El pleno del Congreso, con el voto en contra del PSOE, aprueba una propuesta de resolución de Coalición Canaria (CC-NC) que insta al Gobierno a que pida a Marruecos el respeto de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y solicite la intervención de la ONU y la UE para que se restablezca la legalidad […]
El pleno del Congreso, con el voto en contra del PSOE, aprueba una propuesta de resolución de Coalición Canaria (CC-NC) que insta al Gobierno a que pida a Marruecos el respeto de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y solicite la intervención de la ONU y la UE para que se restablezca la legalidad internacional.
La moción aprobada pide también al Ejecutivo que inste a las autoridades marroquíes a permitir el acceso permanente de observadores internacionales, representantes de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y prensa internacional a los territorios ocupados.
La resolución apoya además ‘los legítimos derechos de la población saharaui’ a ejercer el derecho de autodeterminación, ‘mediante un referéndum libre y sin coacciones de ningún tipo’.
Se señala además que la ‘defensa activa’ de estos principios en los foros internacionales y ante las partes implicadas ‘es la única manera de saldar una deuda histórica, jurídica y moral con los inocentes de esta tragedia, la población saharaui’.
Es otra prueba más sobre la política de apoyo incondicional a las tesis marroquíes con respecto al Sáhara del gobierno socialista.
Antecedentes históricos
Poco después de la invasión del territorio del Sahara (14-XI-76) Felipe González había viajado a los campamentos de refugiados de Tinduf donde se había comprometido ante la historia a que el Partido Socialista estaría con el pueblo saharaui «hasta la victoria final».
Pero recién llegado al cargo el Ministro socialista Fernando Morán, declaraba: «no solo no haremos nada para desestabilizar al Rey de Marruecos sino que haremos todo lo que esté en nuestra mano para mantener su estabilidad».
Los años de plomo de Marruecos, bajo el reinado de Hassan II, padre del actual Mohamed VI, fueron años de oídos sordos en España, lo mismo que ahora. Las peticiones de asociaciones, ONGs y otras organizaciones que defienden los derechos del pueblo saharaui no consiguen repuesta por parte de los diversos ministros de Asuntos Exteriores españoles.
En una reciente entrevista a Miguel Ángel Moratinos, ante la pregunta por la súbita pleitesía española hacia el sultán de Marruecos, el canciller español respondió que «nada hay que justificar; sencillamente, si interferimos la voluntad de Mohamed, seguiremos teniendo situaciones como la que vivimos el 11 de marzo en Madrid».
Marruecos se ha opuesto a todo. Primero tomó como pretexto el cuerpo electoral y Naciones Unidas durante seis años acabó la identificación de los votantes con una lista provisional de 86.000 votantes. Luego dijo que todas las personas que habían sido rechazadas por la comisión deberían pasar de nuevo ante la comisión de identificación. El Polisario lo acepto. Baker también dio luz verde para eso. Al final Baker propuso un plan con un período de transición de cinco años bajo bandera marroquí y luego un referéndum con la participación de los colonos marroquíes hoy día presentes en el territorio. Así que todas las demandas, todas las cartas que utilizaba Marruecos para impedir la organización del referéndum han sido tomadas en cuenta, no solamente por la ONU y por Baker sino también el Polisario aceptó y desafió a Marruecos en ese plan. Hoy día, Marruecos vuelve a rechazar incluso sus propios compromisos recogidos en la propuesta de Baker. Rechazó la resolución 1495 del Consejo de Seguridad que apoya el plan de paz y Marruecos también dio marcha atrás a lo que el propio rey Hassan II aceptó en 1981, que es la organización de un referéndum como salida al conflicto del Sahara Occidental.
Su única postura es decidir unilateralmente la suerte del Sahara, dejando fuera la opinión de los saharauis.
Si el Gobierno socialista renuncia a su responsabilidad histórica y su compromiso de tomar en sus manos la defensa del derecho del Pueblo Saharaui, exigiendo a Marruecos la aplicación sin más demora del Plan de Paz y el estricto cumplimiento de las resoluciones de la ONU, las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero de respeto a la legalidad internacional, de los Derechos Humanos, el derecho de los pueblos y la defensa de los grandes ideales de la humanidad, serán pura falacia.