El auge de la ultraderecha que se ha producido en España en los últimos años pone en peligro muchas conquistas sociales que llevaron mucho tiempo y esfuerzo en las décadas pasadas.
Su discurso reaccionario, xenófobo y homófobo indica que su triunfo en las elecciones generales derivaría en una pérdida de derechos y libertades, además de una censura cultural, que merecen alerta y una enérgica reprobación por parte de cualquier demócrata.
Esa evidencia, compartida por la mayoría social, no debe hacer perder de vista una realidad más profunda: el enemigo no es sólo la ultraderecha que representa Vox, sino también el neoliberalismo, el proyecto económico y político que representa el Partido Popular.
Un modelo económico que empeore las condiciones laborales del trabajador, que abarate aún más los costes del despido y alargue la edad de jubilación (como pide el Círculo de Empresarios), unido a una consolidación de la privatización de la sanidad y de la educación, además del desprecio y la censura hacia una cultura libre y crítica, pone en peligro el bienestar de nuestra sociedad tanto o más que el discurso de Vox.
Y lo cierto es que en los medios de comunicación hegemónicos teóricamente progresistas hace tiempo que las críticas al modelo neoliberal han sido soterradas por una constante y llamativa sobreexposición de la ultraderecha.
Es paradójico ver cómo los mismos medios que alertan sobre los peligros del discurso del odio son los que se encargan de difundirlo permanentemente, de servir de altavoz de Vox, para después escandalizarse por su mayor presencia en las instituciones políticas.
Y me parece que la sobreexposición mediática de la ultraderecha, potenciada especialmente en las últimas semanas, genera un miedo y una alarma social que persigue dos cuestiones:
Una es agrupar el voto progresista en el PSOE como único “voto útil” para hacer frente al temible ogro que representa Vox.
Siempre que llegan unas elecciones generales, los medios de comunicación hegemónicos teóricamente progresistas, muy afines al PSOE, buscan movilizar a los votantes en torno al PSOE, y en este caso encuentran en el miedo a la ultraderecha un fuerte argumento que explotar.
La otra cuestión que se persigue con la sobreexposición mediática de la ultraderecha es lograr que los votantes del PSOE (supuestamente reacios a cualquier apoyo a la derecha) comiencen a ver como entendible que, con tal de frenar al ogro y llegado el caso de un mal resultado electoral, su partido se abstenga para que gobierne el PP sin Vox.
No sería la primera vez que el PSOE facilita un gobierno del PP, pues eso ya ocurrió con la vergonzosa abstención de casi todos sus diputados en octubre de 2016, haciendo así presidente a Rajoy.
Por tanto, la sensación es que la sobreexposición de los peligros de la ultraderecha pretende agrandar al ogro y hacer que el imaginario político gire en torno a él, con el fin de que sirva como cebo para generar un miedo en la gente que desemboque en un `win-win´ del poder económico: o bien gobierna el PSOE con una izquierda debilitada que no podrá tener exigencias o bien gobierna el PP en solitario sin las extravagancias anacrónicas de Vox.
Dentro de esta teoría, que refleja el claro interés del poder económico en restaurar el bipartidismo que tanto rédito le ha dado en el pasado, podemos enmarcar el decepcionante debate televisado del pasado 10 de julio, en el que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo dieron una mala imagen, pues los dos candidatos del bipartidismo
apenas hicieron propuestas programáticas, no pararon de repetir frases prefabricadas y se interrumpieron permanentemente, con un Feijóo que mentía al citar datos y con un Sánchez muy acelerado que mostraba una premeditada obsesión con Vox, ese Vox al que busca agarrarse para concentrar el voto progresista de una sociedad temerosa con la posible llegada de la ultraderecha al poder nacional.
Y lo cierto es que para poder frenar a la ultraderecha y para poder frenar al neoliberalismo (ese enemigo cuidadosamente olvidado), es necesario que haya en el gobierno una izquierda fuerte capaz de presionar al PSOE y de obligarle a desarrollar políticas sociales y económicas valientes.
No hay que olvidar que, cuando pudo elegir, Pedro Sánchez prefirió firmar un pacto de gobierno con Ciudadanos (en febrero de 2016) antes que hacerlo con Podemos, que había quedado en las urnas por delante del partido de Albert Rivera.
Gracias a la saludable negativa de Podemos a aceptar ese acuerdo de derechas (negativa liderada por la corriente por Pablo Iglesias y reflejada con la contundente negativa en la consulta donde votaron los inscritos, y no apoyada por la corriente de Íñigo Errejón, proclive a aceptar ese pacto PSOE-Ciudadanos) y también gracias a la posterior deriva política, años después llegó un inevitable gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos sobre el que es tan justo reconocer sus muchas medidas a favor de la mayoría social como que estas se han producido en gran parte gracias a la presión de Unidas Podemos y a los apoyos de otros partidos que este ha logrado recabar en el Congreso, destacando los de Esquerra Republicana y EH Bildu.
Con este gobierno de coalición se aprobaron en 2021, aún en pandemia, los Presupuestos Generales con mayor inversión social de la historia de España.
Ha habido saludables medidas como la significativa subida del salario mínimo, el tope al excesivo precio de la luz (con la puesta en marcha de la llamada excepción ibérica, que ha reducido su coste), la reforma de la pensiones con su revalorización según el IPC, la limitación de publicidad de apuestas deportivas y juegos de azar o la Ley de Vivienda, así como lo fue, por su valor simbólico, una de las primeras medidas tomadas por el Gobierno, la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos, como un obligado (e inaceptablemente pospuesto durante décadas) gesto de respeto que se le debía a todos los allí asesinados por la dictadura.
Resulta difícil imaginar que la mayoría de buenas medidas adoptadas por el gobierno de coalición se hubieran llevado a cabo sin la presión de Unidas Podemos, que hizo valer sus 35 escaños, aunque evidentemente mucho menos de lo que habría querido, como lo refleja la promesa de una derogación laboral por parte de Yolanda Díaz que terminó quedándose en sólo una reforma que, si bien ha mejorado algunas cuestiones, sigue facilitando el despido y hasta ha sido calificada como “buena” por Feijóo.
El PSOE, que pretende concentrar el voto progresista en las elecciones del 23 de julio, tiene una larga lista de cuestiones reprobables durante estos últimos años.
Antes de gobernar prometió enérgicamente derogar la Ley Mordaza, cuestión que aún no ha ocurrido.
También es condenable su cambio de posición en favor de Marruecos en su prolongado conflicto tras su colonización del Sáhara, así como su sumisión a la posición de la OTAN para enviar múltiples armas a Ucrania (con el consiguiente enorme beneficio para los truculentos intereses de los vendedores de armas) en vez de incentivar explorar todas las vías posibles de diálogo con Rusia para tratar de frenar la guerra con los menores daños posibles.
Además, cabe señalar como vergonzosos sus votos en contra (junto a PP y Vox) para que el Congreso investigara sobre la corrupción de Juan Carlos I, sobre la implicación de Felipe González en el GAL o sobre la tragedia de los migrantes en la valla de Melilla.
Su voto en contra de la iniciativa de Unidas Podemos para crear una empresa pública de energía tampoco resulta estimulante para pensar en el PSOE como un necesario aglutinador del voto progresista.
Lo que está claro es que este domingo 23 de julio las elecciones generales en España son de gran importancia para el futuro de la sociedad y será un éxito del poder económico si solamente son percibidas por la ciudadanía como unas elecciones para frenar a Vox.
Hace unos días, José Luis Rodríguez Zapatero (sin duda, el mejor expresidente que ha tenido la España moderna) fue preguntado en televisión por Antonio García Ferreras (uno de los máximos representantes mediáticos del poder económico) sobre si el PSOE, en caso de un mal resultado electoral, debería abstenerse para que gobierne el PP sin Vox. Zapatero respondió acertadamente que “la cuestión principal que debe preocupar a los españoles no es que Vox esté en el gobierno, sino que esté el PP en el gobierno”.
Y es que la ultraderecha, con su programa reaccionario y rancio, está supeditada electoralmente a una derecha que ofrece un programa neoliberal que puede poner en riesgo los avances socioeconómicos producidos en los últimos cuatro años.
Además, hay que reseñar que la campaña electoral del PP ha estado centrada, además de en mentir sobre los datos económicos oficiales de España, en intentar reavivar el fantasma de ETA (derrotada y desaparecida hace ya casi 12 años), lo cual evidencia no sólo su podredumbre moral sino su falta de proyecto constructivo para el país.
Parece evidente que el objetivo de la gente de izquierdas en este domingo electoral debe ser no sólo que PP y Vox no lleguen al gobierno sino que Sumar logre un resultado importante y esté fuerte, porque de esa manera se podrá reeditar una coalición no sólo saludable sino necesaria para profundizar en más avances socioeconómicos que, sin una alternativa sólida que pueda presionar al PSOE para aplicar medidas que por sí mismo no se atrevería, no se podrán llevar a cabo.
Ojalá que en el electorado, al votar este domingo, prime más la cordura que el miedo y prime más el deseo de avanzar hacia una sociedad mejor que la resignación de conformarse con lo menos malo.
Jorge Cappa. Sociólogo y escritor.
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