El caso del juez José Antonio Martín -ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, apartado de sus funciones tras ser acusado de haber otorgado favores judiciales al narcotraficante Rafael Bornia- ha recibido, por fin, el carpetazo. Aunque para el juez que instruyó el expediente abierto contra el magistrado por el CSPJ había quedado […]
El caso del juez José Antonio Martín -ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, apartado de sus funciones tras ser acusado de haber otorgado favores judiciales al narcotraficante Rafael Bornia- ha recibido, por fin, el carpetazo. Aunque para el juez que instruyó el expediente abierto contra el magistrado por el CSPJ había quedado «sobradamente acreditado» que éste «puso el ejercicio de su función al interés» del narcotraficante, su impunidad en el ámbito penal está casi garantizada.
El pasado lunes, 24 de marzo, la prensa local recogía una noticia que no por esperada debería dejar de provocar la indignación de los ciudadanos del Archipiélago. El caso de José Antonio Martín – ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas apartado de sus funciones tras ser acusado de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios y cohecho – será archivado en la vía penal por «falta de pruebas». De acuerdo a las informaciones aportadas por estos medios, semanas atrás la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Las Palmas, que investigaba el patrimonio de Martín para tratar de determinar si éste había cobrado comisiones a cambio de otorgar favores judiciales a un narcotraficante, envió un informe a la magistrada instructora del caso, Carla Bellini, en el que concluía que no se han encontrado «pruebas suficientes que acrediten» estos cobros. Aunque José Antonio Martín todavía debe hacer frente al expediente abierto contra él por el Consejo General del Poder Judicial, que podría concluir -en el mejor de los casos- con su expulsión de la carrera judicial, ya se puede asegurar casi con total certeza que su impunidad en el ámbito penal está garantizada.
Pero recordemos brevemente el ‘caso Martín’, para que sean nuestros lectores quienes puedan juzgar la confianza que merece la presunta «Administración de Justicia» en nuestro todavía más presunto «Estado de derecho».
Como ya hemos apuntado, José Antonio Martín fue apartado de su cargo de Presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas a comienzos del año 2006, después de que unas escuchas telefónicas autorizadas por el juez Miguel Ángel Parramón, como parte de la investigación sobre la «trama eólica», captaran accidentalmente unas conversaciones entre el magistrado, Julio Bornia Bordón y Wilebaldo Luís Yanes, empresario imputado en la citada trama y amigo íntimo de José Antonio Martín. El ex presidente de la Audiencia Provincial ya había absuelto con anterioridad a Julio Bornia de un delito de narcotráfico y ahora éste, con la intermediación de Yanes, solicitaba la ayuda del magistrado para lograr la excarcelación de su hermano Rafael Bornia, en prisión preventiva por narcotráfico y blanqueo de capitales. Además, entre mayo y julio de 2005, este juez – antiguo miembro de la policía franquista – aceptó documentación de manos de Julio Bornia y se reunió en varias ocasiones con él, una de ellas en una cena a la que también asistió Wilebaldo Yanes, y en la que explicó a éste último lo que debía hacer el abogado de Bornia, lo que le debía alegar, en una inminente vista de apelación contra su auto de prisión.
A mediados del 2006, César Tolosa Tribiño, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria e instructor del expediente disciplinario abierto contra Martín, establecía en su informe, tras investigar los hechos, que «estaba sobradamente acreditado que el magistrado había puesto el ejercicio de su función al interés de Rafael Bornia», al que se iba a juzgar por el citado delito de narcotráfico en la Sección Primera de la Sala que él presidía. Tribiño consideraba igualmente acreditado que José Antonio Martín había incurrido en cuatro faltas consideradas muy graves y recomendaba su expulsión de la carrera judicial. Una de estas «faltas» fue presionar a los jueces encargados del caso de Bornia para que lo pusieran en libertad bajo fianza. Presión a la que dichos jueces no cedieron. Asimismo, Tolosa Tribiño se refería al asesoramiento ya citado que, a través de terceros, Martín ofreció a la familia del acusado, en referencia a como debía actuar su abogado en la vista en que la Sala iba a decidir si lo mantenía en prisión o le permitía esperar su juicio en libertad provisional. Asesoramiento que, como quedó demostrado por las escuchas telefónicas, se produjo en más de una ocasión. Además de lo ya mencionado, el expediente de César Tolosa Tribiño consideraba probado que al tiempo que ejercía como presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Martín era dueño de un alto porcentaje de acciones de una empresa dedicada al asesoramiento legal dirigida por su hijo y que él mismo ejercía estas labores de asesoramiento. Dos actividades que la Ley Orgánica del Poder Judicial declara incompatibles con el ejercicio de la judicatura.
EL AMIGO WILEBALDO, EL HIJO DEL MAGISTRADO Y LA CONEXIÓN EÓLICA
El empresario palmero Wilebaldo Luís Yanes no fue solamente el causante involuntario de que se llegarán a conocer las actividades «irregulares» de José Antonio Martín, sino que, como también recogen las investigaciones policiales y del juez Tolosa Tribiño, era el principal valedor de los hermanos Bornia. Los negocios comunes entre Yanes y Julio Bornia sirvieron para que el primero intercediera por el hermano de su socio ante el magistrado. Wilebaldo Yanes y el juez Martín, a su vez, mantenían una «relación casi familiar», siendo el empresario el padrino de su hijo, Nereo Santiago Martín. El ahijado Nereo, por su parte, había pasado a trabajar para Yanes en cuanto acabó sus estudios de derecho, y éste incluso llegó a poner a su nombre el 10% de las acciones de algunas de sus empresas. Pero, por si la trama de nepotismo y chanchullos no fuera lo suficientemente intrincada, resultó que Nereo Santiago Martín era también el secretario del consejo de administración de Siemenca. Una empresa presidida por el ex dirigente de Asamblea Majorera, José Martín Paredes, en la que Wilebaldo Yanes ejercía como vicepresidente, y en la que participaban también, entre otros conocidos empresarios, José Luís Suárez, hijo del ex presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas José Miguel Suárez Gil. En marzo de 2005, el ex gerente de Siemenca, Alberto Santana – después de un desencuentro laboral con Wilebaldo Yanes– presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas por un supuesto trato de favor de la Consejería de Industria del Gobierno autónomo – al frente de la cual estaba Luís Soria – relacionada con el concurso público para regular la explotación de energía eólica en Canarias.
En abril de ese año, el titular del juzgado número 7, Miguel Ángel Parramón, autorizó a la Policía las escuchas telefónicas que destaparon el «escándalo eólico» y, de manera imprevista, el del juez Martín. También en la trama «eólica» se acreditó sobradamente que existió un tráfico de influencias para favorecer a entidades privadas de empresarios como Javier Esquivel, Germán Suárez y Eustasio López, muy bien relacionados con los hermanos Soria. Desde entonces han pasado dos años y quienes fueron imputados, lejos de responder por sus desmanes, continúan haciendo negocios seguros del manto de impunidad que los protege.
En cuanto al juez José Antonio Martín, nos garantizan los eficientes Cuerpos de Seguridad del Estado que en sus cuentas corrientes no aparece ningún ingreso que proceda del socio de su compadre Wilebaldo. Es de suponer, pues, ya que un hombre tan recto jamás habría aceptado un pago en «dinero negro», que su diligencia a la hora de intentar soltar a Rafael Bornia – que hoy cumple condena por tráfico de drogas y blanqueo de capitales – estuvo motivada tan sólo por un espíritu de buen samaritano que le induce a ayudar a los más desfavorecidos.
Cuando, en el año 2006, saltaban a la luz el caso eólico y el del juez Martín, Juan Fernando López Aguilar, entonces ministro de Justicia, aseguraba que los casos de corrupción «debían investigarse hasta el final», añadiendo enfáticamente que «es muy importante trabajar para que rija el imperio de la ley de forma impecable y que la ciudadanía lo note». Lo cierto es, no obstante, que sus palabras expresaban una mera declaración de intenciones que, como el tiempo se ha encargado de demostrar, no parece tener nada que ver con la realidad. La experiencia en esta y otras latitudes ha puesto de manifiesto que sólo cuando la ciudadanía tome consciencia de las dimensiones del problema y, consecuentemente, alce su voz para exigir justicia a los poderes que hoy se saben libres de cualquier control popular, cabrá esperar que éstos se vean obligados a poner coto a la tupida red de relaciones político-económicas que ha convertido a nuestras islas en el paraíso ultraperiférico de los corruptos.