Traducido del catalán para Rebelión por el autor
El nombre de Iñaki Urdangarín saltaba ayer a la palestra cuando el diario El Confidencial refrescaba la memoria de otro de los grandes proyectos gestados de la mano del Consell de Francisco Camps. En este caso el Consell rizaba el rizo, pues el Valencia Summit -que organizaba el Instituto Nóos- no era en sí un gran evento, sino un congreso para estudiar el impacto económico de los grandes eventos. Eso sí, la relación resultados precio resultaba tan negativa para los valencianos en este como en aquellos. Las dos primeras ediciones, celebradas en 2004 y 2005, costaron a los valencianos 2’4 millones de euros pagados al alimón de los fondos de la Generalitat y del Ayuntamiento de València. Su repercusión, la que se recuerda.
No obstante, eran tiempos en los que el Consell disparaba con pólvora de rey, y durante la celebración de la segunda edición, la Generalitat aceptó la propuesta del Instituto Nóos, sustentada en el rostro de Iñaki Urdangarín y la aureola real que le rodeaba, para que ésta obtuviera para València la candidatura a unos Juegos Europeos. ¿El coste por la intermediación? 3 millones de euros. ¿El resultado? Nunca se llegó a obtener ninguna candidatura al supuesto gran evento, para el que tampoco se contaba con el respaldo del propio Comité Olímpico Español. Urdangarín, al que el diario situaba como receptor último del dinero, abandonó meses después su puesto en la Fundación Nóos, aunque ésta aún realizó una tercera edición del congreso en 2006. A día de hoy, es imposible encontrar en Internet ninguna de las webs que en su día se realizaron para los congresos (uno de los pocos rastros que dejó la millonaria inversión es este comunicado: http://www.lukor.com/deportes/noticias/0410/29172252.htm), ni tampoco la del Instituto Nóos. No es de extrañar, la policía encargada de investigar el Caso Palma Arena, en el que está imputado el ex presidente balear Jaume Matas y en el que la fundación capitaneada por Urdangarín también aparece relacionada, es incapaz de encontrar siquiera su sede social.
Mucho menos que Urdangarín, se llevó en su día José Vicente Villaescusa por su gestión al frente del futuro Museo del Siglo XIX. Sin embargo, como también supimos ayer a través del Document Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), el resultado para los valencianos fue el mismo: cero. Ya en 2006 la diputada socialista Ana Noguera señalaba que el ex director de Radio Televisión Valenciana (RTVV) cobraba 60.000 euros al año de la Generalitat por no hacer nada, y ayer el DOCV vino a confirmarlo anunciando la última paletada de tierra que terminaba de enterrar el que fuera uno de los proyectos estrella del PP para la ciudad, cuando fue presentado en 2001. En julio de 2004 José Vicente Villaescusa abandonó RTVV y pasó a ocupar un cargo creado ex profeso para «liderar la asociación de expectativas generadas» en torno al proyecto de museo y «llevarlo a buen fin«, si bien a finales de 2007 se vio forzado a abandonarlo. Se había «redimensionado el contenido del proyecto» y había que optimizar recursos, justificó entonces la Consejería.
Hoy el proyecto de Museo del Siglo XIX, pese a nunca haber existido, ya es historia. Ana Noguera, por cierto, calculaba que esta nada podía haber costado a las arcas públicas alrededor de otros 3 millones de euros. El motivo del carpetazo apuntado en el DOCV es que «no hay consignación presupuestaria» para que se lleve adelante. El Consell no tiene más dinero.
Estos no son los únicos casos en que se han dado situaciones similares. Todos los proyectos que se quedan en una primera piedra son susceptibles de generar cargos bien remunerados para sacarlos adelante y solo la paralización o la suspensión de los mismos deja en evidencia el despilfarro que todo ello supone. Uno de los más llamativos ha sido el del proyecto de la Ciudad de las lenguas en Castellón, fiado ahora -tras un lustro desde su presentación- a la buena fe de la iniciativa privada y con una fecha para el estreno con un horizonte muy lejano: el año 2007. No obstante, desde 2005 el ex alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, viene cobrando un sueldo mensual de 6.000 € de la Generalitat, como consejero delegado de Castelló Cultural y responsable del proyecto de la Ciudad de las Lenguas. Y no solo eso, el gobierno de Camps corrió también con los gastos del salario de su asesor (puesto para el que eligió en 2005 al comunicador de extrema derecha José Luis Tirado ‘Josety’), una secretaria y un coche oficial propio con chofer.
Entre sus gestiones, adjudicar el «Master Plan» del proyecto a un despacho de arquitectura vinculado a su hijo. ¿A dónde irá a parar todo esto? Aún está por determinar. Puede que finalmente llegue a ser la versión castellonense de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, o la versión de la Torre de la Música o el Museo del siglo XIX. Aunque por los resultados a la vista hasta la fecha, lleva más camino de lo segundo que de lo primero.
Por lo pronto, tanto el grupo Compromís como Esquerra Unida han pedido explicaciones al Consell para aclarar el pago de los 3 millones de euros a la empresa que presidía Urdangarín. El portavoz de Compromís, Enric Morera (Bloc), pidió a los miembros del Consell «que nos expliquen la finalidad de ese dinero y si se hizo alguna gestión, porque los objetivos no se han conseguido y parece que hemos regalado 3 millones de euros a la fundación de un famoso«. Morera también reclamó que, en caso de que no se haya hecho nada, «nos vuelven el dinero de las valencianas y los valencianos«. La diputada de EUPV [Ezquerra Unida del País Valencia] Marina Albiol se manifestó en una línea similar, pero añadió que ya «han pasado cinco años desde que Camps anunciara junto a Urdangarín la intención de que Valencia se convirtiera en sede de los I Juegos Europeos para el 2010. Entendemos que, si no se han hecho pero se ha desembolsado más de 3 millones de euros, alguna explicación nos merecemos«. La diputada manifestó también que en este asunto «todo desprende un olor muy sospechoso. Nos preocupan las relaciones entre los negocios de los miembros de la monarquía española y el dinero de las administraciones públicas, no sólo de la nuestra, también la de las Islas Baleares, cómo hemos sabido a raíz del caso Palma Arena«.
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