Los bancos «niegan la realidad», al pretender que la financiación «es una actividad neutral», dice el director del informe Seis días después de que 46 países, entre ellos España, firmaran la declaración de Oslo que se compromete a impulsar en 2008 la prohibición mundial del uso, venta y producción de bombas de racimo, diversas ONG aseguran que BBVA y Santander financian a compañías que fabrican este tipo de armas. Entre otras organizaciones no gubernamentales, Handicap International y Human Rights Watch, revelaron este miércoles, 28 de febrero, que los bancos españoles BBVA y Santander figuran entre las entidades que realizan operaciones de este tipo con empresas en todo el mundo, según informa la agencia EFE. Estas dos ONG, junto a la belga Netwerk y la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres, presentaron en Bruselas el informe Inversiones explosivas, en el que se denuncia que 68 bancos de diferentes países ofrecieron créditos por 10.000 millones de euros a fabricantes de bombas de racimo entre 2004 y 2007. Bank of America, Barclays, Citigroup, Lloyds TSB Bank, HSBC, Merrill Lynch o el Deutsche Bank están también entre las entidades que habrían ofrecido créditos sindicados a seis productores mundiales de bombas de racimo: las estadounidenses Lockheed Martin, GenCorp, Raytheon, Textron, la francesa Thales y el consorcio europeo EADS.
Negar la realidad
El autor del estudio, Christophe Scheire, consideró en rueda de prensa que estos bancos «
niegan la realidad«, al pretender que la financiación «
es una actividad neutral«. También les recriminó que investiguen en profundidad a las empresas para asegurarse de que sus operaciones serán provechosas, pero no hagan lo mismo para averiguar el destino de los fondos que prestan. Según el informe, el BBVA participó con 35 millones de dólares en un crédito sindicado en 2005 entre trece bancos a la empresa Raytheon, por un valor total de 2.200 millones. Este banco también habría participado, junto al Santander y otras 34 entidades de crédito, en una financiación de 3.650 millones a la empresa EADS. Un portavoz del Santander confirmó a Efe que participó en esta operación, aunque quiso aclarar que «EADS es un consorcio de aviación europea que tan sólo dedica una porción de su volumen de negocio a la industria militar» y que
«también participa» en esta compañía el gobierno español, junto al francés y alemán.
Doble moral
Por su parte, fuentes del BBVA declinaron comentar los datos que aparecen en el informe. Cabe señalar que, según información publicada por
solidaridad.net, en su
Informe Anual de 2005, el BBVA hizo alarde de su
Responsabilidad Corporativa y, en boca de su presidente, Francisco González, afirmaba:
«Queremos…actuar de forma correcta, ética y eficiente con todos los sectores con los que, directa o indirectamente, nos relacionamos, tomando en consideración equilibradamente todas las dimensiones de nuestra actividad. La económica, desde luego, pero también la humana, la social y la ambiental«. Sin embargo, esta entidad bancaria no tiene el mínimo reparo en realizar sonoras inversiones en empresas fabricantes de todo tipo de armamento, entre el que se encuentra el ahora denunciado por las ONG.
El ejemplo de Bélgica
Las organizaciones no gubernamentales reclaman a la comunidad internacional que siga los pasos de Bélgica, que en los próximos días se convertirá en el primer país que
prohíbe expresamente a sus entidades financieras ofrecer créditos a ninguna «
compañía activa en la producción, uso, reparación, venta, suministro o exportación de bombas racimo«. Todo un ejemplo para gobiernos que, como el de los Estados Unidos, país que según el estudio se sitúa en el primer puesto en producción de bombas de racimo, defendió la pasada semana la legitimidad de su uso, en respuesta a la conferencia de Oslo. Las bombas de racimo, en ocasiones diseñadas con colores vivos que las hacen
atractivas para los niños, se fragmentan para multiplicar su capacidad destructiva al explotar. Por su causa, en 2006 un total de 3.830 personas murieron y 5.581 resultaron heridas en países como Irak, Afganistán, Líbano, Serbia, Sudán o Bosnia-Herzegovina, según las ONG.
