En los últimos días se ha presentado en varias ciudades del Estado Español una candidatura de izquierdas con vistas en las próximas elecciones europeas: Iniciativa Internacionalista. La propia presentación ha requerido una serie de avales que ha encontrado, entre otros partidos y organizaciones, en el PP, el PSOE, IU y otras candidaturas de menos calado […]
En los últimos días se ha presentado en varias ciudades del Estado Español una candidatura de izquierdas con vistas en las próximas elecciones europeas: Iniciativa Internacionalista. La propia presentación ha requerido una serie de avales que ha encontrado, entre otros partidos y organizaciones, en el PP, el PSOE, IU y otras candidaturas de menos calado como Izquierda Castellana o la Colectivo de Unidad de los Trabajadores (CUT), miembros de cuyas direcciones son Doris Benegas (IC) y Juan Manuel Sánchez Gordillo «el controvertido alcalde de Marinaleda».
Se trata de una candidatura de izquierdas que propugna, como no puede ser menos en cualquier organización a la izquierda de la socialdemocracia, respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos (como lo hace el PCPE, el PCE m-l, IU-EB, e incluso el PSOE en tiempos de la Transición). Hasta aquí nada anormal. La ideología se enmarca dentro de los parámetros legales del Estado Español, la reivindicación del derecho a la autodeterminación e incluso a la independencia es esgrimida día sí y día también por los paladines de la «democracia española» otra cosa es orquestar los mecanismos para que la misma se lleve a cabo, lo que no es respetado por tales poderes tal y como se vio en el llamado «plan Ibarretxe», la candidatura contaba con avales de solvencia «democrática», y la lista (¡Ay, la lista!)… parecía tan inmaculada…y con tan pocos visos de obtener algún eurodiputado… que no parecía dar problemas a las mentes bienpensantes del Gobierno Español y su ficticia oposición.
Pero ha entrado en juego el ojo del inquisidor y, al igual que aquél, ha preferido un «Dios decidirá quienes son buenos y quiénes no, pero matadlos a todos», ahora se quiere condenar la lista de II al ostracismo basándose en que uno de los miembros de su lista se presentó en otra que no fue admitida por su vinculación con Batasuna. ¡Un sólo miembro contamina la totalidad! Hace unos meses se afirmaba lo contrario en instancias judiciales: era necesario un número significativo de participantes en listas ilegalizadas, un ideario próximo a las tesis de las organizaciones armadas «léase ETA», o una práxis contraria a los usos y costumbres de la «democracia» española. Ahora eso también ha cambiado, y un sólo miembro «que no tiene limitados sus derechos democráticos, ni ha sido condenado por terrorismo, ni nada por el estilo» pasa a ser prueba irrefutable de su vinculación con banda armada, a pesar de que asegure que su participación «por edad» es simbólica, y que el resto de los candidatos muestren su lejanía con respecto a ETA.
Está claro que Herri Batasuna logró en su momento cerca de 200.000 votos en Euskal Herria y otros 80.000 fuera de sus fronteras, y que el Estado Español quiere hacer desaparecer ambas cifras de su haber negro. Y lo va a hacer cercenando los derechos políticos (democráticos) de esos 80.000 residentes fuera de Euskal Herria «de los otros 200.000 no vamos ni a hablar».
El problema del cáncer independentista vasco toma entonces dimensiones exponenciales. Si por estar Alfonso Sastre en una lista de ANV «a la que no se permitió concurrir a las Elecciones, aunque no se le retiraron sus derechos políticos a elegir o ser elegido» contamina una lista en la que posteriormente participa, es lógico concluir que otras personas de la propia candidatura quedarán contaminadas. Así, a partir de ahora se debería proceder a la ilegalización, por simpatía, de Izquierda Castellana y del CUT.
Pero es que eso implica que los avalistas de la candidatura presentada (entre los que se encuentran militantes del PP, el PSOE e IU, a pesar de que después retiraran su apoyo) también quedan, cuando menos, bajo sospecha, y podrían ser ilegalizados «sus partidos y organizaciones» en un futuro próximo. ¿Quién quedará entonces?
Como bien dice Gordillo, avalar una candidatura no quiere decir que se le vaya a dar el voto, sino simplemente que se favorece su presentación en la contienda electoral. En España eso no funciona, o al menos no siempre. Avalar implica connivencia (lo vimos en las últimas elecciones), y connivencia es delito (aún sin pruebas), salvo que el acusado «curiosamente» demuestre su inocencia. Cosas de la democracia española.
Pablo A. Martín Bosch (Aritz) es Doctor en Filosofía por la UPV y licenciado en Antropología Social y Cultural por la UD.