La Agencia Española de Meteorología (AEMET) ha publicado el balance de lo datos meteorológicos obtenidos durante 2017. Por tercer año consecutivo, 2017 es el más cálido desde que existen registros, al igual que sucediese en 2016 y 2015. Esta continua ruptura de los registros máximos es una clara señal de alerta sobre el calentamiento global […]
La Agencia Española de Meteorología (AEMET) ha publicado el balance de lo datos meteorológicos obtenidos durante 2017
. Por tercer año consecutivo, 2017 es el más cálido desde que existen registros, al igual que sucediese en 2016 y 2015. Esta continua ruptura de los registros máximos es una clara señal de alerta sobre el calentamiento global que se está causando por la continua quema de los combustibles fósiles. La AEMET señala además cómo la temperatura media del 2017 es 1,1 ºC superior a la media de temperatura registrada entre 1981 y 2010, siendo en algunos puntos de la península superiores a 2 ºC.
El pasado año fue el segundo más seco registrado desde 1965, por detrás de 2005. Las precipitaciones han sido un 20 % inferiores a la media del periodo anterior. Una falta de lluvias especialmente grave en algunas zonas de la meseta y de Canarias donde las precipitaciones no han alcanzado la mitad de los valores normales. Además, tal como indica el IPCC, se constata que no solo existen menos días de lluvia sino que estas son más intensas. Prueba de ello es que durante 2017 las ciudades de Ceuta, Logroño y Cuenca marcan récord también en el registro de precipitaciones máximas diarias.
A pesar de estas señales de alerta y de la especial vulnerabilidad de la Península Ibérica a los efectos de cambio climático, las emisiones globales y españolas siguen incrementándose. El aumento del consumo de carbón y gas durante 2017 en el sector eléctrico, sumado al continuo crecimiento en las emisiones asociadas al transporte, la industria y otros sectores difusos, es una muestra clara de un modelo petrodependiente cuyas consecuencias ya están sufriendo importantes capas de la población a través de la reducción de las cosechas, cortes de agua, los daños a viviendas o el continuo encarecimiento de la luz y otros servicios básicos.
Ante esta situación el estado español, la ciudadanía y el resto de actores políticos y sociales deberían incrementar su apuesta por la transición a un modelo renovable a la mayor brevedad. Hace más de 11 años que se publicó el informe Stern, que ya establecía el enorme coste que suponía dilatar la acción climática. Todavía estamos lejos de alcanzar las reducciones necesarias para evitar las peores consecuencias. En este sentido, Ecologistas en Acción señala la soledad del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal en su defensa cerrada a un sector altamente contaminante como el carbón. Al igual que el almacenamiento de gas en Doñana que un reciente informe del Instituto Geológico y Minero de España ha puesto en cuestión, es una muestra clara de la errada política energética del Gobierno español.
A diferencia de muchos de los países de nuestro entorno menos vulnerables a las consecuencias del cambio climático, España no ha aprobado aún ningún plan de reducción de las emisiones. La asignación de derechos de emisión gratuitos a los sectores más contaminantes es tan generosa que no está originando ningún efecto desincentivador, sino todo lo contrario, ya que provoca un abaratamiento del precio de la tonelada de carbón. Del mismo modo, no ha trascendido ninguna noticia sobre la futura ley de cambio climático, varios meses después de que se cerrase la recogida de impresiones.
Las evidencias climáticas señalan que el clima se vuelve cada vez más extremo, no solo en lo que se refiere a la escasez de lluvias, sino también en la mayor frecuencia y magnitud de fenómenos meteorológicos muy intensos como el vórtice polar del pasado fin de semana. Ecologistas en Acción afirma que las soluciones existen: la democratización de la energía, la producción agroecológica, los modelos alternativos de movilidad y la reducción de consumos superfluos. Falta la voluntad política para convertirlas en el centro de la acción climática. En su lugar, se dejan las decisiones en manos de los mismos intereses empresariales que están agravando la crisis social y ambiental.