Con la aprobación en el Congreso de los Diputados del proyecto de nuevo Estatuto para la Comunidad Autónoma de Cataluña se cierra una fase decisiva de uno de los asuntos más conflictivos de la política española durante los últimos meses. En la sesión del jueves votaron a favor 189 diputados (54,8 por ciento de los […]
Con la aprobación en el Congreso de los Diputados del proyecto de nuevo Estatuto para la Comunidad Autónoma de Cataluña se cierra una fase decisiva de uno de los asuntos más conflictivos de la política española durante los últimos meses.
En la sesión del jueves votaron a favor 189 diputados (54,8 por ciento de los presentes), mientras 154 lo hicieron en contra.
Los sufragios positivos pertenecieron a los representantes del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Convergència i Unió (CiU), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Bloque Nacionalista Galego (BNG), Coalición Canaria (CC) e Iniciativa per Catalunya-Los Verdes (ICV).
Se opusieron al proyecto, por razones diferentes, los legisladores del conservador Partido Popular (PP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Eusko Alkartasuna (EA).
En tanto el opositor PP considera que el texto estatutario atenta contra la unidad de España, es inconstitucional y un disparate jurídico, ERC afirma que está por debajo de las aspiraciones de los catalanes y que es «malo para Cataluña y bueno para el resto de España».
En declaraciones a IPS, el diputado del PP por Barcelona, Jorge Fernández Díaz, sostuvo que «no quiero ponerme apocalíptico y no diré que el Estatuto quiebra a España, pero sí afirmaré que quiebra el espíritu de la Constitución de 1978. Su aprobación es un gran error».
Por su parte, Artur Mas, líder de CiU, manifestó que estaba «enormemente satisfecho y contento por la aprobación», pues «no sólo representa un paso adelante importante en el autogobierno de Cataluña, aunque no responde por completo a nuestras expectativas, sino también una sensata y magnífica operación de Estado», dijo a IPS.
El texto aprobado es muy diferente del proyecto original que en septiembre de 2005 obtuvo 88,8 por ciento de los votos en el Parlamento de Cataluña, pues en su tramitación en el Congreso se le introdujeron importantes modificaciones.
Uno de los aspectos más polémicos era la definición de Cataluña como una nación. Otros puntos urticantes se referían a las competencias en el régimen de gestión de puertos y aeropuertos, la creación de selecciones deportivas catalanas que actuarían separadamente de las españolas en las competiciones internacionales o la circunscripción catalana para las elecciones europeas.
El Poder Ejecutivo presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero se encontró en el proceso de aprobación entre la férrea oposición del PP desde el conservadurismo y la no menos férrea de ERC desde el catalanismo independentista. La paradoja es que ERC participa del gobierno tripartito de Cataluña junto a los socialistas e ICV.
También fueron numerosos los roces entre algunos dirigentes nacionales del PSOE y sus correligionarios catalanes. El presidente de la Generalitat (gobierno autónomo de Cataluña), el socialista Pasqual Maragall, se mostró en muchas ocasiones más próximo a los nacionalistas que a su colectividad política.
En enero de este año, ante la imposibilidad de acuerdo entre el PSOE y los nacionalistas, Rodríguez Zapatero dio la espalda a sus aliados de ERC y al mismo Maragall y mantuvo un encuentro con el máximo dirigente de CiU, Artur Mas, del que salió un proyecto reformado de Estatuto que pudiera superar la prueba del Congreso.
Finalmente, diputados del Congreso y representantes del parlamento de Cataluña modificaron diversos aspectos del texto para presentarlo ante la Comisión Constitucional, en el marco de lo pactado por Zapatero y Mas. Pero el PP siguió tachando de inconstitucional el nuevo proyecto y quedó al margen de las negociaciones, y Esquerra Republicana de Catalunya juzgó inadmisibles las «rebajas» introducidas en el mismo y anunció que se opondría a él en el pleno parlamentario del jueves.
En la Comisión Constitucional, que preside el diputado socialista y ex vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra, se ratificaron la mayoría de los acuerdos alcanzados entre Zapatero y Artur Mas.
El término «nación» aplicado a Cataluña subsistió en el nuevo texto sólo en el preámbulo y de una forma indirecta y atenuada. Quedaron fuera del Estatuto los puntos sobre los que fue imposible lograr acuerdo, como el de las selecciones deportivas catalanas, la circunscripción electoral europea, y, en particular, la cesión del aeropuerto de El Prat (Barcelona) a la Generalitat, que constituyó un duro escollo de última hora.
En el pleno del Congreso, el líder del PP, Mariano Rajoy, retomó la extrema dureza de sus críticas al Gobierno, que había dulcificado poco antes y después de su encuentro con Zapatero del martes.
Rajoy aseveró que con este Estatuto para Cataluña, que «es un embrollo, una ley mal hecha, defectuosa a los ojos de cualquier profesional del derecho e impregnada de incertidumbre» (…) «estamos ante el principio del fin del Estado como lo diseñaron los españoles en 1978», año de aprobación de la Constitución.
También afirmó que el texto «dice lo contrario que la Constitución y niega su vigencia en Cataluña». Rajoy fue muy crítico con la ausencia de Zapatero en el comienzo del debate parlamentario, al que llegó varias horas después de comenzado, tras sostener una reunión con Maragall en dependencias del Congreso.
El texto pasa ahora al Senado, donde ERC y CiU tratarán de reintroducirle la cesión del aeropuerto de Barcelona al gobierno catalán. Una vez aprobado, será devuelto al Congreso y éste lo enviará al parlamento de Cataluña. El trámite final será la convocatoria a un referéndum para someterlo a la ratificación de los ciudadanos catalanes, que podría tener lugar en junio próximo.