El ascenso de la ultraderecha, con su violencia racista y patriarcal, ha elevado el estado de alerta social. Zareli Gamarra (Lima, 1986) no esconde su preocupación ante los ataques dirigidos contra una población baqueteada como la migrante. Antropóloga e integrante del movimiento Regularización Ya! desde su nacimiento en 2020, Gamarra conoce bien de lo que habla. Como mujer y feminista racializada hace una devastadora crítica de un régimen migratorio que, en su opinión, sólo contribuye a generar colectivos legalmente vulnerables, funcionales para un mercado laboral precario y favorece un control social diferenciado por raza. Aunque ha participado activamente en la recogida de las 700.000 firmas que sirvieron para promover la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), un salvoconducto en medio de la deriva mundial para miles de personas en situación irregular, su compromiso no finaliza en las simples demandas administrativas. Reclama el derecho de todo migrante a la ciudadanía, como un blanco o un rico llegado de latitudes lejanas. La “irregularidad”, dice Gamarra por teléfono, no es ninguna anomalía sino una categoría que alimenta el Estado “para sostener a amplios sectores económicos que dependen de la mano de obra migrante precarizada y explotada”. Ella pone ahora voz crítica a la percepción del proceso que tienen miles de mujeres migrantes, las grandes precursoras de este proceso de empoderamiento, aunque rechaza ser la portavoz de nada. “Ellas se organizan para apoyarse y aliviar la tensión que les produce el racismo social de la política”, concluye.
¿Cómo valoran el pacto del Gobierno con Podemos para aprobar la regularización extraordinaria de migrantes?
Creo que el funcionamiento de la política merece una reflexión crítica. La regularización no se ha producido cuando la población lo demandó sino cuando los políticos lo han decidido. Llevábamos cinco años solicitando la apertura de este proceso porque el impacto en las personas migrantes en situación de irregularidad es fortísimo. Pudieron haber hecho más para evitar una espera tan larga que, en términos políticos, a nosotras nos parece ilegal.
¿Creen, por lo tanto, que ha habido un cierto oportunismo político?
No sé si es conveniente decirlo aquí, pero sabemos que el acuerdo alcanzado no responde a las demandas o a la presión que hemos hecho. Como le digo, nuestra crítica se dirige más a la forma de administrar la política. Sabemos que ha sido la moneda de cambio para apoyar los presupuestos de 2026 y a nosotras, por lo que representamos y por lo que nos compromete, nos parece que se ha manejado de manera inadecuada. Es cierto que este proceso nos da un respiro después de cinco años de lucha pero jugar con un tema que afecta a la vida de tantas personas no es la manera correcta de hacer política. Sin embargo, más allá del procedimiento y de los medios empleados, ahora pensamos en los fines y en los beneficios que supone la ILP para más de 500.000 personas. Así que estamos contentas y lo agradecemos, pero seguimos poniendo en cuestión que el proceso se haya acordado en 2026 cuando ha habido situaciones mucho más críticas para mejorar las condiciones de vida de niñas, mujeres y de gente del campo que sufren a diario la violencia de toda esta estructura administrativa.
¿Considera que el funcionamiento del Estado favorece la explotación del migrante?
Me refiero a que la irregularidad como categoría legal no es casual. Se produce para sostener a amplios sectores económicos que dependen de la mano de obra de personas sin papeles. La prueba es la manera en la que presentan los procesos de regularización, siempre con el término de ‘excepcionales’, cuando primero nos precarizan y explotan y luego, cuando la estructura del sistema dice basta, nos regulariza. Es todo una incoherencia. Cada vez que el debate parlamentario se encalla en el miedo al ‘efecto llamada’ siento frustración porque evita discutir que la irregularidad se produce en un marco legal que tolera la existencia de un mercado negro. Por lo tanto, nada de lo ocurre es neutral. Se gobierna a través de la precariedad. Siempre ha sido así. Por eso es importante entender muy bien el origen. Todas sabemos que la relación de dependencia económica del Sur global con el poder colonial no ha desaparecido y que las relaciones internacionales siguen siendo un factor decisivo en función de los convenios firmados. Estos son elementos que reordenan la opresión en base a una cuestión racial y al capital que posea el migrante. Basta recordar la ‘Golden Visa’ introducida en 2013 por el gobierno del PP que permitía obtener la residencia a quien compraba una vivienda. La ley elige a sus favoritos y quien no tiene capital suficiente queda atrapado en la irregularidad. Como si trabajar y convivir no fueran suficientes argumentos para ser considerados ciudadanos.
¿Es el propio Estado quien alimenta el mercado negro?
Es el funcionamiento de su estructura. Muchas veces, te dicen en las oficinas de Extranjería que regreses a tu país de origen, incluso teniendo trabajo, porque es la única forma de importar mano de obra de manera legal pero luego la realidad social se salta este proceso. Ahí están los datos. Cada vez que se necesita mano de obra migrante se abren las puertas como ocurre con las temporeras de Marruecos o sucedió en otras épocas con los ecuatorianos en la construcción. La administración sabe que hay miles de mujeres latinoamericanas y marroquíes trabajando en las casas de manera opaca pero lo silencia. Prefiere dar la espalda a esta realidad y no mediar en una situación que se produce en el corazón de su propia estructura social.
Es la pescadilla del sistema que se muerde la cola.
Claro. Primero irregularizan en las oficinas de Extranjería y luego hacen la vista gorda con la explotación laboral. Pero es que este funcionamiento afecta al resto de ámbitos de la vida de los migrantes. Por ejemplo, en el acceso a una vivienda. ¿En qué lugar vas a vivir si administrativamente eres irregular? ¿En qué condiciones se puede vivir cuando ni siquiera tienes acceso a un empadronamiento? Esto lo sufren los compañeros jornaleros en el campo. Es una vida absolutamente precaria pero cuando el Estado considera que ya es suficiente o que el contexto político es el idóneo, como ha ocurrido ahora con el proceso de regularización, abre un proceso que beneficia a todos. Pues no. Aquí llevamos cinco largos años soportando unas condiciones administrativas deshumanizantes. Por lo tanto, a nadie debería extrañar que muchos migrantes veamos en toda esa cadena de explotación y precarización uno de los pilares que sostienen el Estado del bienestar español.
El protagonismo de las mujeres racializadas en esta lucha es indiscutible. ¿Hay alguna razón?
Esta es una discusión muy enriquecedora dentro del propio movimiento. Nos enfrentamos a un sistema capitalista basado en la explotación racista y patriarcal. Nosotras somos el sujeto más oprimido dentro de los oprimidos. Y casi por necesidad hemos desarrollado una gran capacidad para organizarnos políticamente. No me refiero a la política que se hace desde arriba sino a la política que se articula desde abajo, la de prestarse a hacer algo por alguien o explicarle a un migrante en una peluquería de barrio qué necesita para acudir y enfrentarse a una oficina de extranjería. Porque esos lugares son muy políticos para las mujeres y dan miedo.
¿Por qué?
Porque del resultado que obtengan de la cita dependerá el futuro de sus familias. Si pueden quedarse en España de manera regular, si van a poder reagrupar a su familia, etc. Se juegan muchísimo en esas oficinas pero lo asumen con responsabilidad. Buscan redes donde apoyarse y actuar para aliviar así la tensión que la política formal les produce. Si las irregularizan, se agrupan y crean una pequeña red de ayuda mutua desde donde resistir, donde buscar una casa o un trabajo en negro. Tenemos una gran capacidad de organización. También hay hombres, claro. Ahí está el colectivo de manteros. Pero nosotras somos como pequeñas gotitas que vamos sumándonos unas a otras hasta que formamos un río.
¿Todo este proceso minimiza su reconocimiento como ciudadanas?
Es que el concepto de ciudadanía está hoy estratificado de manera racial. ¿Quién tiene derecho a la ciudadanía? Los reclamos de las personas migrantes no son únicamente por los papeles. Reclamamos que desde nuestro lugar, desde nuestro trabajo y desde nuestra propia vida, tenemos derecho a ser ciudadanos. Y las reticencias que encontramos en ese reconocimiento son la revelación del racismo estructural que acompaña todo este proceso incoherente que sufrimos. ¿Qué es lo que me diferencia de usted? El que no he nacido aquí y el color de la piel. No hay más, pero esos factores me impiden acceder a un reconocimiento que usted como persona blanca puede tenerlo. Yo no, o me ponen muchos obstáculos. Por lo tanto, hay que redefinir el concepto. Si ya aportamos, si ya trabajamos, si ya vivimos aquí, ¿por qué tengo que ser ilegal? ¿Qué significa la irregularidad más allá de un trámite administrativo?
¿Qué le sugiere escuchar opiniones sobre la necesidad de la migración en base a sus aportaciones económicas o a su trabajo en el campo, en el hogar, en los cuidados?
Aquí ya entramos en una crítica ética de la vida. O sea, lo que en realidad necesitan de nosotros es nuestra mano de obra. Eso es vernos únicamente como sujetos económicos y está bien, no lo censuramos, pero es reduccionista en términos de ciudadanía porque no abordan los principios de vida y dignidad. ¿Qué somos entonces? ¿Un quinto de ciudadanía, un cuarto quizá porque no cumplimos todos los requisitos?
Ustedes llevan años reclamando una interlocución con los poderes públicos sin la intermediación de ONGs y sindicatos. ¿Por qué?
Nuestro trabajo como movimiento es tejer relaciones entre grupos de migrantes racializadas. Somos sujetos activos y colectivos vivos que decidimos nuestros pasos a seguir, las portavocías y las condiciones para una negociación política y social con las instituciones del Estado. El nacimiento en 2001 de la Plataforma Papeles para Tod@s creó el contexto que necesitábamos para que surgieran las asambleas horizontales donde los propios migrantes pudimos decidir nuestras propias voces para defender el legítimo derecho a la regularización y a la ciudadanía. Lógicamente, ese proceso de empoderamiento también provocó tensiones.
¿De qué tipo?
Durante mucho tiempo el sujeto blanco ha sido la voz hegemónica. Él tenía el poder, la capacidad y los recursos para interceder ante los poderes públicos y administrativos. Hablo de un espacio donde ellos tienen altavoces y alianzas. Es cierto que dentro de los movimientos de base que trabajan por los derechos de la gente migrante y en los propios partidos políticos siempre han existido plataformas situadas en el tercer sector pero cuando irrumpió la regularización como un principio de existencia, decidimos que lo mejor era pelear por tener nuestra propia voz, sin intermediarios. De esta forma, podemos hablar de lo que nos preocupa como sujetos centrales de la lucha. Recuerdo que a raíz de nuestra primera campaña en redes que fue durante la pandemia pedimos a Oxfam, Open Fronteras y a otras grandes organizaciones blancas que no difundieran el contenido hasta que nosotras lo hiciéramos. Estas cosas suelen ocurrir. Son disputas por ocupar la voz.
Pero durante la campaña de recogida de firmas para la ILP han colaborado de manera efectiva. ¿Cree que es importante profundizar en esas alianzas?
Con la recogida de firmas pudimos experimentar algunas situaciones de racismo social que nos han servido para comprobar que solas no podemos hacerlo. Necesitamos reforzar nuestras alianzas en las comunidades autónomas y a nivel estatal para difundir nuestras demandas, para que nos acompañen en las concentraciones y para recoger firmas, si el momento lo requiere, porque la gente blanca es quien tiene acceso a la gente blanca. Con esto quiero decir que en una sociedad tan racista como la nuestra, las alianzas y la solidaridad son muy necesarias. Recuerdo que laProposición No de Ley (PNL) para la regularización de personas migrantes presentada en el Congreso en 2020 fue apoyada por 1.500 organizaciones de personas blancas y racializadas en alianza. Y en esta recogida de firma han trabajado alrededor de 900 organizaciones aunque, posiblemente, hayan sido bastantes más.
¿Qué es para usted la integración?
La integración debe ser entendida en términos de interculturalidad. No puede ser afrontada desde unos marcos mecánicos y simples como los que hay en la actualidad. Estamos hablando de personas con dinámicas culturales y experiencias que interactúan. Nosotras traemos un bagaje y aquí aprendemos otros nuevos. Dos culturas dialogan. Ninguna se sobrepone a la otra. Lo que pasa aquí es que siempre se sobrepone la hegemónica. Con sus leyes, con sus formas, costumbres, etc. Y a veces lo hace de manera violenta o con rechazo. Entonces, la interculturalidad se rompe como proceso porque no hay diálogo de igual a igual, de reconocimiento entre ambas partes. Se pierde la pluralidad y el enriquecimiento mutuo. Ese proceso implica acercarse y validarse. Por eso creo que la integración está hoy mal interpretada. Los migrantes latinos o musulmanes no somos piezas sobrantes que tengamos que encajar a la fuerza en esta sociedad. De aquí surgen las miradas de desconfianza, el convertirnos en amenaza, en seres ajenos, que dan miedo. Eso es parte de la mitología del siglo XV, de ultramar. Hay que eliminar esa carga negativa hacia el otro.
El foco hoy está en el avance de la extrema derecha a nivel mundial. ¿Temen que en España pueda ocurrir algo parecido a lo que ahora sucede en EEUU?
Siempre miramos a EEUU como un laboratorio mundial. Pero lo que allí está ocurriendo con la policía privada de Trump, el ICE, en España lo hace la Policía Nacional con identificaciones constantes a personas racializadas en las bocas de metro y paradas de autobús. Muchos migrantes que viven en asentamientos han sido atacados. Hay mujeres afroespañolas que son interpeladas por policías cuando ellas no tienen nada que ver con África y otros países porque nunca han estado allí. El ostracismo al que les someten y los señalamientos por el color de su piel genera un dolor profundo. Por lo tanto, no necesitamos mirar a Minneapolis, aunque la violencia sea más explícita. El racismo de la ultraderecha es una maquinaria que se está extendiendo por todo el mundo. La esperanza es que estamos viendo a gente blanca saliendo a las manifestaciones de protesta. Algunos han puesto sus cuerpos y han sido asesinados. Esto es lo que las racializadas llamamos “traicionar su blanquitud”. Es decir, renunciar a este orden racista y colonial para sumarse a la lucha, al movimiento. Por eso, ahora más que nunca, las alianzas son tan importantes. Lo hemos visto con la regularización y la recogida de firmas.