El descubrimiento de la gestión presuntamente delictiva del Palau de la Música-Orfeó Català ha vuelto a centrar la atención en dos cuestiones esenciales: el control institucional de los fondos públicos aportados a las fundaciones privadas y, sobre todo, la financiación privada de los partidos políticos. Cuando se constituyó el primer Govern tripartito se elaboró un […]
El descubrimiento de la gestión presuntamente delictiva del Palau de la Música-Orfeó Català ha vuelto a centrar la atención en dos cuestiones esenciales: el control institucional de los fondos públicos aportados a las fundaciones privadas y, sobre todo, la financiación privada de los partidos políticos. Cuando se constituyó el primer Govern tripartito se elaboró un informe para conocer las causas del déficit generado por la gestión de los gobiernos de Convergència i Unió, que se elevaba a 1.177 millones de euros. Según este informe, las subvenciones públicas constituían una de las áreas «más conflictivas». Solo una limitada muestra de subvenciones revocadas por la incorrecta utilización de los fondos públicos ya se elevaba a 9.335.920,30 euros. No en vano, el informe habla de «abusos realmente escandalosos». Era una muestra muy fundada del manejo arbitrario de los fondos públicos. Pero sigue siendo fundamental, entonces y ahora, saber por qué el protectorado de la Generalitat, a quien corresponde el control de las fundaciones, la verificación de sus cuentas anuales y de su contabilidad y la inspección de las mismas, no detectó la continuada y manifiesta gestión irregular que estaba produciéndose en el Palau-Orfeó Català. Porque la ley catalana de fundaciones del 2001 proporcionaba ya los instrumentos necesarios para un control más eficaz. SFlbEn cuanto a la financiación privada de los partidos, el problema es aún más grave. Es sabido que el crecimiento de los costes de la política, derivados sobre todo de las modernas campañas electorales, les lleva a una constante exigencia de recursos económicos. La obtención de dinero se ha convertido en un objetivo político en sí mismo. Y es evidente que las aportaciones económicas privadas pueden generar una desigualdad económica entre los partidos, rompiendo el principio de equidad de oportunidades, afectando a la representatividad de los mismos y al propio fundamento del pluralismo político. Por ello conserva actualidad la reflexión del profesor Koening, de la Universidad de Estrasburgo : «La cuestión esencial es saber por qué una sociedad o una empresa financia a un partido político. La respuesta lógica es que el generoso donador busca en el partido y, por consiguiente, en los poderes públicos que son ocupados por el partido, ventajas que, en otro caso, no habría obtenido».
Por ello, resultó fundamental la aprobación de la ley orgánica 8/2007 del 4 de julio, que regula un nuevo sistema de financiación. En su exposición de motivos, se reconoce como uno de los fundamentos de la nueva disposición «la aparición ante la opinión pública de posibles irregularidades vinculadas en algunos casos a la financiación de los partidos políticos». Y entre los objetivos de la ley se encuentra establecer un régimen económico que «no incorpore elementos de distorsión entre la voluntad popular y el ejercicio del poder político». Para ello, suprime las donaciones anónimas, medida cuyo verdadero alcance aún no podemos comprobar. Creemos que resulta necesario exponer algunos de esos datos para saber cómo la ley de financiación de 1987 fue incumplida de forma casi generalizada ante una ciudadanía completamente ignorante de las cuentas de los partidos a los que periódicamente votan.
El informe del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio del 2003 confirmaba las tesis de una financiación oscura y opaca. En ese ejercicio, ciertos partidos percibieron donaciones anónimas procedentes de personas físicas y jurídicas que, obviamente, no se sabe si fueron beneficiadas desde el poder político -entonces de CiU- con concesiones y otros beneficios económicos. Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) recibió 1.324.000 euros; Unió Democràtica de Catalunya (UDC), 860.252.000 euros, y el Partido Popular (PP), como formación estatal, ya que las cuentas del PP de Catalunya no aparecen diferenciadas, 2.361.422,41 euros. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) recibió por ese concepto una cantidad algo superior a los 150.000 euros. No consta que Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Verds-EUiA, ni en este ni en posteriores ejercicios, fueran financiados por este procedimiento.
En el ejercicio del 2004, el Tribunal de Cuentas volvió a comprobar las mismas fuentes de financiación privada. CDC percibió 1.515.100 euros como aportaciones anónimas. El PP, como formación política estatal, percibió por el mismo concepto 2.825.425,83 euros. Y UDC, 884.716,12 euros. En el último ejercicio fiscalizado, el 2005, se mantuvo la misma tónica que en los años anteriores. CDC recibió de donantes anónimos 1.590.905 euros. El PP, como partido estatal, ya que el de Catalunya carece de autonomía hasta para formular sus cuentas, obtuvo por el mismo procedimiento 3.068.741 euros. UDC, 148.498 euros. Y el PSC, en ese ejercicio, 176.000 euros. Ya sabemos que, como entonces las donaciones anónimas estaban autorizadas, nada hay que objetar a su percepción. Pero es evidente que los partidos conocen el origen de esos fondos. Sería un ejercicio de transparencia y honradez política que, sobre todo CiU y el PP, revelaran la identidad de los donantes para que los ciudadanos sepan si esas donaciones han sido o no causa de corrupción. Dudamos que lo hagan, pero que sepan que su opacidad es un grave obstáculo para su credibilidad como partidos de gobierno.
Carlos Jiménez Villarejo es jurista.