Un Afiche pegado el pasado mes de noviembre en una pared de la «zona cero» (la más degradada) del barrio del Cabanyal, en los poblados marítimos de Valencia, decía así: «Vecinos y vecinas. ¿Estás en peligro de sufrir un desalojo o un desahucio? ¿Estás siendo presionado a abandonar tu casa por problemas de salubridad o […]
Un Afiche pegado el pasado mes de noviembre en una pared de la «zona cero» (la más degradada) del barrio del Cabanyal, en los poblados marítimos de Valencia, decía así: «Vecinos y vecinas. ¿Estás en peligro de sufrir un desalojo o un desahucio? ¿Estás siendo presionado a abandonar tu casa por problemas de salubridad o estructurales? ¿Te suben el alquiler y no puedes pagarlo? ¿No te renuevan el contrato? Nadie se tiene que ir del Cabanyal por su rehabilitación» El cartel convocaba a una asamblea del Espai Veïnal del Cabanyal, constituido en el verano de 2015 por personas que tratan de ofrecer alternativas de «resistencia» y «combate» ante un proceso de «gentifricación» en la barriada, que genéricamente los sociólogos definen como la sustitución de estratos de población con limitados o escasos recursos, por gente de clase media-alta o adinerada. Frente a esta «elitización» del barrio, el Espai Veïnal apela a la participación autoorganizada de los vecinos y los movimientos sociales.
El conjunto formado por los barrios del Cabanyal, Canyamelar y Cap de França, que suma 20.500 habitantes, se localiza en la zona central del Distrito Marítimo de Valencia. Municipio independiente de la capital entre 1837 y 1897, hoy la tasa de paro en el Cabanyal se sitúa en torno a un tercio de la población activa, en muchos casos desempleados de larga duración, con mayor temporalidad y menor formación que la media de Valencia, a lo que se agregan tasas muy significativas de paro juvenil femenino. La radiografía del proyecto «Va Cabanyal», que plantea una estrategia de «desarrollo urbano sostenible» en el barrio, subraya el peso de la población mayor y pensionista, así como la elevada proporción de establecimientos comerciales cerrados. Con todo, el informe constata un tejido comercial y terciario «relativamente amplio».
El Cabanyal no es una barriada de aluvión ni de última hora. Su núcleo fue declarado Bien de de Interés Cultural (BIC) por la Generalitat Valenciana en 1993, por su trama en forma de retícula que se deriva de las alineaciones, en paralelo al mar, de las antiguas barracas valencianas. El corazón del barrio acoge asimismo una arquitectura popular de carácter ecléctico, casas modernistas y edificios centenarios. Pero en 1998 la mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Valencia impulsó el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) en el Cabanyal, que suponía el derribo de 1.650 viviendas y cerca de 570 edificaciones.
Pese al uso de sustantivos como «protección» y «reforma», la iniciativa tenía como fin la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez (una de las principales arterias de la ciudad) hasta el mar, lo que implicaba la destrucción de la trama urbana del Cabanyal y la partición del barrio en dos mitades. En 1998 se constituyó la plataforma «Salvem el Cabanyal», cuya lucha durante más de quince años se concretó en asambleas, recogida de firmas, manifestaciones -en el barrio, en el centro de Valencia y en Bruselas-, recursos judiciales, huelgas de hambre o las jornadas «Portes Obertes», que abrían las casas del barrio para la exposición de obras artísticas. En julio de 2015 se cerró un ciclo, cuando la nueva mayoría política en el consistorio valenciano, integrada por Compromís, el PSPV-PSOE y València en Comú, derogó el PEPRI del Cabanyal.
¿Qué ha ocurrido en este barrio marítimo de Valencia durante los últimos quince años? Además de la falta de inversiones y limpieza en el barrio, la estrategia del Ayuntamiento, capitaneado por Rita Barberá, ha consistido en comprar casas, tapiarlas y abandonarlas. La generación de bolsas de pobreza y venta de droga era «funcional» a su idea de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a costa del Cabanyal. El Ayuntamiento llegó a alquilar a familias pobres viviendas, que previamente había adquirido, sin darlas de alta en los servicios de luz y agua. «Cuando se derruía alguna casa, las ruinas quedaban durante tiempo sin retirar», afirma un vecino. «Después aparecían las ratas y las malas hierbas; su objetivo era vaciar el barrio, que la gente se fuera porque resultaba insoportable vivir en el Cabanyal».
Esto ocurría en la denominada «zona cero», núcleo histórico y sector más deteriorado de la barriada, por donde estaba prevista la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez. Vecinos de toda la vida, para quienes la casa tenía también un valor sentimental, se vieron forzados a vender sus casas a precios muy bajos o a irse del barrio y alquilarlas. Una estrategia deliberada de degradación para la que se echó mano de la policía local. En determinados periodos al ayuntamiento le interesó no denunciar ocupaciones, ni «enganches» a la luz, ni tampoco enviar a los agentes para ver qué ocurría en las viviendas de propiedad municipal. En otros casos, cuando familias pobres rehabilitaban sus casas, los agentes les denunciaron y el consistorio emitió órdenes de desalojo. «El Ayuntamiento ha utilizado a los pobres como infantería, como carne de cañón», agregan vecinos consultados.
La asamblea del Espai Veïnal coincide en que se está produciendo una «crimalización de la pobreza», con el fin de expulsar del barrio a la población con menos recursos. «El PP pensaba arrasar de la manera que fuera, el nuevo tripartito municipal trata de revalorizar el barrio con noticias más bonitas en el periódico y de manera más amable cara al público». Además de vecinos autóctonos, en la «zona cero» del Cabanyal vive población rumana y gitana. Las familias rumanas habitan en casas de alquiler, en muchos casos pagando precios desorbitados y con cláusulas abusivas. Se han dado casos del pago de 500 euros por el alquiler de viviendas, sin incluir luz ni agua. Es habitual observar a jóvenes rumanos en bicicleta, que viven de recoger chatarra y acumularla en casas o bajos para reciclarla y venderla. Es su principal fuente de ingresos. «La policía local les ha impuesto multas bajo la acusación de tener chatarrerías ilegales», informa el Espai Veïnal. Algunos han sido objeto de sanciones, de 2.000 euros, por carecer de «licencia ambiental». También se ha dado el caso de población rumana que ha firmado las multas sin saber leer ni escribir en lengua castellana.
En el núcleo depauperado del Cabanyal se han producido cortes en los suministros básicos, sobre todo de energía eléctrica por parte de Iberdrola, a personas que se ven obligadas a «pinchar» la luz. En la estrategia de acoso se utilizan argumentos como la carencia de la «cédula de habitabilidad» o el «peligro de ruina» de las casas. Hay personas que han tenido que abandonar sus viviendas ante las denuncias. Fuera de las casas, en el espacio público, donde la población hace vida cotidiana, el Espai Veïnal ha denunciado identificaciones masivas por parte de la policía local el pasado verano, que actualmente son más «selectivas».
Por tender ropa en la calle sin permiso municipal («ocupación de la vía pública»), la policía local ha impuesto multas de 500 euros a familias rumanas. A algunos de ellos los agentes les arrebataron la bicicleta. Por otro lado, se han retirado las bancadas de madera cercanas a los puntos de reunión popular. Una acción vecinal, simbólica, que consistió en reponer los bancos duró muy poco, hasta que fueron retirados por los policías municipales. También es frecuente la presencia de agentes policiales de paisano. Un vecino, que prefiere el anonimato, asegura que la Policía Nacional considera el barrio del Cabanyal «zona roja» de intervención. «Hasta hace muy poco se produjeron persecuciones por perfil étnico, con la coartada de la venta de droga o la delincuencia», agrega la misma fuente.
El «Espai Veïnal» pone como ejemplo de «racismo» y «abuso» policial la experiencia de Margarita Díaz, chica de etnia gitana que reside en el Clot (zona más al este del Cabanyal), juzgada en diciembre de 2015 después que fuera detenida un mes antes. Así se resumen los hechos en un comunicado: «Una mujer -Margarita Díaz- que acudió en ayuda de su hermano, enfermo de esquizofrenia y que estaba siendo reducido por la policía en medio de un brote, acabó pasando la noche en el calabozo con el cuerpo lleno de moratones y una denuncia por haber agredido a los agentes, mientras estos dejaron a su hija sola en la calle».
Estas actuaciones se insertan en un proceso más general, subraya el Espai Veïnal, que se concreta en una «sustitución poblacional casa por casa». Además, «se busca que lleguen nuevos inversores». En el barrio han aparecido nuevas agencias inmobiliarias, algunos proyectos hoteleros, ha subido el precio de los alquileres y se detectan movimientos de grandes promotores para la adquisición de suelo. «Se trata de hacer un barrio atractivo para que llegue otra gente, no ricos con Mercedes pero sí clase media y media-alta, profesionales liberales y estudiantes Erasmus, también se intenta fomentar el turismo cultural».
Poco tiene ello que ver con la población mayor que vive en el Cabanyal, vecinos de la ciudad; tampoco con los rumanos que reciclan chatarra, ni con la población de etnia gitana, dedicada a la venta en el rastro y los mercadillos, con fuertes hábitos de socialización en la calle y hogares de familia numerosa. Y sobre todo, pobre. Ni con los jóvenes del movimiento Okupa que resisten desde los albores de 2000 en el Cabanyal. Se puede estar fraguando un cambio poblacional, de ahí que sectores del barrio denuncien un proceso de «gentifricación». Ubicado en la denominada «Zona Cero» y con casi cuatro años de existencia, el Centro Social Okupado y Autogestionario La Fusteria recuerda que el barrio son también los ateneos, asambleas y proyectos de resistencia que actúan en el Cabanyal durante años, como La Pilona, Malas Pulgas o los que han tomado el relevo.
Guillermo Carbajosa, de 54 años, lleva dos años viviendo en el Cabanyal y hoy reside en la zona más conflictiva del barrio. «Sistemáticamente, afirma, la policía local está contactando con los propietarios de las casas para recordarles que pueden deshacerse de los okupas» (jóvenes de los movimientos sociales). Otro vecino asegura que estas prácticas se extienden a los propietarios en cuyas viviendas reside población rumana, en régimen de alquiler. Además, «ciudadanos franceses, italianos y belgas de clase media-alta están comprando casas en el Cabanyal, donde el precio de la vivienda ha aumentado sensiblemente desde la derogación del PEPRI», explica Carbajosa.
A poca distancia del mar, en una zona «golosa» para los intereses inmobiliarios, se ubican los «Bloques Portuarios», en los que residen entre 120 y 130 familias en situación de exclusión, en su gran mayoría de etnia gitana. Los «bloques» se construyeron mediados los años 50 del pasado siglo. Allí vive en un piso, con su familia de siete miembros, Marcos Bermúdez, de 48 años y etnia gitana, que se gana la vida vendiendo bisutería en los mercadillos de barrio. Su mujer vende en el rastro. Ante la degradación del Cabanyal, opina, «habría que intentar la rehabilitación, pero, si se lleva a cabo, intentarán que entre en el barrio gente nueva, por ejemplo de etnia no gitana».
Sobre la situación en los «Bloques Portuarios», reconoce que la mayoría de los vecinos viven de manera «irregular», «pero el problema es que el Ayuntamiento no nos concede la cédula de habitabilidad; nos gustaría regularizar la situación y pagar un alquiler social». «Ahora vivimos en la incertidumbre, con miedo a que nos echen de los pisos». Uno de los principales problemas reside en la falta de formación adecuada, y también de información sobre sus derechos. Esto explica que vecinos de los «bloques» hayan abandonado sus viviendas sin que exista orden de desalojo. También hay miedo a entrar en contacto con la Administración y los Servicios Sociales, por si acaso se generan dificultades (incluso que les «roben» a sus hijos). Marcos Bermúdez aboga por romper prejuicios: todos los menores de los «Bloques Portuarios» están escolarizados en dos colegios públicos de la barriada.
«El hecho de ser pobre no le convierte a uno en maleante o presunto delincuente». Estas palabras las ha trasladado Tomás Correas a las diferentes concejalías del actual ayuntamiento. También de etnia gitana, Tomás Correas es coordinador autonómico del Proyecto ROMED por el Consejo de Europa y portavoz de «Millorem el Cabanyal», asociación constituida en 2013 para visibilizar la problemática del barrio, donde este activista vive desde hace 50 años. Soldador con una minusvalía reconocida del 45%, actualmente cobra los 426 euros de la Renta Activa de Inserción (RAI). Considera que una de las cuestiones centrales es saber qué hará el Ayuntamiento con el parque municipal de viviendas y suelo, de notable importancia en el barrio del Cabanyal. «Sería vital que a través de la participación ciudadana las viviendas se pusieran a disposición de los colectivos en exclusión». También se ha comprometido ante el consistorio a realizar un censo con la situación de las viviendas de los «bloques». «Queremos un barrio humilde y solidario, y esto no tiene nada que ver con la delincuencia», remata, durante una conversación mantenida en el Rastro de Valencia…
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