La superación de la brecha identitaria en Cataluña entre dos espacios políticos y sociales de dimensión similar, así como de la confrontación con y del Estado español solo es posible con el cambio de hegemonía política e institucional en ambos ámbitos. Se trata de desalojar a las derechas respectivas del poder gubernamental, con una alternativa […]
La superación de la brecha identitaria en Cataluña entre dos espacios políticos y sociales de dimensión similar, así como de la confrontación con y del Estado español solo es posible con el cambio de hegemonía política e institucional en ambos ámbitos. Se trata de desalojar a las derechas respectivas del poder gubernamental, con una alternativa democrática e integradora en lo (pluri)nacional y un plan progresivo en lo social. Dicho de otra forma, es necesaria otra España y otra Cataluña para que en el interior de ambas y entre ellas se entiendan las mayorías sociales tras un proyecto de país (de países) más justo, inclusivo y democrático. La unidad con la actual España liberal-conservadora y reaccionaria es difícilmente aceptable para la mitad de catalanes; su imposición autoritaria tampoco es aceptable para muchos españoles partidarios de una solución democrática y pactada. El cambio político en España es una imperiosa necesidad; pero sin las fuerzas progresistas de Cataluña sería más difícil. Y al revés.
El proceso independentista se ha construido sobre dos premisas falsas. Por un lado, su suficiencia democrática para ser hegemónico en Cataluña y su capacidad de poder para vencer al Estado español, que irían inexorablemente en aumento. Por otro lado, la promesa de que una República catalana, sin el supuesto lastre de España, resolvería mejor los déficits socioeconómicos de su población. Eso sí, con una calculada ambigüedad de su modelo social que apenas esconde la continuidad y el refuerzo de las políticas neoliberales que consolidan la desigualdad social, la precariedad laboral y las políticas públicas regresivas de sus actuales élites neoliberales. Además, sin cuestionar el marco del consenso liberal-conservador y restrictivo europeo y con la subordinación del supuesto talante socialdemócrata de ERC y anticapitalista de la CUP.
El primer aspecto ha quedado en evidencia ante el actual baño de realidad: el bloque nacionalista-independentista no llega a la mitad de legitimidad ciudadana (47,5%), con un ligero descenso desde 2012 (49,15%, incluida Solidaritat Catalana per la Independencia) y 2015 (47,74%). La expectativa de algunos de sus líderes de llegar a una mayoría más clara, en torno al 60%, que les reportara una holgada garantía democrática no se ha cumplido aunque no dejan de revalorizarla y embellecerla, haciendo solo hincapié en la precaria mayoría parlamentaria. Su horizonte sigue siendo ése, pero es difícil su realización, dada la estructura sociopolítica, cultural y demográfica de Cataluña, aunque a su favor estarían los posibles errores estratégicos, autoritarios y regresivos, del Estado español. Su pronóstico sólo es posible ante un cambio de ese campo mixto catalanista-español que representan los Comunes (y parte del PSC e incluso algunos votantes de Ciudadanos), aunque también necesitan de dilución de su agenda social. Es la dinámica de absorción o subordinación hacia el plan independentista conseguida en una parte del PSC y de Podem, difícil de ampliar. La obsesión independentista por ello genera una presión prepotente sobre este tercer espacio que roza lo punitivo.
Pero lo que se ha demostrado (sin demasiado reconocimiento público de sus dirigentes) es que desde el punto de vista fáctico o, lo que es lo mismo, de la capacidad operativa de las estructuras de poder propias o su conversión desde las instituciones actuales catalanas como los mossos y la estructura jurídico-administrativa, no han sido capaces de construir un contra-poder institucional o popular capaz de imponer la República catalana. Ello por mucho que haya algunos líderes que todavía mantengan la ficción de su existencia y la validez jurídica y política de su pasada declaración unilateral de independencia en el Parlament.
En ese sentido, la fuerza político-institucional del Estado se ha impuesto, aunque siga vigente el conflicto de poder y el empate de legitimidad que se expresan actualmente en la conformación del Govern de la Generalitat y su President. Así, aunque en el bloque independentista (en ERC y sectores del PdCat) haya cierto acatamiento a la legalidad vigente y realismo en la percepción de su debilidad fáctica y democrática es difícil la vuelta a la normalidad institucional. Permanece el conflicto de fondo y en su interior.
Se puede configurar un Govern independentista que siga gestionando la Generalitat con su doble lógica: acumular fuerzas -legitimadoras y fácticas- en otra fase transitoria y de forcejeo negociador ventajoso y preparatorio hacia la independencia; consolidar la hegemonía institucional y de gestión de las políticas públicas, culturales y económicas de las actuales élites de orientación neoliberal con subordinación de la agenda social beneficiosa para las capas populares.
Ello significa que la nueva estrategia independentista, aun sin renunciar a la independencia debe articular un nuevo reajuste de los planes, instrumentos y ritmos. Es lo que se está ventilando en la actual conformación y legitimidad del Govern y los equilibrios entre ERC y Junts per Cataluña y el papel incierto de Puigdemont.
Por terminar con una metáfora futbolística. Ante un choque Barça / Real Madrid (o Espanyol) no se trata de ser neutral o ser el árbitro regulador. Independientemente de la afinidad respectiva se trata de construir otro equipo y participar en otro partido (otra liga), el de la selección española popular y diversa (en la que se incluye lo mejor de ambos y otros equipos) frente al equipo (liberal-conservador) de los poderosos (europeo, español y catalán) dirigido por el bloque de poder comandado por Merkel (junto con Macron y Schulz, y Rajoy, Rivera y Puigdemont) y presionado por los populismos xenófobos y autoritarios de la derecha extrema europea. Ése es el tablero y los polos principales del conflicto.
En definitiva, es necesario un plan sustantivo superador del conflicto identitario y la subordinación del cambio de progreso, con una respuesta democrático popular, (pluri)nacional-integradora y social-transformadora. Un proyecto igualitario, pluralista y solidario de modernización socioeconómica, democratización político-institucional y renovación ética y cultural. El horizonte debe ser el cambio de hegemonía política en España, en las elecciones generales de 2020, con el desalojo de las derechas, el distanciamiento de la dirección socialista respecto de su pacto de gobernabilidad con ellas y el fortalecimiento de la dinámica del cambio social y político progresista. Ello permitirá transformar las dinámicas sociopolíticas y el contenido sustantivo de la actual pugna institucional: el tablero, los polos y los motivos de referencia. Posibilitará la superación del bloqueo derivado de la polarización de las dos élites dominantes en el conflicto identitario con intereses hegemonistas complementarios frente a una alternativa democrática y de progreso diferenciada de las derechas neoliberales de ambos campos.
Por tanto, es imprescindible el fortalecimiento de una tercera posición integradora en la conformación territorial: otra Cataluña inclusiva en una España nueva y diversa. Y, al mismo tiempo, fortalecer un polo popular con una agenda social frente a las políticas regresivas y el modelo predominante de precariedad laboral y desigualdad social. La combinación de ambos objetivos nacionales-solidarios y democráticos-igualitarios pasa por la capacidad de articulación de En Comú Podem y la difícil y necesaria colaboración del PSC y ERC. Ello supone aspirar a un cambio del sistema de alianzas y las prioridades políticas frente a las derechas, más acordes con lo que la gente de Cataluña y España necesita.
Antonio Antón. Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de El populismo a debate (ed. Rebelión)
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