El llamado caso Morala-Cándido –dos activistas del sindicalismo obrero en el sector naval de Gijón– se ha convertido en un auténtico test para valorar la calidad ideológica de la actual izquierda asturiana; especialmente de aquella izquierda que ahora está en el poder pero que, en un próximo pasado, formó parte del histórico movimiento obrero, tan […]
El llamado caso Morala-Cándido –dos activistas del sindicalismo obrero en el sector naval de Gijón– se ha convertido en un auténtico test para valorar la calidad ideológica de la actual izquierda asturiana; especialmente de aquella izquierda que ahora está en el poder pero que, en un próximo pasado, formó parte del histórico movimiento obrero, tan misteriosamente desaparecido después del primer brindis por la Transición. Ambos sindicalistas –sometidos ahora a un humillante proceso judicial– son sendos arquetipos de aquella, al parecer, extinguida raza de sindicalistas reivindicativos, quienes protagonizaron, hasta hace pocos años, un gran parte –probablemente, la más dinámica y la más arriesgada socialmente– de la reciente lucha obrera por la dignidad de su clase y por el bienestar social de quienes la componían durante la dictadura franquista.
La decisión represiva, tomada en el sentido de aplicarles la vigente ley antiterrorista, pone a la (nueva) izquierda asturiana en disposición de retratarse ante la opinión pública (hayla…?) adoptando la pose característica de la derecha más ultraconservadora que haya habido en este país desde la huelga de 1917; el año en que un joven militar –llamado Francisco Franco— entró en contacto con la realidad social de aquella época en este país… (La ley antiterrorista lo mismo que la ley de partidos, como leyes postfranquistas que son, parecen dictadas como si fueran reglamentos ; es decir, redactadas al gusto de los nuevos Romanones que, de repente, han aparecido en la desnuda escena política española, tras el tsunami de la reforma de la dictadura).
El caso de los dos sindicalistas del sector naval asturiano, militantes de un sindicato obrero minoritario pero muy activo en cuanto a plantear reivindicaciones de clase –la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI)–, demuestra que aquí ya no hay sitio para una izquierda obrera con posibilidades de mostrarse beligerante contra los errores de una hipotética sociedad democrática para la igualdad de oportunidades, puesto que es, en realidad, un mundo manipulado por los intereses de unos grupos muy concretos y de unas determinadas castas de políticos que, a menudo, se confunden con un funcionariado de élite que ha conseguido monopolizar el sistema.
Una fugaz ojeada a nuestro alrededor nos permitirá descubrir que más de un político con mando en plaza se comporta como si fuera un burócrata radical; o al revés; que un burócrata ejerza como un político confortablemente sentado tras la mesa de su despacho, que es su virreinato …
Quienes pretendan reivindicar no solo sus intereses de clase, sino también su conciencia obrera, pueden acabar sentados en el banquillo de un tribunal para ser juzgados y, quizás, condenados por una ley extrema que castiga una causa también extrema: el terrorismo decimonónico en versión moderna ; esto es, la kale borroka … Que ocurra así, no es una broma; sobre todo, para quien sea víctima de ese extremismo jurídico-político que, con tanta soltura, maneja la actual clase política.
No creo que la autoridad competente — de izquierdas…?–, que con tanto celo tutela la vida social de los asturianos, pretenda hacernos creer que de lo que se trata es de moralizar –de moral, no de Morala…– a los dos obreros militantes de la CSI condenándolos por terrorismo callejero, para ejemplarizar socialmente al resto de los trabajadores de la región; especialmente, a quienes sientan la llamada de la selva ; es decir, la voz de su conciencia de clase. Pero sí que pienso que lo que se quiere conseguir es extirpar la última raíz que queda de aquel legendario movimiento obrero en Asturias, cuyos últimos estertores se produjeron en la década de los años 60 del siglo pasado.
Lo más sorprendente de este caso es que quien maneja el bisturí sea esa izquierda, más o menos intelectualizada , que, por lo visto, es la que gobierna en esta autonomía. De acuerdo con su reglamento , responsabiliza a los dos obreros de intentar metabolizar la conciencia de clase con la nueva naturaleza democrática de la sociedad postfranquista. Pero lo que produce alarma es que esa izquierda actúe precisamente como si fuera la derecha represora de las décadas diez y veinte del siglo pasado, o la derecha fascista de los años 40. Que lo hiciera la derecha conservadora a ultranza de sus privilegios me parecería, además de lógico, ejemplarmente coherente con sus principios intolerantes; pero que sea la izquierda a la que se le supone –porque así lo proclama cuando le interesa– heredera del antiguo movimiento obrero, la izquierda que luchó por las libertades democráticas, la izquierda de la justicia social y la lucha de clases, la que pretenda cargarse de mala manera –como lo haría un régimen fascista– a un puñado de obreros sindicalistas de clase, idealistas y románticos, me parece demasiado obsceno para creer que eso pueda suceder en un país tan maduro democráticamente…
Y esta conclusión se puede sacar hablando del caso Morala-Cándido , o, también, del castigo al señor Antuña Camporro, representante de la CSI en la Caja de Ahorros de Asturias, que ha sido despedido de su puesto de trabajo en la entidad (bancaria) por intentar cumplir con su deber como sindicalistas.
* Lorenzo Cordero es periodista.