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El bono social y el perverso complejo de Robin Hood

Fuentes: Rebelión

A cuenta del Real Decreto-Ley 7/2016 (1) aprobado por el gobierno, para financiar el bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de electricidad, se han producido intentos de introducir alguna mejora antes de su convalidación en el congreso el 30 de enero. La indignación ha subido un peldaño porque perjudicaría a las […]

A cuenta del Real Decreto-Ley 7/2016 (1) aprobado por el gobierno, para financiar el bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de electricidad, se han producido intentos de introducir alguna mejora antes de su convalidación en el congreso el 30 de enero. La indignación ha subido un peldaño porque perjudicaría a las comercializadoras más pequeñas (2).

Dentro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) también ha habido discusión, cuando Jorge Morales de Labra mandaba su propuesta para que la financiación sea a cargo de presupuestos generales del Estado. También otras opiniones, como Pedro Linares de Economics for Energy (3), apuestan por el mismo tipo de financiación. Al Observatorio Crítico de la Energía (OCE) le parece razonable que las empresas encargadas del suministro asuman el coste de estas medidas «mientras no se aborden al menos algunos de los problemas estructurales de la economía española» (4).

El RDL quiere dar a entender que hace un esfuerzo por cumplir la normativa europea de obligaciones de las empresas con respecto del consumidor vulnerable, mientras se olvida de otras peticiones de la Comisión Europea, como el caso de los consumidores vulnerables de gas natural. Además, en Europa lo normal que el gobierno se haga cargo de estas ayudas (5). Reino Unido, que hace más de 30 años que puso en marcha las primeras políticas contra la pobreza energética, poco dado a pagar mamandurrias (como diría Esperanza Aguirre, que se fija en sus políticas cuando le interesa), sin embargo sí que paga estas ayudas. En Francia se está ensayando el cheque de energía para sustituir a la tarifa social, con lo cual terminará pagándolo todo el estado.

Y es que el debate ha llegado a España con mucho retraso. No hay mas que hacer un repaso de los últimos programas electorales de los que disponemos, los de las elecciones vascas (6): salvo excepciones, el nivel fue muy bajito.

En mi opinión, hay un cierto complejo de Robin Hood entre la gente crítica con el oligopolio eléctrico, como si con el bono social hubiera llegado la hora de que las ricas eléctricas sean quienes paguen a los hogares en situación de pobreza energética. Creo que el nivel de cabreo conduce a propuestas que pueden ir en contra del problema que quieren solucionar. Nada indica que pagando el bono social vayan a reducir sus beneficios; mas bien repercutirán esas cantidades en los consumidores de electricidad, encareciendo la factura (como lo hacen otras tantas partidas incluidas en la misma), y empeorando los problemas de estas familias. Hay quien entonces propone cobrarse lo que costaría el bono social de los obscenos beneficios del oligopolio. Pero… ¿no sería mejor que esos beneficios no fueran tan excesivos?

Luis Gonzalez lanzaba una propuesta de reforma global del sistema eléctrico, en el marco de una ley orgánica de cambio climático y transición energética. En su análisis deja claro que el proceso de liberalización del sector eléctrico, emprendido en 1997, ha sido un fracaso. Las grandes eléctricas se quedaron con la mejor parte del pastel, las centrales nucleares y las hidráulicas. El mercado eléctrico actual es un mercado marginalista, como en otros países de Europa, pero aquí su repercusión en el precio de la electricidad es desproporcionado. Y si las grandes eléctricas pueden jugar en la producción entre unas tecnologías y otras, con estas reglas del juego elegirán las más caras (que son las que determinan el precio de la electricidad).

Se pueden hacer otras críticas, como el elevado IVA de la electricidad, un 21%, en teoría un bien de primera necesidad (que tributan al 4%).

El gobierno ante la bajada del consumo decidió subir la parte fija de la tarifa y abaratar la variable (el consumo de energía que realiza el hogar), con lo que, además de ser una medida en contra del ahorro, hace que con bajos consumos las facturas sigan siendo muy elevadas.

Si se bajase el IVA y la parte fija de la factura eléctrica, sólo estas dos medidas tendrían más efecto que el bono social, y se reducirían los problemas de muchas familias a la hora de pagar sus facturas. En cambio, el gobierno dejaría de recibir un suculento pellizco (que hoy en día no dedica a los problemas de las familias en situación de pobreza energética).

Si se quiere ir un poco más lejos e incluir algo en una futura ley de transición energética, tanto en Francia como en Inglaterra la pobreza energética está contemplada explícitamente en sus respectivas leyes de transición energética: cuando se plantean medidas de eficiencia energética, hay que tener siempre en cuenta a los hogares en dificultad (porque carecen de información, no se pueden permitir esas inversiones, etc.).

Notas:

  1. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12267
  2. https://unccuer.wordpress.com/
  3. https://economicsforenergy.wordpress.com/2016/12/26/pistas-para-el-nuevo-bono-social/
  4. https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/130/Controversias_en_torno_pobreza_energetica_Dialogo_entre_EfE_y_OCE_J._Bellver.pdf
  5. http://www.energiaysociedad.es/europa-y-el-bono-social/
  6. Iñigo Antepara. Pobreza energética en Euskadi. Revista Galde 16 https://drive.google.com/file/d/0B-6NvzniCy2GWmtoblhGR2JoclE/view

Iñigo Antepara. Investigador postdoctoral en temas de pobreza energética y economía social

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.