La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) denunció a través de un comunicado, la privatización encubierta que el Ayuntamiento de Córdoba pretende llevar a cabo con el servicio de mantenimiento de las instalaciones y espacios deportivos de la ciudad. Según explicó la organización sindical a Rebelión, esta tarea debe ser competencia exclusiva del Instituto Municipal […]
La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) denunció a través de un comunicado, la privatización encubierta que el Ayuntamiento de Córdoba pretende llevar a cabo con el servicio de mantenimiento de las instalaciones y espacios deportivos de la ciudad.
Según explicó la organización sindical a Rebelión, esta tarea debe ser competencia exclusiva del Instituto Municipal de Deportes (IMD), pues de otro modo se vulnerarían los propios estatutos de este organismo.
Uno de los objetivos para la creación del IMD fue el mantenimiento de sus instalaciones, y no que éste lo realizarán empresas privadas subcontratadas.
Contraviniendo esta norma, el Ayuntamiento de Córdoba aprobó hace unos días un pliego de condiciones por el cual este servicio será realizado por un empresa privada a la que se le pagará una cantidad anual de 60 mil euros.
En este sentido la CTA consideró «totalmente contradictorio que el Ayuntamiento cree un IMD para la mejor gestión y prestación de los servicios relacionados con el deporte y éste a su vez los ejecute a través de empresas privadas».
Condiciones poco claras
La empresa adjudicataria se haría cargo de un total de 45 recintos deportivos municipales, trabajo que en la actualidad realizan 5 trabajadores del IMD. Sin embargo, junto a las clausulas de mantenimiento y limpieza figura otra que hace referencia a obras de reparación, que serían realizadas por la misma empresa pero con un presupuesto independiente del expuesto. Este apartado es para la CTA un regalo encubierto, puesto que la empresa obtendrá la mayor parte de su beneficio mediante la adjudicación de reparaciones.
«Cualquiera puede comprender que no le va a prestar mucha atención al mantenimiento para intentar que se realicen muchas reparaciones», aseguró la central sindical.
Otra contradicción en la decisión adoptada por el consistorio es la que hace referencia a un tercer apartado, dotado con otros 60 mil euros, por el cual se repondrán pavimentos y otros circuitos naturales de ámbito deportivo. Lo incomprensible de esta medida estriba en que esas obras de mejora figuran expresamente en el pliego de condiciones como una obligación para la empresa adjudicataria del mantenimiento y, por tanto, incluidas en el primer epígrafe presupuestario anteriormente citado.
La CTA consideró que con la cantidad asignada se podría aumentar la actual plantilla municipal con tres nuevos trabajadores, asegurando que de ese modo se contaría con un número óptimo de personas para acometer las tareas que ahora se pretende que realice una empresa privada.
Además «resulta incomprensible que [en el pliego de condiciones] no se detalle cuál es el personal necesario, ni el convenio laboral de aplicación a dichos trabajadores», afirmó el sindicato.
Denunció también que durante el último año existió una dejación en el servicio por parte de la dirección del IMD en cuanto al reparto de tareas, la mala distribución de los trabajos a realizar y de los permisos provocando horas extraordinarias, etc. Todo ello habría generado premeditadamente la apariencia de que el servicio no funcionaba y, por tanto, era necesaria su privatización.
Trámite de urgencia
La organización sindical también hizo referencia a que el pliego de condiciones fuera llevado a cabo por un procedimiento de urgencia y sin que a los propios consejeros se les hubiera remitido previamente la documentación necesaria.
Mientras que el Presidente del IMD aseguró que la cuestión había sido vista con anterioridad y aprobada por el Comité de Empresa, el Presidente del Comité de Empresa afirmó que no existió ninguna reunión con tal propósito.
De aplicarse finalmente el acuerdo, ello afectaría a la bolsa de trabajo del Instituto Municipal de Deportes, a través de la cual numerosas personas ocupaban puestos fijos de temporada y otros eventuales en apoyo de eventos.
Para la CTA estas medidas suponen «una política neoliberal de derechas llevada a cabo por un Gobierno Municipal disfrazado de izquierdas».