No es justo ni democrático que unas lleguen en aviones puestos a su disposición con un despliegue de los recursos públicos de que dispone el Estado, mientras otras son retenidas en condiciones precarias durante días y semanas, separadas de su familia y al fin cruelmente rechazadas. En la conciencia del Gobierno ha de quedar esta injusticia
Mohamed Ali Mohamed Slimani llegó al aeropuerto de Barajas en un avión procedente de El Aiún, capital del Sáhara Occidental ocupado por el reino de Marruecos. Con él venían Rbab al-Tarad Yahi y su hija en común, llamada Aziza, de solo un año y medio de vida. Mohamed Ali cuenta que fue detenido en un mercado de El Aiún por la policía marroquí y sometido a malos tratos. Es hijo de españoles, saharauis que obtuvieron esta nacionalidad. Desde el pasado día 9 la familia se encuentra separada en dos salas destinadas a “inadmitidos”, en una el padre y en otra, la madre y su bebé. La madre ha sufrido un aborto y ha sido devuelta a Barajas tras ser atendida en el Hospital La Paz. En ese mismo vuelo llegó a Madrid Ali Hammou, activista sordomudo, también detenido en El Aiún por participar en manifestaciones a favor de los derechos de las personas discapacitadas. Ali padece cáncer y llegó a resultar herido en el pasado por cargas policiales en El Aiún. Se encuentra asimismo en una sala de esas salas para inadmitidos.
El ministerio de Marlaska ha denegado a estas cuatro personas, que han huido de la represión de las autoridades alauíes en el Sáhara Occidental, la petición de asilo en España. Es decir, el Ministerio del Interior del Gobierno de España rehúsa ofrecer a personas perseguidas por razones políticas la protección a la que está obligado por el derecho internacional. El Gobierno de España ni siquiera les ha facilitado intérpretes neutrales o que traduzcan sus declaraciones de manera adecuada, en el dialecto hassania, distinto del dariya marroquí. El abogado de Mohamed Bachir, también retenido en Barajas desde el pasado lunes y que a su vez es abogado, solicita por esta razón la nulidad de las actuaciones. A pesar de que la declaración de Bachir fue malinterpretada, a pesar de la intervención del Defensor del Pueblo en favor de los derechos al asilo del saharaui, Marlaska ha ordenado su deportación a Marruecos. La condena a una nueva y posiblemente mayor represión.
Las personas saharauis que solicitan asilo no son reconocidas como refugiadas políticas. Sencillamente, porque no se reconoce su legítima reivindicación de la autodeterminación del Sáhara Occidental. Ni en el reino de Marruecos ni en el reino de España. Sus derechos humanos, por tanto, tampoco son reconocidos. Razones humanitarias se han esgrimido, y han impulsado, sin embargo, el asilo político de Edmundo González Urrutia. El opositor venezolano llegó con su esposa a la base aérea de Torrejón de Ardón, en Madrid, en un avión puesto a su disposición por el Gobierno español. Les esperaba su hija, que reside en esta ciudad, a la que en los últimos años ha llegado un buen número de personas procedentes de Venezuela y una ingente masa de capital, que directamente o través de fondos de inversión están ejerciendo una asfixiante presión inmobiliaria en los barrios madrileños más demandados. No hay duda alguna sobre que Edmundo González y su esposa hayan sido separados en salas para “inadmitidos”, pues su llegada a España venía precedida por la concesión de asilo político. Lejos de ello, viajaban en compañía del secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales y gozaron del recibimiento de la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo. Nada que se parezca a la situación de esa madre saharaui, abuela de la pequeña retenida en Barajas, que ha viajado desde Francia, donde ha sido asilada, y duerme en el suelo del aeropuerto para estar cerca de su familia.
Estas diferencias en el trato a las personas que solicitan asilo político y en el respeto a los derechos humanos de unas y de otras reflejan un doloroso deterioro en las políticas de asilo que han de regir el supuestamente democrático Gobierno de España. Es responsable de ello el ministro Grande-Malaska y, en última instancia, el presidente Sánchez. Solo la complicidad con la oposición venezolana y la connivencia con Marruecos puede explicarlo. Se considera dictadura al Gobierno de Maduro, pero se mira hacia otro lado ante la dictadura de Mohamed VI, donde también hay presos políticos, muchos de ellos saharauis, con quien España habría de reconocer una deuda histórica. El violento control de las fronteras con Marruecos que ejerce el Ministerio del Interior es una muestra cotidiana de cuáles son las prioridades que operan en la política internacional del Gobierno. En esa pirámide de intereses, los derechos humanos, que habrían de estar en su cúspide, quedan por debajo de los derechos comerciales y diplomáticos.
En este perverso tablero de decisiones administrativas están en juego vidas de personas que han sufrido o podrían sufrir violencia y represión. No es justo ni democrático que unas lleguen en aviones puestos a su disposición con un despliegue de los recursos públicos de que dispone el Estado, mientras otras son retenidas en condiciones precarias durante días y semanas, separadas de su familia y al fin cruelmente rechazadas. En la conciencia del Gobierno ha de quedar esta injusticia. Y las consecuencias humanitarias que conlleva. El asilo político es un derecho que tiene toda persona a no ser extraditada si corre riesgos políticos en su país de origen, y las leyes internacionales, también la española, formulan y regulan la protección que ha de brindarse a esa persona. Que no se aplique a toda la ciudadanía, que haya asilo para usted pero no para ti, es una conculcación de la ley. Y una terrible falta de valores humanos.