«La libertad y la democracia se abrirán paso por encima de prohibiciones, amenazas y ocupaciones policiales si la ciudadanía vasca nos unimos y decidimos que así sea», manifes- taron los escritores Gotzon Barandiaran y Laura Mintegi, en euskara y castellano respectivamente, en representación de los 44 organismos y «cientos, miles, de personas» que han decidido […]
«La libertad y la democracia se abrirán paso por encima de prohibiciones, amenazas y ocupaciones policiales si la ciudadanía vasca nos unimos y decidimos que así sea», manifes- taron los escritores Gotzon Barandiaran y Laura Mintegi, en euskara y castellano respectivamente, en representación de los 44 organismos y «cientos, miles, de personas» que han decidido trabajar porque los derechos básicos tengan cabida en Euskal Herria y que a media tarde de ayer comparecieron en el Kafe Antzokia de Bilbo.
En el amplio local no cabía un alfiler, y en las cercanías otros cientos de personas seguían el acto tras marchar por las aceras de la Gran Vía entre un despliegue policial atosigante, que cumplía con las órdenes dadas desde la Audiencia Nacional española para impedir la manifestación, ejecutadas a rajatabla por el Ejecutivo de Lakua.
Horas antes, «desde la responsabilidad y con determinación», Sabin Intxaurraga, Imanol Olabarria, Begoña Campo, Iñaki Zarraoa, Ander Rodríguez y Jone Goirizelaia habían anunciado a través de un comunicado la desconvocatoria de la movilización «desde la responsabilidad y con determinación», según aclararon, «para no caer en provocaciones y evitar disturbios».
Ante decenas de medios de comunicación, Barandiaran y Mintegi subrayaron que las calles de la capital vizcaina habían sido testigos del atropello de los derechos básicos de expresión y manifestación libres, pero también «escenario del nacimiento de una nueva etapa. Porque lo que hoy nace en Bilbao, por encima de esta torpe represión de derechos básicos, es un compromiso firme de todos los agentes implicados en el llamamiento de Adierazi EH».
Aquí, recordaron los objetivos urgentes que persiguen; a grandes trazos, la superación «inmediata» de toda situación de excepción o de violencia y ga- rantía de ejercicio de los derechos civiles y políticos, derechos humanos, individuales y colectivos. A partir de ahora, la iniciativa popular Adierazi EH se transforma en un «auténtico» movimiento por los derechos civiles en Euskal Herria, y anunciaron su determinación de «extender y compartir» el acuerdo de contenidos democráticos «a todas las instancias sociales, políticas, institucionales, culturales, deportivas y populares en toda Euskal Herria».
Aclararon que a partir de la próxima semana van a desarrollar una dinámica de convocar a este trabajo conjunto a todas las instancias mencionadas, «y acordar y coordinar conjuntamente, en toda su extensión y a lo largo de todo el país, las actuaciones prácticas necesarias para traer por fin la democracia a Euskal Herria». Un «estamos abriendo las puertas a la libertad», dio paso, tanto en la lectura en euskara como en castellano del comunicado, a un cerra- do aplauso, seguido de consignas como «Independentzia», «Adierazpen askatasuna» o «Gora Euskal Herria askatuta».
El auténtico «fraude de ley»
De manera previa, los agentes políticos, sociales y sindicales hicieron una breve valoración jurídica del segundo auto en el plazo de tres días, en el que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, por la mañana, prohibió la manifestación convocada bajo el lema «Libertad de expresión. Todos los derechos para todas y todos». Fue en términos similares a los expuestos por Sabin Intxaurraga, Imanol Olabarria, Begoña Campo, Iñaki Zarraoa, Ander Rodríguez y Jone Goirizelaia en la nota en la que al mediodía desconvocaban la manifestación, aunque incidiendo en que las decisiones judiciales han supuesto «un atropello de los derechos básicos de expresión y manifestación libres».
Barandiaran y Mintegi afirmaron que «se ha utilizado la autoridad judicial para impedir el ejercicio de un derecho fundamental», sin respetar la presunción de inocencia ni haber escuchado a los convocantes.
Al mediodía, los promotores de la segunda movilización prohibida recordaron que la manifestación se promovía en defensa de los derechos fundamentales. Citaron la «excusa» expuesta por el magistrado español era la de que existía «fraude de ley. El auténtico fraude de ley -declararon estas seis personas- es la utilización de un tribunal especial en Madrid, contra el principio de seguridad jurídica, contra el principio de legalidad y actuando en contra del derecho básico de defensa. Y todo ello para prohibir un derecho fundamental».
El auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que se encuentra de guardia, considera que la segunda convocatoria, rubricada por Intxaurraga y otro ciudadano, «no tiene otro objetivo que eludir la prohibicion judicial acordada, por lo que puede ser calificada como fraudulenta», y está «dirigida a socavar la autoridad del poder judicial».
En su auto, de cuatro páginas, el magistrado reproduce los argumentos expuestos por el fiscal jefe Javier Zaragoza. Ismael Moreno subraya que el hecho de que la segunda manifestación tenga «coincidencia en la hora y lugar de celebración» con la primera y que el lema de la nueva marcha «no difiere sustancialmente» del empleado en la primera convocatoria, que era «Todos los derechos para todas las personas en toda Euskal Herria», muestra que tienen «idéntica finalidad».
También destaca que en la segunda marcha, formaciones «adheridas» a la plataforma organizadora de la inicial, pasan a ser las «convocantes». En suma, a su juicio, «no tiene otro objeto que eludir el cumplimiento de la resolución judicial acordada por auto el 9 de septiembre», tratándose por tanto de una actuación «en fraude de ley».
Por ello, estableció que la prohibición tiene «pleno amparo constitucional», aun tratándose de «la restricción o limitación de derechos», ya que existen «circunstancias plenamente justificadas».
El magistrado recuerda que, de la comunicación recibida por Interior de Lakua y de los informes recibidos, se desprendían «suficientes elementos o indicios de entidad suficiente» como para considerar que el acto y la manifestación que se había organizado en un primer momento por Adierazi EH pudiera «revistir los caracteres del delito de enaltecimiento del terrorismo». Precisa además que estos actos dirigidos a «enaltecer los delitos de terrorismo» no son «sólo un refuerzo y apoyo a actuaciones criminales muy graves y a la sostenibilidad y perdurabilidad de las mismas», sino que también son «manifestación muy notoria de cómo por vías diversas se genera el terror colectivo para hacer avanzar los fines terroristas».
Ares se encargó de hacer de portavoz de la Audiencia Nacional
La noticia del nuevo auto de la Audiencia Nacional española prohibiendo una segunda manifestación en el plazo de tres días la dio el consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, en unas declaraciones previas a su participación en el Comité Nacional del PSE, en el Palacio Euskalduna de Bilbo, a primera hora de la mañana. Para entonces, según posteriormente confirmarían fuentes del propio Departamento, no se conocía aún el contenido de la resolución judicial, aunque sí las órdenes expresas para que se impidiese su celebración. Ares trató de nuevo de dar la primicia y lograr «sus segundos de gloria» en los informativos radiofónicos de la mañana.
En torno a las 10.00, Ares comunicaba a los periodistas que cubrían el acto de su partido en el Euskalduna que existía un auto de prohibición de la movilización bajo el lema «Libertad de expresión. Todos los derechos para todas y todos», y advertía de que la Ertzaintza iba a adoptar «las medidas necesarias para cumplir» las órdenes del tribunal especial español y que la Policía autonómica iba a cumplir «con su obligación».
El Departamento de Interior llegó a solicitar comprensión a la ciudadanía ante el despliegue policial. A.G.