. La filtración provocó críticas inmediatas de organizaciones ecologistas y una reacción airada de los sindicatos, que la atribuyeron a la supuesta intención de algún miembro del gobierno de «torpedear» el pacto social. Poco después, Rubalcaba y Zapatero hicieron el desmentido de rigor y se pasó página. Ahora, tras una cuarentena de sólo dos semanas tras la firma del pacto, el gobierno ha anunciado el 15 de febrero esa prolongación que entonces se consideró poco menos que un infundio.
El «giro nuclear» de Zapatero sólo es una sorpresa para ingenuos: forma parte de la política puesta en marcha por el gobierno desde el pasado mes de mayo, que se va a aplicando sin pausa, pero en dosis adecuadas para que encuentre los menos obstáculos posibles. La firma del pacto social ha facilitado esa política; en los próximos días y semanas llegarán otras «dosis».
¿Les durará a CC OO y UGT la indignación contra quienes les vincularon con las intenciones «pro-nucleares» del gobierno? Ahora que las intenciones se han convertido en hechos, ¿manifestarán con similar energía su rechazo a estas medidas?
Miguel Romero es editor de VIENTO SUR
Post-data: Cambiando de tema, aunque no del todo. Parece que finalmente no se pagarán los 25 millones de euros en bonus a altos cargos de Caja Madrid comprometidos por el anterior presidente Miguel Blesa, una vez descontados los 4,8 millones ya pagados a uno de estos ejecutivos, que es muy dudoso que sean devueltos. Rato y Esperanza Aguirre ha debido pensar que cancelar el pago tendría un buen efecto político, en plena campaña pre-electoral.
Hay un punto oscuro, entre otros, en esta historia. En el Consejo de Administración de Caja Madrid hay representantes de Izquierda Unida y, en ese u otros órganos de gobierno de la entidad, hay representantes del PSOE, organizaciones sindicales, ayuntamientos, etc. ¿Nadie sabía nada de esto? Porque si no lo sabían, habría que concluir que Blesa podía manejar nada menos que 25 millones de euros como «dinero negro». Y si lo sabían, hay que suponer que lo aprobaron. Y si lo aprobaron, ¿alguien va a pedirles cuentas?
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