Mirar para otro lado y lavarse las manos ya fue inventado por Pilatos hace un montón de años. Ahora algunos lo reinventan para salvarse de la quema por haber llevado a la hoguera a Cándido y Morala. En este artículo aparecido en La Nueva España La democracia y sus límites: sobre la represión y el […]
Mirar para otro lado y lavarse las manos ya fue inventado por Pilatos hace un montón de años. Ahora algunos lo reinventan para salvarse de la quema por haber llevado a la hoguera a Cándido y Morala. En este artículo aparecido en La Nueva España La democracia y sus límites: sobre la represión y el recorte de las libertades públicas y otro similar, difundido por Internet, de García Fonseca dirigente de IU en Asturias y ocho firmas más, se intenta salvar al Ayuntamiento, a la coalición del PSOE-IU y a ellos mismos.
Dice García Fonseca que de «la sentencia del juez no se deduce en absoluto responsabilidad municipal alguna ni en el origen ni en el desenlace de este desdichado proceso y condena», refiriéndose a la sentencia 39/07 del juez Lino Rubio Mayo, confesando que le dedicó unas cuantas horas a la aburrida y desagradable tarea de leerla junto con la documentación que pudo recopilar. Es lamentable; la izquierda en el poder se aburre con los temas judiciales de los trabajadores. Pero contrariamente a lo que afirman G.F. y las ocho firmas, en el punto cuarto de los fundamentos jurídicos, página 13, la sentencia dice exactamente que: «… los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente al perjudicado, el Ayuntamiento de Gijón, en 5.624,83 euros, ya que de conformidad con lo prevenido en el artículo 110 de la L.E.Cr. aun cuando los perjudicados no se muestren parte en la causa, no por esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor pueda acordarse en sentencia firme, siendo menester que la renuncia de este derecho se haga de una manera expresa y terminante.» Está claro que sí se deduce responsabilidad del Ayuntamiento, ya que no ha renunciado a la indemnización ni antes ni ahora y además es el único «perjudicado» contrariamente a lo que dicen en el artículo. Nadie sabe si los firmantes han leído la sentencia, qué menos, claro que algunos están implicados.
El artículo sigue pretendiendo zanjar la responsabilidad del Ayuntamiento basándose en una simple carta que el director letrado municipal dirige al juzgado para deslegitimar y anular las declaraciones realizadas, nada menos que bajo juramento o promesa, por un funcionario municipal en nombre del propio Ayuntamiento. Pero todo esto no resuelve nada por dos razones: primera, una simple carta al juzgado, al Juez Instructor, no anula la declaración prestada bajo juramento por el representante municipal ante el Secretario Judicial el 13-02-07 cuando comparece en calidad de representante del Ayuntamiento que se muestra parte y reclama (si esto fuera así menudo pasteleo municipal-judicial). En segundo lugar en ningún momento el director letrado ni el Ayuntamiento retiran la denuncia presentada el 11-03-05 (y no el 13 como dice G.F.). También habría que añadir que la carta, que no deja de ser una bufonada del letrado, podría acreditar como perjuro al funcionario que hizo la declaración y además es un engaño a la opinión pública para lavarse de nuevo las manos, pero sin ningún efecto, como puede deducirse fácilmente: ¿En algún párrafo de la sentencia se menciona la carta o ha tenido algún efecto sobre la condena? No, en ningún considerando, en ningún aspecto, pero G.F. sostiene que es un detalle importante.
La única verdad de este artículo de G.F. es que el «Ayuntamiento no se ha personado» (no nombró abogado y procurador), pero siendo cierto, es media verdad, que es la mayor de las mentiras. En la comparecencia del 13-02-06, el Secretario Judicial advierte al representante del Ayuntamiento (y a quién lo quiera oír y leer) que aunque el Ayuntamiento no se persone, el Ministerio Fiscal, de oficio, ejercitará y reclamará los daños materiales y morales para el perjudicado, es decir, para el Ayuntamiento. Más claro que el agua.
Continuando con las medias verdades, G.F. y sus cofirmantes añaden que el Ayuntamiento no se ha personado en causa alguna contra ambas personas: falso, la denuncia presentada por el Ayuntamiento el 11-03-05 es contra todos los trabajadores que participaron en la manifestación del astillero, unos días más tarde, el 05-04-05 el juzgado ya cita concretamente con nombre y apellidos a Cándido y Morala a declarar, al día siguiente -de esto hace ya dos años- toda la prensa publica sus nombres como acusados, imputados o como los quieran llamar y a partir de aquí vienen todas las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento: ratificaciones, confirmaciones y declaraciones en el juzgado que van única y exclusivamente contra Cándido y Morala. Es a partir de esta fecha de la denuncia municipal y durante los dos años siguientes, cuando se elabora todo el procedimiento judicial con la imprescindible ayuda del Ayuntamiento que en sucesivas citaciones y comparecencias certifica y se ratifica en todo y en cada ocasión para acabar en el juicio y sentencia 39/07 que condena a tres años de cárcel a cada uno (más los dos años y medio del segundo juicio recurrido por la fiscal). A lo largo de estos dos años, el Ayuntamiento en ningún momento retira la denuncia, ni elude continuar aportando toda la documentación y comparecencias que el Juez Instructor le va solicitando. Así se elaboró la instrucción que devino en el juicio y posterior sentencia 39/07.
En todo este proceso de dos años e incluso en el mismo juicio ya no era necesario que el Ayuntamiento se personara ni que volviera a acusar a nadie, la denuncia presentada en la comisaría por el Ayuntamiento camina sola, no necesita nuevas denuncias, pero sí hubiera sido definitivo retirar los cargos, testimonios, daños y desde luego no mantener la denuncia y la acusación como ha hecho el Ayuntamiento.
Continúan las medias verdades de G.F. eludiendo responsabilidades cuando dice que el Ayuntamiento «ni les ha imputado delito alguno», estaría bueno que el Ayuntamiento se convirtiera en Juez, repartiera justicia y dijera si esto es delito: no le corresponde al Ayuntamiento determinarlo, sino al Juez y sólo en un juicio.
Dice G.F. que el Ayuntamiento no ha presentado «denuncia judicial» aquí además de lo dicho de la media verdad, hay que añadir el agravante de la ignorancia simulada o mala fe: una denuncia puede iniciarse en la comisaría, en el juzgado, por un atestado y supongo que en algún sitio más, pero desde cualquier origen acaba en el juzgado necesariamente. Lo que sí ha hecho el Ayuntamiento y los que están allí, una y otra vez, es reiterarse en todos los trámites previos y posteriores, sin omitir ni uno sólo; quisieron llegar hasta el final y llegaron: juicio, sentencia y cárcel, pendiente ahora del recurso.
Nadie duda ni acusa a Tony Hevia, pero G.F. le camufla como trabajador cuando era el gerente o director de Prosein o Progea, empresas relacionadas con el ladrillo, urbanismo, etc. Los análisis de balances son complicados para una empresa pero mucho más para el grupo de 70 empresas que integran Progea, cualquier cosa es cierta, y lo contrario, cuando sólo se presentan cuatro datos, la única explicación no dada es que al tiempo era el responsable de finanzas de IU en Gijón, lo que ciertamente no es ningún delito, por supuesto, pues son cargos perfectamente compatibles, pero no lo son tanto desde el punto de vista político y ético cuando su partido está tan implicado en la urbanización de media Asturias.
Ni siquiera el título del artículo de G.F. es original, hace tiempo que más de treinta organizaciones constituyeron «La Plataforma contra la Represión y por las Libertades».
No hay ninguna multa de 5.000 euros como dice G.F., sino una indemnización al Ayuntamiento de Gijón de 5.625 euros a la que el Ayuntamiento, incluida IU, se niega a renunciar y la acepta como «daños colaterales» como precio a pagar en aras de la coalición. Bastaría con que la «renuncia de este derecho se haga de una manera expresa y terminante» como se dice más arriba en la sentencia.
Echar la culpa al PP que aprobó el CP no deja de ser un agravante, pues sabiendo cómo es la ley que condenan, llevan y se reiteran a sabiendas a unos trabajadores por este CP. La burla municipal del PSOE-IU se consuma cuando ahora solicitan que el parlamento derogue el CP mientras olvidan hacer lo que sí depende de ellos y pueden hacer desde el Ayuntamiento que es renunciar, en primer lugar a la indemnización y en segundo lugar a todo lo demás. Ni el Ayuntamiento ni IU dan la más mínima señal, ¿quién les va creer?
Después de tantos artículos sin respuesta, resulta que ahora se invierten los papeles y toca responder a un artículo que no aporta nada ni responde a nadie; planteamientos virtuales con respuestas retóricas. Respondan a los artículos publicados y no planteen argumentos con una docena de falsedades y otras tantas tergiversaciones. Pero hasta ahora las únicas críticas realizadas y recibidas se han limitado a la descalificación personal poniendo mala cara y retirando el saludo, lo que demuestra más culpabilidad que otra cosa y provoca vergüenza ajena. Ahora resulta que los defensores de trabajadores a quienes han sentado en el banquillo son los malditos, no en vano el portavoz de IU en el Ayuntamiento calificaba, en público, de «hijos de puta» a los que, defendiendo a Cándido y Morala, responsabilizaban al Ayuntamiento de su procesamiento. Por si no fuera suficiente días después, el 22 de febrero, uno de los firmantes del escrito tiene a bien telefonearme para «debatir» mis opiniones y entiende que lo escrito es: «vomitivo, torticero, repugnante, falso, insidioso,…», para terminar calificándome de «cabrón». Como no estaba dispuesto a ponerme a su altura colgó. No es novedad, es la segunda vez que utiliza las nuevas tecnologías de forma similar. La intimidación personal no es eficaz, no en este caso.
Los dirigentes de IU de Gijón llevan todo esto como una cuestión personal cuando sólo es personal su liderazgo, sus cargos y sus ideas como propiedad personal y excluyente. Sólo ellos son la izquierda y los demás advenedizos de última hora como me recordó mi interlocutor. Pero no es cuestión de caer en la trampa de enfocar los problemas políticos y sociales por lo personal, tampoco es un debate ideológico, no, es algo más grave. Saluden, retiren el saludo, insulten o no, la cosa no va por ahí. Mientras se cierran medios de comunicación y empresas, despidos y demás políticas neoliberales incluyendo grandes inversiones sin creación de empleo y con más degradación medioambiental, mientras continúan las privatizaciones de servicios públicos, mientras en los ámbitos municipal y autonómico se embarcan en recalificaciones urbanísticas, expropiaciones para más cemento y más ladrillos, mientras en Asturias todo va bien, pero agoniza, hablan de más votos, de más consejerías, de más concejales, ¿para qué?. Todavía no se han celebrado las elecciones y ya están vendiendo la piel del oso, cuando acaban de decapitar los órganos de dirección de IU de Oviedo, a su candidatura municipal, e incluso a la asamblea.
El Pacto de Gobierno municipal del PSOE e IU-BA y el autonómico está por encima de todo como un cheque en blanco sin que importe el precio. Sin esta denuncia, sin los daños que reclama el Ayuntamiento no habría caso, así de sencillo, sólo «desórdenes» que el Delegado del Gobierno Trevín Lombán considera junto con el Fiscal Jefe de Asturias, que no es poco. Todos olvidan el pacto de Gobierno, dicho de otra manera, la corresponsabilidad en las decisiones de gobierno de la coalición, pero resulta ideal para no asumir responsabilidades e incluso salir en defensa de su socio de gobierno y del poder que ambos ostentan. Las dos grandes manifestaciones del 22-11-06 y del 29-03-07 se celebraron sin los sindicatos CCOO y UGT y sin los partidos en el poder PSOE e IU y en contra del poder ¿Por qué no estaban? Sencillamente por que están enfrente, no de balde, sino por algo. Demasiadas claudicaciones, es el precio.