Tras década y media de funcionamiento, resulta difícil encontrar algún conflicto social o político del que este centro se haya mantenido al margen. El carácter transversal de La Casika ha propiciado en estos años una convergencia continua con movimientos sociales, colectivos y ciudadanía en general. Sin embargo, esa participación en los asuntos de la vida […]
Tras década y media de funcionamiento, resulta difícil encontrar algún conflicto social o político del que este centro se haya mantenido al margen. El carácter transversal de La Casika ha propiciado en estos años una convergencia continua con movimientos sociales, colectivos y ciudadanía en general. Sin embargo, esa participación en los asuntos de la vida pública de Móstoles es sólo una parte de la lucha de esta casa okupada; el otro frente lo ha tenido en su propia supervivencia, en la pelea por evitar que las distintas corporaciones municipales frustraran el proyecto y acabasen con un espacio crítico de lucha autónoma, por evitar, en definitiva, ese desalojo que todo centro social contempla, al menos como posibilidad.
Hoy, casi quince años después de la okupación, ese peligro está más cerca que nunca debido a una orden de cese de actividades promovida por la Concejalía de Urbanismo y a sendas imputaciones por desobediencia a dos activistas del centro, Moisés Blanco y Brutus, que prefiere no dar su nombre y apellidos. Ambos deberán declarar como imputados por «usurpación» el próximo 5 de junio en los juzgados de Móstoles. Se les acusa de ser los responsables y gestores de La Casika, por lo que podría caerles una pena de tres a seis meses de multa. Ante ello, desde el centro social se ha iniciado una recogida de firmas de autoinculpación, a través de las cuales los firmantes aseguran haber participado y gestionado las actividades de La Casika al mismo nivel que los dos imputados. Blanco explica que esta iniciativa pretende «alargar el proceso y visibilizar que la gente apoya el espacio». Pese a que a cualquier persona que haya dado su firma puede caerle la misma pena que a los acusados, fuentes del centro afirman que ello es poco probable y que, en todo caso, la Policía seleccionaría a los individuos más activos.
Desde el centro social, se sospecha que es todo «una maniobra del Ayuntamiento«, que avisó a los herederos del edificio de La Casika de que se estaban realizando actividades en ese espacio. La familia de herederos propietaria del inmueble explicó que era ajena a dichas actividades y realizó un escrito en 2011 para que se investigase quién ocupaba la casa. A partir de ahí, la jueza mandó un oficio a la Brigada de Información de la Policía Nacional para que investigara y descubriera a los responsables de las actividades de La Casika.
La razón de que se haya acusado a Blanco y a Brutus concretamente, pese a la cantidad de gente que pasa por el centro, es que son de las personas más activas y veteranas en los movimientos sociales. «A Brutus le han imputado porque le conocen de toda la vida, y a mí, también», asegura Blanco, que, aparte de la imputación por «usurpación» a la que se enfrenta junto con su compañero, ya tuvo que declarar el pasado 15 de marzo por otra de «desobediencia a la autoridad» al participar en actividades del centro después de que la Concejalía de Urbanismo las prohibiera a través de una orden municipal. Ambos coinciden en su defensa del centro social, que ha destacado por promover actividades como festivales de cortometrajes, conciertos, charlas y encuentros de colectivos sociales. «La Casika es mi vida», asegura Brutus, quien considera que la casa okupada «ha sido una fábrica de tejido social» durante todos estos años. Moisés Blanco, por su parte, resalta la aportación de «alternativas culturales con un mensaje crítico» como una de las virtudes de la okupa y ve en la aprobación del plan de urbanismo de hace años una de las razones fundamentales por las que se intenta acabar con las actividades del centro. El activista explica que dicho plan modifica tanto las afueras como el casco viejo de Móstoles. «Se hace un mercado tradicional goyesco, pero, por otro lado, se destruye el casco antiguo», critica Blanco. Otro de los motivos por los que, según el activista, el Consistorio mantiene una tensa relación con La Casika es la cercanía que mantiene el centro social con la Asamblea Popular de los indignados del municipio. «Desde que empezó el 15M, La Casika ha cedido recursos y ha dejado que las comisiones se reúnan en su espacio», explica. El apoyo entre ambos colectivos es mutuo. La Asamblea Popular del 15M aborda el asunto de La Casika en sus reuniones y se muestra solidaria: «Un grupo de chavales ha realizado actividades sin tener un duro, mientras que el Ayuntamiento trae cosas que no nos interesan, impone una cultura elitista y por ello no va nadie», argumentan desde el 15M. Según denuncian también, en un sentido más crítico, desde la Asamblea indignada, «el Ayuntamiento se basa en ordenanzas para quitarse de encima a adversarios políticos».
Aparte de la recogida de firmas de autoinculpación, La Casika, en colaboración con movimientos como la Asamblea Popular del 15M de Móstoles, ha establecido una agenda de actos y protestas para solidarizarse con los imputados y reivindicar la continuidad del centro social. Así, ayer, primer día de protesta, se desarrolló una jornada de bici crítica, una limonada popular, una mesa informativa en forma de charla-coloquio y un concierto del grupo musical Rojo cancionero y banderas rotas, todo en la céntrica Plaza del Pradillo. El 5 de junio, el mismo día de la comparecencia de los dos imputados, hay convocada una concentración en los aledaños de los juzgados a las 12 del mediodía, una hora antes de que declaren. Finalmente, el 16 de ese mismo mes, tendrá lugar una manifestación de apoyo al centro social que partirá de la estación de RENFE y recorrerá las zonas más céntricas del municipio.
Así pues, aunque la batalla está asegurada, el fantasma del cese definitivo de las actividades sigue planeando como una posibilidad real, más si se tienen en cuenta los procesos judiciales contra varios de sus activistas. En este sentido, Blanco piensa que «la gente tendría que reagruparse en otro lado» y destaca la existencia de otros centros e iniciativas en torno a las cuales se organizan los movimientos sociales del municipio, como la Asociación de Vecinos Juan XXIII, que cedió su sede a la Asamblea Popular del 15M durante los meses de invierno; el propio movimiento de los indignados; el colectivo Rompe el Círculo, que desarrolla un proyecto de educación popular, y los huertos okupados entre Móstoles y la localidad vecina de Alcorcón.
Para quienes ven en La Casika un espacio cultural y sociopolítico abierto a la ciudadanía, el fin de las actividades resultaría una gran frustración, pero en absoluto piensan que ello fuera a acabar con los movimientos sociales de la ciudad. Los ejemplos citados y la colaboración entre unas iniciativas y otras, junto con el impulso que el 15M ha dado a la movilización vecinal, constituyen un tejido asociativo estable. Los que participan en el movimiento ciudadano, ya sea en La Casika o en cualquier otro espacio, saben que no cuentan con la simpatía de la Administración municipal. «El PP (ya en su tercera legislatura al frente del Ayuntamiento) lleva años intentando meternos mano», se queja Brutus. En esta misma línea, tampoco perciben «voluntad política» por parte del Consistorio para emprender proyectos que beneficien a la comunidad. «En el espacio de La Casika no van a hacer ningún colegio público ni ningún espacio cívico para los vecinos», arguye Blanco. Y es que, hasta ahora, han sido los vecinos más activos quienes han construido sus propios espacios. El tiempo dirá si estas iniciativas autónomas sobreviven a Gobiernos municipales hostiles. La Casika, de momento, ya ha empezado a organizar la resistencia.
Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article37747