La mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Valencia ha sacado adelante hoy la modificación del plan urbanístico (PEPRI) que parte en dos el barrio histórico del Cabanyal, después que una sentencia del Tribunal Supremo paralizara el proyecto al considerar -como ya había establecido una Orden del Ministerio de Cultura de 2009- que la […]
La mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Valencia ha sacado adelante hoy la modificación del plan urbanístico (PEPRI) que parte en dos el barrio histórico del Cabanyal, después que una sentencia del Tribunal Supremo paralizara el proyecto al considerar -como ya había establecido una Orden del Ministerio de Cultura de 2009- que la actuación urbanística implica un «expolio». Pero detrás de la maraña procesal y la interminable batalla jurídica se esconde una intención muy clara: reemprender un proyecto -la ampliación de la Avenida de Blasco Ibáñez (una de las principales arterias de la ciudad) hasta el mar- que la alcaldesa de Valencia ha asociado al éxito y la grandilocuencia de su figura política. Partidos como EUPV-IU y organizaciones sociales como Salvem el Cabanyal han denunciado el «expolio» y pedido que se respete la sentencia del Tribunal Supremo.
La amenaza planea desde hace quince años a un barrio (Cabanyal-Canyamelar-Cap de França) de 21.000 habitantes, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993. Según el portavoz de EUPV-IU en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, el proyecto planea el derribo de 676 edificaciones, de las que 176 se encuentran protegidas por el actual Plan General. A pesar de ello, la iniciativa se acoge a la figura del Plan Especial de Protección y de Reforma Interior (PEPRI). Los sibilinos recovecos del lenguaje. Otra cuestión es la de los costes: el consistorio ha desembolsado 4 millones de euros esta legislatura en comprar, tapiar y derribar inmuebles.
La transparencia, a juicio de Amadeu Sanchis, tampoco es uno de los puntos «fuertes» del plan urbanístico, que pese su magnitud e implicaciones territoriales y socioeconómicas, se expondrá a información pública 45 días (incluido el mes de agosto). Por otra parte, hace diez años que están paralizadas las licencias de rehabilitación de fachadas y estructuras de las viviendas, a pesar de tratarse de un barrio histórico y con muchas edificaciones en situación de deterioro. Hace cuatro años (desde la entrada en vigor de la Orden del Ministerio de Cultura) que en el barrio tampoco se conceden licencias de actividad económica, con lo que se resiente palmariamente la actividad comercial.
En una trama urbana reticular, propia de las antiguas barracas que se alineaban en paralelo al mar, y en un tradicional barrio de pescadores y obreros portuarios (independiente de la capital hasta finales del siglo XIX), se planea la irrupción de una avenida de 48 metros de ancho que lo parte en dos, critica el portavoz de EUPV-IU. Con edificios de tres plantas que transforman la silueta de la barriada marinera. No sólo se trata de una «burla» y un «engaño», sino que es una actuación «ilegal», agrega Amadeu Sanchis, ya que «se desatienden las sentencias de la Audiencia Nacional en 2012 y del Tribunal Supremo en 2014».
Más argumentos contra el proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar pueden hallarse en los artículos 21.3 de la Ley Estatal de Patrimonio y en el artículo 39 de la Ley Urbanística Valenciana, que establecen que en los espacios con declaración de Bienes de Interés Cultural (BIC) ha de mantenerse el conjunto de la estructura urbana y arquitectónica, además de no admitir la modificación de alineaciones, las alteraciones de la edificabilidad ni la agregación de nuevos inmuebles. Sin embargo, recuerda el portavoz de EUPV-IU, «ya se han derribado edificios que formaban parte del conjunto histórico». Y después de las demoliciones, en muchos casos permanece el solar, sin que éste se destine a equipamientos u otros edificios, al contrario de lo que prescribe las normas urbanísticas municipales.
En el apartado propositivo, el grupo municipal de EUPV-IU plantea el mantenimiento de la trama urbana del Cabanyal-Canyamelar y, frente a los derribos, la rehabilitación de edificios comprados por el consistorio. Actualmente, el ayuntamiento los adquiere para su posterior demolición. La formación de izquierdas defiende asimismo dar uso a los solares: equipamientos educativos, de los que anda necesitado el barrio, plazas o zonas verdes; por último, se trata de levantar la prohibición que pesa sobre la concesión de licencias para rehabilitación de casas o apertura de comercios. De hecho, la semana pasada el Ayuntamiento multó a una vecina por rehabilitar la vivienda sin poseer la licencia municipal.
No menos directa es la argumentación de Vicente Gallart, arquitecto de la plataforma Salvem el Cabanyal y vicepresidente de la asociación de vecinos del Cabanyal-Canyamelar. «El PEPRI es un expolio», sostiene. «La entrada en el barrio de una avenida tan potente destrozará el tejido histórico y generará otro totalmente ajeno». Recuerda que ya se han derribado edificios singulares como el «Horno de la estrella»; cita asimismo la «ferretería Blasco» (también con una torre de observación) o «la casa de la Palmera». Por otro lado, se mantiene la previsión de derribo sobre manzana de pescadores en la orilla del Paseo Marítimo (la «marina auxiliante») y se rebaja la protección a la lonja del pescado, que en el anterior PEPRI contaba con el máximo grado de protección. Además, apunta Gallart, la anchura del derribo para abrir una avenida de 48 metros será de 84 metros.
El Ayuntamiento del PP, con Rita Barberá como cabeza visible desde 1991, ha hecho uso de malas artes. En palabras del arquitecto de Salvem el Cabanyal, «el consistorio ha utilizado la degradación como estrategia para sus intereses; han ido comprando casas después de que los propietarios terminaran agotados por la presión a la que se les sometía; luego, el ayuntamiento dejó que se deterioraran las casas ahora de su propiedad y también su entorno, donde además permitió el menudeo de droga y la ocupación irregular de viviendas masificadas y en condiciones de insalubridad». Es la degradación deliberada de un conjunto protegido (viviendas familiares adosadas en paralelo al mar, exponente de la arquitectura modernista del XIX), que contrasta con iniciativas de rehabilitación de barrios históricos en el litoral, que se dan en otras ciudades.
¿A qué intereses de fondo responde la iniciativa del Ayuntamiento de Valencia? Según Gallart, «pretenden apoderarse del frente marítimo de la ciudad y desarrollarlo siguiendo el modelo de Benidorm, con torres, especulación y nuevas construcciones; el Cabanyal-Canyamelar les supone un obstáculo para ello». En el entorno de la barriada se celebraban, además, en la época del boato y los grandes eventos, la Copa del América, la Fórmula 1 y hoy todavía asoma el «milagro» de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. «Somos un estorbo para su política urbanística», concluye el arquitecto.
Faustino Villora, uno de los portavoces de Salvem el Cabanyal, se integró en la resistencia desde primera hora, en el año 1998, cuando se constituyó esta plataforma que se reúne de manera abierta y asamblearia. Ese año el Ayuntamiento empezó a concretar sus planes para el Cabanyal: una poderosa avenida que llegara hasta el mar y la demolición de aproximadamente 600 edificaciones y unas 1.200 viviendas. Al Cabanyal-Canyamelar le afectan problemas comunes a otros barrios históricos: envejecimiento de la población y de los edificios, escasos planes de rehabilitación y falta de inversiones. Pero en el Cabanyal la cicatería inversora y el abandono se aprecia especialmente en la «mancha» donde se proyecta la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.
En esa zona, desde 1998 «no hay inversión en centros educativos, zonas verdes ni centros para mayores», sostiene Faustino Villora. «y ello obedece a una estrategia premeditada para favorecer su proyecto urbanístico». Señala que según los anuarios estadísticos del Ayuntamiento, el Cabanyal destaca por la cohesión social, la identificación de los vecinos con este espacio urbano y el uso de la lengua autóctona. Sin embargo, «a quienes defendemos el patrimonio, el equipo de gobierno municipal nos acusa de oponernos al progreso», apunta Villora. Destaca, asimismo, la estrategia de «desgaste» lanzada por el PP (gente hacinada y en condiciones irregulares en casas compradas por el Ayuntamiento, «personas a las que luego, para que se vea cómo se les utilizó, se les negó el empadronamiento». «Han fomentado la división y la fractura social», remata.
Lo mejor de los últimos quince años ha sido la resistencia popular. Faustino Villora recuerda algunos de los hitos. La huelga de hambre de 22 días en el año 2000, donde en el centro de Valencia (frente a El Corte Inglés) todos los días se mantenía al menos un núcleo de cien personas; la fiesta de «moros y cristianos» en 1999, donde miembros de Salvem el Cabanyal, cacerola en mano, cortaron el paso a los concejales que defendían la «prolongación»; la pancarta de 16 metros desplegada en la fachada del Ayuntamiento durante un pleno de 2001; en París, llevando las reivindicaciones de la plataforma a la sede de la UNESCO; también en Bruselas, donde se le presentó a la alcaldesa una carta el mismo día que se presentaba la Copa América. Concentraciones, conciertos, manifestaciones…El mundo de la cultura, partidos (EUPV-IU, PSPV-PSOE y Compromís) y movimientos sociales han mostrado su apoyo. A una lucha de 15 años, y que continuará…
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