Desde que el actual Consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, echó al anterior director general de Política Educativa Escolar de la Junta de Castilla y León, Fernando Sánchez-Pascuala, el Partido Popular de esta Comunidad ha emprendido una deriva neoconservadora que parece querer recuperar sus añorados «principios del movimiento» de la época de […]
Desde que el actual Consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, echó al anterior director general de Política Educativa Escolar de la Junta de Castilla y León, Fernando Sánchez-Pascuala, el Partido Popular de esta Comunidad ha emprendido una deriva neoconservadora que parece querer recuperar sus añorados «principios del movimiento» de la época de la dictadura.
Al menos, el anterior director general mantenía una línea neoliberal educativa, potenciando la financiación pública de la escuela privada y el desmantelamiento progresivo de la escuela pública. Es decir, la línea clásica del Partido Popular en todas las comunidades que gobierna.
Con las derivas propias del pensamiento económico neoliberal aplicado a la educación: experimentos de excelencia, bilingüismos elitizantes, itinerarios educativos, como vías de segregación y potenciación de una educación de dos velocidades (para quienes quieren destinar a la universidad y a puestos directivos y para quienes intentan destinar al mercado precario, temporal y de salarios de miseria, de la actual «salida» de la crisis); sustitución de la democracia participativa de los centros por un modelo de gestión directiva empresarial autoritaria y que aplique los recortes establecidos por su administración; aplicación de la doctrina de control, exámenes, esfuerzo y miedo al suspenso como estrategia de «motivación» para aprender a memorizar en lo que se les instruye; emprendimiento como negocio, en vez de innovación y creatividad como análisis crítico de la realidad, etc. Vamos, lo «normal» del pensamiento neoliberal, que ahora encarna tan bien el partido Ciudadanos.
Pero, al menos, parecía haberse desprendido del modelo más rancio y casposo de la España cañí y ligada a los «valores patrios» herederos de la educación neoconfesional de la dictadura franquista.
Sin embargo, el abandono del ahora añorado neoliberal Sánchez-Pascuala, se ha convertido en el punto de inflexión hacia esta deriva neoconservadora de rasgos esperpénticos, de la que incluso los jóvenes «barones» del PP empiezan a distanciarse y sentirse especialmente incómodos.
La última, y no por ello menos grave ocurrencia del consejero ha sido su propuesta de crear «departamentos divinos» en los institutos de secundaria.
La comunidad educativa de Castilla y León se ha tenido que enterar por la prensa de la intención de la Consejería de Educación de presentar el 19 de julio, en la permanente del Consejo Escolar de la Comunidad, el proyecto de orden que regulará esos departamentos católicos en el seno de los centros educativos.
Si ya la LOMCE, del denostado exministro Wert, a quien también se echó mediante el sistema de «patada para arriba» mandándole a un destino dorado a costa del erario de toda la ciudadanía, supuso dar el primer gran paso atrás, para volver al modelo educativo franquista de corte confesional, otorgando valor académico a todos los efectos a una «creencia doctrinal» particular de carácter religioso, Fernando Rey trata de demostrar que se puede profundizar aún más en este retroceso y ha decidido crear, como una innovación emprendedora, departamentos de creyentes en cada instituto público de la región.
La Consejería de Educación de Rey pretende así seguir dando prerrogativas a una serie de «catequistas profesionales», nombrados a dedo por la jerarquía católica -o en algún caso, evangélica-, que no sólo no han pasado ninguna oposición para poder ejercer ninguna enseñanza, donde demostrasen su capacidad, sino que cobran del erario público lo mismo que el profesorado de enseñanza secundaria que ha aprobado unas oposiciones en concurrencia de igualdad, capacidad y mérito y tiene una titulación que lo habilita para impartir docencia. Además, en nuestra comunidad autónoma, estos catequistas pueden llegar a desempeñar el cargo de dirección de centros públicos.
Pero esta orden profundiza aún más este desafuero del Partido Popular en Castilla y León, pretendiendo crear un departamento docente de una supuesta «materia» sobre dogmas y creencias particulares.
La creación de departamentos docentes no solo instalará aún más definitivamente la religión católica como contenido en la educación, en contra de todos los principios de libertad religiosa, sino que asentará la discriminación que supone la selección de estos catequistas de religión con criterios «ideológicos», por afinidad a la jerarquía católica y fidelidad a la práctica de sus ritos (tienen que estar bautizados), llevando incluso a que tengan poder de decisión en los órganos de coordinación didáctica de los centros respecto al enfoque educativo del centro en su conjunto.
Abogamos por una educación laica en libertad. Los niños y niñas no tienen por qué sufrir la imposición de creencias religiosas particulares, como contenidos que tienen que memorizar y asignaturas de las que se tienen que examinar. La creencia religiosa es una experiencia personal, una opción en libertad, nunca una imposición. Y es una decisión personal, fruto de una experiencia subjetiva en relación con las experiencias que cada uno vive, no algo por lo que te ponen nota en el colegio.
Por eso, defendemos una educación laica, que es la única que respeta la libertad de conciencia, educa sin dogmas y elimina toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. Lo cual supone no solo la paralización inmediata de este borrador de la Junta de Castilla y León, sino la derogación de los acuerdos con el Vaticano y con otras confesiones religiosas para que cualquier religión quede fuera del currículo escolar.
La enseñanza de cualquier religión debe salir del horario lectivo y de los centros educativos, así como desaparecer los actos y la simbología religiosa de los centros escolares y de los espacios públicos educativos; y también todo procedimiento administrativo que obligue a manifestar las creencias o no creencias, ya que esto es un mandato constitucional (artículo 16 de la Constitución) que actualmente se está incumpliendo. Igualmente, el calendario escolar no se tiene por qué someterse al calendario litúrgico, tendiendo a una distribución más equilibrada de los tiempos y descansos escolares.
En definitiva, debemos revertir no solo este «proyecto divino» del Consejero de Educación de Castilla y León, sino que, por el bien de la comunidad educativa y de las propias religiones debemos hacer caso de lo que dicen los propios evangelios católicos y «dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios«: la educación en la escuela, y la religión en la iglesia. Esperemos que Fernando Rey demuestre propósito de enmienda y no quiera ser más papista que el papa.
José Sarrión, Procurador de Castilla y León. Rocío Anguita, Profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid. Enrique Díez, Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León.
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