Abril 2019, el plan de exterminio que aplica el capitalismo transnacional contra Colombia, acabó también con la vida del bebé Samuel González Pushaina, de tan sólo siete meses, hijo de exguerrilleros (1). El Estado colombiano adelanta exterminio contra toda persona que eleve la reivindicación social y política contra el saqueo capitalista de Colombia (país muy […]
Abril 2019, el plan de exterminio que aplica el capitalismo transnacional contra Colombia, acabó también con la vida del bebé Samuel González Pushaina, de tan sólo siete meses, hijo de exguerrilleros (1).
El Estado colombiano adelanta exterminio contra toda persona que eleve la reivindicación social y política contra el saqueo capitalista de Colombia (país muy rico pero empobrecido por el saqueo multinacional). Los niños, los ancianos, los bebés, las familias, son también víctimas del exterminio que busca callar a quienes han osado y osan elevar sus voces por la justicia social. El actual régimen de Duque es la continuidad de décadas de terrorismo de Estado, perpetrado por los militares y sus paramilitares, bajo directrices estadounidenses, contra la población colombiana.
El régimen de Santos logró desmovilizar a la mayor guerrilla del continente, para que las multinacionales pudieran explotar a sus anchas territorios que antes no podían saquear debido a la presencia guerrillera. La USAID y las presiones de la socialdemocracia internacional lograron desmovilizar a esa guerrilla, para quitar una importante barrera de contención al imperialismo estadounidense en la región, para que fueran masacrados las y los guerrilleros desarmados, para que prosiguiera campante el exterminio estatal contra la organización social y política de la clase explotada, el exterminio contra sindicalistas, maestros, líderes comunitarios, agrarios, estudiantiles, indígenas, afrodescendientes, etc.
Desde la firma del supuesto «Acuerdo de paz», que algunos ya llaman paz-estafa o pax romana, van más de 600 activistas sociales asesinados a manos de la herramienta paramilitar y militar del terrorismo de Estado en Colombia (2). A ello hay que sumarle el centenar largo de exguerrilleros asesinados desarmados, todos masacrados tras la trampa mortal del supuesto «acuerdo de paz». Hay que sumarle también los comuneros indígenas asesinados por el ejército y la herramienta paramilitar para reprimir la gigantesca Minga indígena de 2019 (paro de un mes, con 20.000 indígenas movilizados en protesta contra el brutal saqueo capitalista de los recursos, contra la voracidad transnacional, contra el exterminio) (3). La represión sangrienta permite a la burguesía colombiana y a la burguesía transnacional una acumulación capitalista colosal: la clase explotadora adelanta el saqueo de Colombia quitándose de en medio la protesta contra la explotación y contra el saqueo capitalista. Hay en Colombia más de 7,7 millones de personas despojadas de sus tierras y desplazadas forzadamente por la herramienta paramilitar y militar, para vaciar de habitantes y de protestas las zonas más ricas de Colombia (4). Colombia es el país del mundo con más desplazados internos: las multinacionales explotan los yacimientos mineros pulverizando montañas y privatizando ríos, hambreando a la población y asesinando a quienes se oponen a tal devastación y latrocinio. El desplazamiento forzado sigue en auge en 2019. El crimen de Estado de la desaparición forzada sigue persistente en 2019, como lo señaló el CICR, recordando que en Colombia ese crimen de Estado ha causado cuatro veces más víctimas que en Argentina bajo la dictadura (5).
La noticia del asesinato del bebé Samuel González Pushaina, de tan sólo siete meses, hijo de un exguerrillero y una exguerrillera, ambos indígenas wayú, ambos tiroteados desarmados en un ataque perpetrado por la herramienta paramilitar, que irrumpió disparando con armas largas en la casa de la bisabuela, donde se encontraba reunida la familia, llega como hachazo en el alma. Los padres están heridos en piernas y abdomen, el bebé murió desangrado a pesar de que luchó por su vida.
Sabemos, desde el alma hecha trizas, que seguirán llegando en despedida los nombres de aquellas y aquellos que le son amputados a nuestro pueblo por la herramienta represiva de los que pulverizan montañas y capitalizan sobre muertos y gritos… Porque a la barbarie desatada por el capitalismo transnacional en Colombia, tristemente no le ponen fin papeles firmados, sino que hacen falta cambios estructurales profundos, ya que lo que está en juego para los buitres capitalistas son gigantescas ganancias sobre la tortura de un pueblo.
El asesinato de Samuel, otro tangible dolor de la paz-estafa, se produjo en la Guajira, región que padece toda la extensión del saqueo capitalista: allí mueren anualmente miles de niños de hambre y miseria, y allí se encuentra la mayor mina de carbón a cielo abierto del mundo, El Cerrejón, que es saqueada por las multinacionales BHP Billiton, Glencore, y Anglo American. Para saquear la mina, estas multinacionales desviaron todo un río (el río Ranchería), asesinando así de sequía y hambre a una región entera. El consorcio que explota el Cerrejón extrae 17 millones de litros de agua al día del Río Ranchería (6). Miles de niños wayú han fallecido de física hambre y de enfermedades asociadas a la carencia de agua potable: 14.000 asesinados por el hambreamiento que causa el saqueo multinacional, denunciaba el líder indígena Armando Valbuena en 2015 (7), 4.770 niños fallecidos, reportados ante la Corte Constitucional en 2018 (8), y sigue la hecatombe.
Pero para los siniestros malabaristas de la palabra «paz», para los que capitalizan lingotes en sus helvéticos bancos (como miles de pequeños ataúdes), que mueran los niños por miles es un «detalle sin importancia», mientras el carbón siga saliendo en gigantescos barcos hacia EEUU o la UE, para satisfacer su aberrante consumo energético: que puedan fagocitar a América Latina, África y Asia «en paz, sin revolucionarios que trastoquen tal saqueo», es la consigna de los entrampadores de pueblo.
Lamentablemente, el trabajo de la USAID, de sus tanques de pensamiento, las presiones de la Iglesia y de la socialdemocracia colombiana, regional e internacional, lograron imponer una siniestra y carnicera Paloma de Troya en lugar de la justicia social, y hacer olvidar que no hay «reconciliación interclasista» posible. Porque hay un antagonismo fundamental entre clase explotadora y clase explotada, pues la clase explotadora saquea la naturaleza y explota a las mayorías, cada día más empobrecidas. Tristemente, la combinación entre terrorismo de Estado (asesinando a las y los más lúcidos), y el incesante trabajo alienante de los tanques de pensamiento de la USAID y de la UE, lograron un vaciamiento ideológico y un descalabro histórico que paga muy caro la clase explotada, esa clase explotada a la que, en parte, le hicieron creer que «disfraz es sustancia», le hicieron creer en los falaciosos conceptos de «paz» de la burguesía (para la burguesía la «paz» es el sometimiento del pueblo), cuando en realidad el verdadero nombre de la paz es justicia social.
La tortura que padece el pueblo colombiano a manos de un Estado al servicio del capitalismo transnacional, viene frenando el desarrollo histórico a punta de exterminio sistemático, bombardeos, paramilitarismo y masacres: es la dictadura del capital, apuntalada en la farsa electoral. Pero la dignidad es terca, y el pueblo no se rinde ante tanta infamia. Y los engaños de la burguesía, por devastadores que sean, así como sus planes de exterminio, solo retrasan la definitiva independencia; esa libertad por siglos luchada será el mejor abrazo de un pueblo que certeramente se liberará del capitalismo y su barbarie. Demasiada sangre regada de las y los mejores hijos de Colombia, abona la tierra de un rojo rebelde que germinará en futuro. Este pueblo golpeado y conducido al altar del sacrificio engañando sus sinceros anhelos, siempre despierta, y no cerrará su empeño en más espejismos, no confundirá más las Palomas de Troya con la verdadera paz que es la justicia social, no depositará confianzas en más quimeras crueles, mientras torturan al pueblo de hambre, despojo, desplazamiento forzado, destierros, cárceles, injerencia estadounidense y motosierra paramilitar.
Notas
(1) Denuncia el ETCR Simón Trinidad: https://www.
(2) Desde la firma del «Acuerdo de paz», van más de 600 activistas sociales asesinados a manos de la herramienta paramilitar y militar del Terrorismo de Estado en Colombia. 39 líderes sociales asesinados en 2019, hasta inicios de abril. https://www.telesurtv.net/
Hasta el 10 de enero 2019 eran 566 líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos asesinados desde 2016, según el Indepaz. http://www.indepaz.org.co/566-
(3) Masacre de guardia indígena en Dagua, Valle del Cauca, 8 comuneros asesinados. https://www.colombiainforma.
9 asesinados a 22 de marzo, numerosos heridos, represión brutal de la fuerza pública. https://www.cric-colombia.org/
(4) Hay en Colombia más de 7,7 millones de personas despojadas de sus tierras y desplazadas forzadamente por la herramienta paramilitar y militar, para vaciar de habitantes y de protestas las zonas más ricas. «Colombia se posiciona de nuevo como el país con más desplazados internos del mundo, según datos del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (Acnur). Colombia tiene cerca de 7,7 millones de desplazados internos, cifra que está por encima de países del continente africano y asiático que conviven con este flagelo como Siria, que según las últimas estadísticas es el segundo país con más desplazados internos (6,2 millones de desplazados), seguido de Sudán (5,2 millones de desplazados), Irak (4,5 millones de desplazados), Afganistán (3,12 millones de desplazados) y Somalia (2,17 millones de desplazados)». https://www.las2orillas.co/
(5) El crimen de Estado de la desaparición forzada sigue persistente. https://www.contagioradio.com/
«Contraria a la creencia de que los desplazamientos masivos eran cuestión del pasado, el Jefe del CICR para Colombia afirmó que presenciaron un aumento del 90% en la cantidad de personas desplazadas entre 2017 y 2018, alcanzando 27.780 eventos de desplazamiento masivos (es decir, de 10 o más familias).»
«Desaparición forzada, un fenómeno de ayer y de hoy. Colombia podría tener entre 3 y 4 veces la cantidad de desaparecidos durante la dictadura en Argentina, Harnisch insistió en la necesidad de hacer un esfuerzo en la búsqueda; al tiempo que expresó su preocupación ante la utilización de la desaparición forzada como elemento de control a las comunidades».
(6) «La empresa en sus planes de manejo señala que diariamente necesita 17 millones de litros extraídos del Río Ranchería (…) mientras el consumo promedio de una persona al día en la alta Guajira, según datos del PNUD, es de 0,7 litros de agua no tratada». https://censat.org/es/
(7) 14.000 asesinados por el hambreamiento que causa el saqueo multinacional, denunciaba el líder indígena Armando Valbuena en 2015.
El río que se robaron, privatización provoca 14.000 muertes : https://www.youtube.
(8) 4.770 niños Wayú fallecidos, denuncia 2018. https://www.elheraldo.co/la-
Blog de la autora: www.cecilia-zamudio.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.