El ayuntamiento exigirá el permiso de residencia a quienes quieran registrarse. Los que no lo tengan dispondrán de 3 meses para obtenerlo y evitar ser denunciados. El Ayuntamiento de Vic modificará los criterios para el empadronamiento de los inmigrantes que lleguen a la ciudad. La medida, que se aplicará de manera inminente, pretende, dice el […]
El ayuntamiento exigirá el permiso de residencia a quienes quieran registrarse. Los que no lo tengan dispondrán de 3 meses para obtenerlo y evitar ser denunciados.
El Ayuntamiento de Vic modificará los criterios para el empadronamiento de los inmigrantes que lleguen a la ciudad. La medida, que se aplicará de manera inminente, pretende, dice el consistorio, «poner un poco de orden» y evitar las situaciones conflictivas que puedan derivarse de una documentación irregular. La decisión no afecta a las personas que se hayan acogido a una reagrupación familiar.
Así, los extranjeros que quieran registrarse en el padrón deberán demostrar que tienen toda la documentación en regla, es decir, que cuentan con el pertinente permiso de residencia o de trabajo en España. En caso contrario, el consistorio concederá un documento «provisional» y los implicados tendrán tres meses para «normalizar» su situación. Si durante ese periodo no se aportan los papeles, el empadronamiento se formalizará, pero se comunicará la «irregularidad» a la dirección general de la Policía Nacional, el organismo al que compete abrir los expedientes de expulsión. En todo caso, la última palabra la tendrá siempre la Administración central.
TRÁMITE SENCILLO
Hasta ahora, el empadronamiento en Vic, como en toda España, era muy sencillo: bastaba con mostrar un pasaporte, como ocurre en tantas otras poblaciones catalanas. Si se presentaban incidencias, se resolvían con posterioridad. Pero con el nuevo protocolo, Vic pretende evitar que algunos casos «se puedan escapar» y causen «problemas» en el futuro, según el concejal de Acció Social, Joan López (ERC).
CIUDAD MESTIZA
«Debemos exigir que los recién llegados cumplan la ley. Trabajamos en una doble vertiente: la acogida y la legalidad», argumenta el alcalde, Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), para justificar la resolución.
Vic es una ciudad totalmente mestiza, en la que conviven más de 90 nacionalidades, con unos índices de inmigración muy elevados, que superan el 23%. La mayoría de extranjeros llegaron en una primera oleada migratoria procedente de Marruecos. En los últimos años, han tomado el relevo los latinoamericanos y subsaharianos.
La modificación de los criterios del empadronamiento tiene por objetivo «simplificar una amalgama de cuestiones jurídicas y administrativas, agravadas por las complejas situaciones personales de algunos inmigrantes», razona López. «Hasta ahora, los funcionarios tenían que discriminar según su criterio algunos casos conflictivos», agrega.
MEDIDA LEGAL
El concejal insiste en que la medida no vulnera la legalidad, ya que el derecho al empadronamiento «está más que garantizado». También las prestaciones que se derivan del mismo, como la tarjeta sanitaria, las ayudas sociales o la escolarización. La norma, agrega, se ha consensuado con los cuerpos de policía, tanto del Estado como autonómicos.
Según algunos datos facilitados por el ayuntamiento, los cambios afectarán a un pequeño porcentaje de extranjeros. Entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, 127 personas pasaron por la Oficina Municipal d’Acollida para empadronarse, de las que siete presentaron irregularidades. De estas, solo cuatro (el 3 % del total) no superaron los problemas documentales.
PLATAFORMA XENÓFOBA
La diversidad de orígenes ha supuesto un gran impulso económico para la ciudad de Vic, pero no ha resultado gratuita y ha generado algunos problemas de convivencia. La muestra más flagrante es el auge de la formación xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC), que obtuvo cuatro concejales en las pasadas elecciones municipales. En este marco, la capital de Osona no ha dudado en ofrecerse como campo de pruebas en algunos ámbitos. La ciudad acogió el año pasado, junto a Reus, el primer y polémico Espai de Benvinguda Educativa, unas aulas para facilitar la inserción de los alumnos inmigrantes.