Revisado por Caty R.
La corporación municipal del PSOE e IU-BA elude el problema de fondo y mantiene su posición de seguir en la vía penal permaneciendo, como único demandante perjudicado, contra Carnero y Morala. El ayuntamiento continúa reclamando, a todos los efectos, que se cumpla la sentencia en su integridad: indemnización para el ayuntamiento de 5.625 euros (a los que no quiere renunciar), inhabilitación, multa y tres años de cárcel como autores criminalmente responsables de un delito de daños, según reza la sentencia 39/07 dictada por el juez Lino Rubio, en virtud de la potestad concedida por la soberanía popular y en nombre del Rey, como dice exactamente la antedicha sentencia.
El escrito presentado en el registro del ayuntamiento de Gijón el 23 de marzo al que acompañaban 178 firmas de profesionales, del mundo de la cultura y de los movimientos sociales, no era ningún acto protocolario, sino una reivindicación seria ante unos hechos, calificados por los profesionales de la Plataforma contra la Represión y por las Libertades como muy graves, como son la criminalización de los movimientos sociales y laborales que acaban siendo considerados y penalizados como actos terroristas a juzgar por las penas impuestas.
En unos días se iniciará la campaña electoral y así es que la respuesta dada por la corporación municipal no deja de ser un acto electoral más de simulación y engaño porque mantiene todo el entramado de la sentencia tal como estaba, no se modifica nada y la situación no ha cambiado en absoluto; el ayuntamiento no está dispuesto a ceder en nada ni ante nadie. Decir que se solicita la modificación del Código Penal para que este tipo de reivindicaciones no se consideren como actos terroristas, no es más que una burla y una ofensa. Los «criminalmente responsables», Carnero y Morala, están ahora peor que ayer, cada vez más cerca de Villabona (cárcel de Gijón) y además saben que el ayuntamiento denunciante, el que ha encendido la mecha de la acusación, el que ha desencadenado todo el proceso, sabía más que de sobra que tal denuncia se realizaba contando con un Código Penal que criminaliza como terrorista a quien se mueva, a todo el que se mueva, sin importar que sea por los motivos más abyectos o por reclamar un derecho constitucional como es el derecho al trabajo que no es otro que el derecho a vivir.
La izquierda plural le echa la culpa al PP que redactó y aprobó el Código Penal, así todo queda resuelto, pero durante todo este mandato, que no es del PP, nadie se ha acordado de modificarlo. Es más, sabiendo la dureza de este CP y las penas que impone, todavía tiene mayor delito haber metido por esta vía las movilizaciones de los trabajadores, como han hecho y se empeñan en mantener. Por ello ahora no se puede culpar y escudarse en que es el PP el responsable porque redactó y aprobó el Código Penal -que lo es- pero ahora es precisamente esta izquierda plural la que lo ha mantenido en vigor y que además lo aplica profusamente a sabiendas de su crueldad e injusticia y en esto no puede echar la culpa a nadie, salvo a sus oscuros intereses.
En todo este proceso no hay acusación, dice una y otra vez la corporación municipal del PSOE e IU; todo parece indicar que la acusación nace por generación espontánea o al menos es lo que pretenden hacernos creer. Pero la realidad es que aquí sólo hay dos trabajadores condenados como criminales, pero no en abstracto; nadie ha sido, nadie ha tirado la primera piedra, dicen e insisten en que las acusaciones se generan ellas solas automáticamente.
Otros intereses: urbanísticos, políticos y de poder son prioritarios, son el fin de toda la actuación, aunque los medios empleados sean dolorosos, el fin los justifica o al menos así parece. Nadie quiere condenar y encarcelar a Carnero y a Morala, nadie. Ni en el PSOE ni en IU pero todo esto, todas estas cuestiones no son más que «daños colaterales», todo es por una causa noble, es necesario hacer una política social correcta, es necesario estar y permanecer en el poder aunque ello implique ciertos sacrificios y no todos pueden salir beneficiados, incluso algunos salen perjudicados. Es necesario mantenerse en el poder para poder continuar con una política de viviendas protegidas lo que requiere la reestructuración de los astilleros de la Bahía para hacer más y más viviendas, como está ocurriendo, pero quien estorbe tan altruista intención tiene que ser encarcelado, negando cualquier responsabilidad y sintiéndolo mucho, como están diciendo. ¿Acaso es que los trabajadores han ido a juicio voluntariamente?, ¿Es que van a la cárcel voluntariamente? No. Van por que alguien los lleva y lo hace por la fuerza.