El canon por préstamo bibliotecario: mercaderes en Alejandría

¿Qué es el canon?

En 1992 la Unión Europea estableció una directiva para armonizar las legislaciones en materia de derechos de autor que obligaba a los estados miembros a incorporar a sus legislaciones nacionales un canon que gravara los préstamos en las bibliotecas. La UE permitía a los países establecer las exenciones a este pago que creyeran necesarias en función de su coyuntura particular. En 1994 el gobierno español incorporó a la legislación de propiedad intelectual la directiva al tiempo que establecía una exención para todas aquellas bibliotecas, de titularidad pública o privada, que permitieran el acceso gratuito del público. Ahora, más de diez años después de esa directiva, la UE parece haber recapacitado y amenaza con sancionar a los estados que, como España, han liberado a sus bibliotecas de la obligación de pagar por prestar sus materiales. Desde Bruselas se aduce que la exención española es demasiado amplia. Desde las bibliotecas españolas se aduce… se aduce de todo. Los bibliotecarios están en pie de guerra y han preparado toda una batería de argumentos en contra de este pago que, entre otras cosas, disminuiría los ya escasos presupuestos de las bibliotecas públicas. Como apunta el bibliotecario Ramón Salaberria, «hay algún cínico que señala que el canon no tiene por qué salir de las partidas presupuestarias bibliotecarias, que puede que salga de algún ahorro armamentístico… Sí, claro, cómo no».

Cui prodest

¿A qué se debe que ahora en Bruselas quieran eliminar la libertad para establecer exenciones? Según nos cuenta Blanca Calvo, directora de la Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara, el otoño pasado se celebró en Londres una reunión de entidades de gestión de derechos de autor procedentes de distintos países europeos. «Parece ser que allí se pusieron las pilas los que pretenden sacar provecho de la literatura sin escribirla ni divulgarla. Creo que son ellos los que están intrigando para que se anule la exención del canon que se decidió hace años en España». ¿De dónde salen estos equipos de ejecutivos y abogados que pretenden, según dicen, defender el derecho de remuneración de los autores? Las entidades de gestión, nacidas en su mayoría en las dos últimas décadas, han cobrado muchísima fuerza en los últimos años. El caso de nuestra Sociedad General de Autores, la celebérrima SGAE, y sus prácticas más que abusivas es bien conocido. Menos fama tiene el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), entidad que nació para luchar contra las fotocopias de libros y que agrupa a un buen número de escritores y editores. En 2003 CEDRO recaudó nada más y nada menos que 16 millones de euros. No está mal para la hermanita pequeña de la SGAE. Como dice Ramón Salaberria, «con esa lana pueden contratar a todos los catedráticos de derecho que quieran. Son profesionales: tienen gente muy preparada para trabajarse los despachos de los ministerios y consejerías autonómicas, tienen recursos para crear opinión en los medios de comunicación y conocen Bruselas mejor que la palma de su mano. Se mueven con mucha eficacia, son unos lobos. Y saben que están sentados sobre una montaña de oro».

El pobre autor

Naturalmente, su discurso público siempre gira en torno a la protección del autor, que gana tan poquito y cuyos libros cualquiera puede leer gratis en una biblioteca. En primer lugar, como nos recuerda Juan Barja, responsable de la editorial Abada y director del Círculo de Bellas Artes, «de gratis nada: el Estado ha pagado por él». Y como apunta el novelista Félix Romeo, «los autores deben cobrar cada ejemplar de su libro una única vez. El derecho de autor está perfectamente salvaguardado en la compra de cada ejemplar por parte de las bibliotecas». En segundo lugar, las bibliotecas fomentan la lectura y conservan los libros después de ese primer mes que duran, por término medio, las novedades en nuestras librerías, protegiendo así el que es, posiblemente, el primer derecho de un escritor: el derecho a ser leído. Como dice Blanca Calvo, «el quid de la cuestión es conseguir que se invierta más dinero en compras institucionales: si la capacidad de compra de las bibliotecas crece, todos los eslabones de la cadena del libro -autores, editores, libreros, lectores y bibliotecarios- saldrán ganando». Y en tercer lugar, ¿por qué no escuchar a los interesados? A 30 de junio de este año, ya habían firmado el manifiesto en contra del canon por préstamo público 438 escritores, entre los que se cuentan muchas de las gallinas de los huevos de oro del mercado editorial, como José Saramago, Almudena Grandes, Maruja Torres, Manuel Rivas o Elvira Lindo.

Con todo, parece que el acuerdo es generalizado: los autores reciben un margen demasiado exiguo por la venta de sus obras. Pero es posible que haya otras maneras de remediar esta situación que no pasen por una agresión al derecho de acceso a la cultura. Como dice Félix Romeo, «en este momento hay un gran abanico de asuntos (charlas, artículos, guiones…) que permite que el escritor pueda ganarse la vida, si no con sus libros, sí con la literatura. Además, cada autor recibe la remuneración que negocia con su editor o con el productor que adapta su libro o con la editorial que le traduce en el extranjero o…». En efecto, lo que parece que siempre se olvida es que existen los contratos de edición. Como dice Ramón Salaberria, «es ahí, en ese ámbito, donde deben actuar los autores que están insatisfechos con lo que reciben por su obra. No me parece de recibo que en las actuales condiciones de la biblioteca española vengan los editores, camuflados de sociedad de gestión de derechos de autor, e intenten que los presupuestos públicos cubran las carencias económicas de los autores, provocadas por los contratos de edición que imponen esos mismos editores a sus escritores». En efecto, basta echar un vistazo a los nombres de los directivos de la entidad de gestión CEDRO para descubrir sorprendentes coincidencias. Según datos proporcionados por Salaberria, «el actual presidente de CEDRO, Josep M. Puig de la Bellacasa (de Multimedia Ediciones, grupo Planeta), es a su vez el vicepresidente 2º de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y presidente del Gremio de Editores de Cataluña. El vicepresidente 2º de CEDRO, Antonio Roche (editorial Biblioteca Nueva), era todavía en 2003 vicepresidente 1º de la FGEE. El actual vicepresidente 3º de la FGEE, Javier Gogeascoechea (Desclée de Brouwer), es vocal de CEDRO. Fermín Vargas (Alianza Editorial) es tesorero de la FGEE y vocal de CEDRO…»

Los editores

Pero no todo es tan turbio en el mundo editorial. Son muchos los editores que están firmemente en contra del canon. Juan Barja considera que el canon es «una aberración. El principal deseo y el principal derecho de un escritor es ser leído. No digo que el autor no deba cobrar -desde luego, mejor que el dinero sea para él que para el librero o el editor- pero la remuneración es un criterio obsceno, algo completamente ajeno al proceso creativo y comunicativo. Y, como editor, tampoco creo que ese canon nos beneficie en nada. La compra de libros por parte de las bibliotecas españolas ya es misérrima, restringirla aún más sería desastroso. Disminuiría la venta de libros y serían los criterios de mercado los que delimitarían cuantitativamente qué libros se venden, con la consiguiente pérdida de oportunidades para las apuestas más arriesgadas». Constantino Bértolo, de la editorial Caballo de Troya, esgrime otros argumentos para rechazar el canon: «Las editoriales utilizan para su producción de libros un fondo de patrimonio común, la lengua, y por lo tanto es de justicia económica que devuelvan parte de ese recurso público que utilizan y explotan, y eso por no mencionar los libros ‘libres’ de derechos que son ya de dominio público y que los editores editan sin tener que pagar royalties». Javier Azpeitia, subdirector de Lengua de Trapo y novelista, cree imprescindible que las bibliotecas estén bien surtidas «cosa que no ocurre en este momento. Y la razón fundamental es la falta de presupuesto. Si, del poco que hay, se desvía parte para dárselo a sociedades de gestión que luego se lo hagan llegar a los autores, estamos perdidos. Hay que recordar que en nuestro país la mitad de la población jura que no ha leído un libro y que no lo hará nunca»

Más restricciones

Pero siempre hay quien da la nota. En los últimos años algunas editoriales como Ediciones B, Península o Paidós han comenzado a incorporar a sus libros una nota de copyright que prohíbe, salvo autorización expresa, el préstamo público de esas obras. Afortunadamente, por ahora la prohibición es completamente inútil dada la legislación actual de derechos de autor. Lo que resulta más extraño es que algunos editores de empresas pequeñas como Minúscula o Acantilado se hayan decidido a incorporar también esta nota en sus libros a pesar de haberse declarado contrarios al canon.

Con independencia de su actual alegalidad, esta nueva restricción del copyright no está muy bien vista, ni siquiera entre los demás editores. «Supongo que a los defensores a ultranza de la propiedad privada les parecerá bien -declaraba Constantino Bértolo-. Como no es mi caso me parece mal». También Javier Azpeitia consideraba que la estrategia era claramente errónea: «Estoy seguro de que estas editoriales se equivocan. Están tirando piedras contra su propio tejado. No han calculado el valor que tiene la formación de lectores en bibliotecas y no han tenido en cuenta que los presupuestos son ridículos en este momento y no estamos en condiciones de reducirlos: esa debería ser la reivindicación común ahora. La búsqueda de una mayor rentabilidad inmediata de lo que es poco rentable se convierte a veces en un bonito modo de convertirlo en ruinoso».

Precisamente este es uno de los campos en los que quieren incidir los bibliotecarios con sus campañas. Blanca Calvo nos cuenta que, gracias a sus movilizaciones, «ya hay algunos autores que se plantean exigir que en sus obras se incluya una nota que diga que se permite el préstamo gratuito de sus obras en bibliotecas y hay editores que ya han empezado a hacerlo».

Las comparaciones son odiosas

Para comprender el perjuicio que podría ocasionar el canon no está de más echar un vistazo a las cifras. Como recuerda Salaberria, las bibliotecas españolas y, en concreto, las bibliotecas públicas (en adelante BP), que son las que realizan la mayoría de los préstamos, han estado olvidadas durante décadas. «En estos últimos quince años se ha dado un paso grande en su desarrollo pero ha sido sólo eso, un paso. Otros países con los que ahora nos quieren equiparar para pagar el canon llevan un siglo dando pasos de este tipo o mayores». Mientras las BP españolas prestaban 0,77 libros por habitante en 2000, la media europea era de 4,93 libros por habitante. Tras un desarrollo velocísimo, por fin en 2000 las BP llegaron a contar en sus fondos con un libro por habitante mientras la media europea era de 2,10 libros en 1998. «Para decirlo en breve, si las BP españolas crecieran al ritmo del período 1999-2000 (ojo, el mayor de su historia) estaríamos llegando a la media europea actual allá por el 2030 o 2040. De ese tamaño es el retraso que tenemos». Con este panorama, los defensores del canon recurren una y otra vez al ejemplo de las bibliotecas escandinavas que, según dicen, llevan cincuenta años «respetando el derecho a la remuneración de los autores» (o sea, cobrando un canon) y manteniéndose a la vez perfectamente dotadas. Parece que también aquí hay truco. Como señala Salaberria, «parece olvidarse que en 1946, cuando Dinamarca establece el pago a los autores por el préstamo de sus obras, las BP contaban con índices de préstamo anual por habitante que las BP españolas actuales van a tardar todavía décadas en conseguir. Las BP danesas contaban con 2,3 libros por habitante en 1960 y en este momento ya cuentan con 6,7. En 1960 las BP de Dinamarca prestaban 6 libros por habitante al año, hoy son ya 15,2. ¿Quién dijo que las distancias se acortaban, que ya nos acercábamos?» Por lo demás, el canon danés sólo se recauda sobre libros escritos en danés. En Finlandia y otros países nórdicos ocurre lo mismo: existe un canon por préstamo destinado exclusivamente a proteger a los autores que escriben en las lenguas oficiales de cada estado y, en último término, a apoyar la cultura nacional.

Volviendo a las cifras, el punto flaco de las BP españolas es, cómo no, el presupuesto y es precisamente ahí donde el canon golpearía. En España el gasto en BP asciende a 4,67 euros por habitante y año mientras que la media europea es de 13,35 euros. Los gastos para nuevas adquisiciones están muy por debajo de los europeos y en el año 2000, uno de los mejores, dos terceras partes de las BP compraron menos de 500 libros. Y todo ello en un país como España, el cuarto de Europa en producción editorial y el sexto mundial. En 2002, el mercado del libro español, dominado por grandes grupos editoriales, facturó en su conjunto 2.674 millones de euros, casi un 0,5% del PIB. Y, sin embargo, uno de los aspectos más sorprendentes del sector editorial, como señala Salaberria, es que, «siendo tan boyante (medalla de bronce en Europa, los sextos de un pelotón de 200 países, un mercado potencial de 400 millones de lectores) tenga que recibir tanta ayuda pública, estando, como están, las bibliotecas en la cola europea. Al margen de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado que reciben cada año la Federación de Gremios de Editores para promocionar el libro (¿el libro o sus libros?, esa es la pregunta), en el año 2000 se destinaron 9.426.000 euros a la promoción del libro y publicaciones culturales. Algo más de 1.500 millones de pesetas. Y todavía habría que sumar las ayudas de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas…»

www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm

www.maratondeloscuentos.org/librolibre/jornadaslibrolibre.htm