En los últimos meses asistimos a una intensificación del rumor sordo de declaraciones a favor de introducir el copago por el uso de servicios sanitarios y el copago farmacéutico. Haciendo valer el dicho «al revés te lo digo para que me entiendas», tras la aprobación por el Congreso de los Diputados en marzo pasado de […]
En los últimos meses asistimos a una intensificación del rumor sordo de declaraciones a favor de introducir el copago por el uso de servicios sanitarios y el copago farmacéutico.
Haciendo valer el dicho «al revés te lo digo para que me entiendas», tras la aprobación por el Congreso de los Diputados en marzo pasado de una propuesta por la cual se rechazaba el copago en esta legislatura, se han multiplicado los informes de «expertos» y las declaraciones de personajes representantes de diferentes sectores a favor del copago.
Antes que nada es preciso aclarar el termino «copago» que, al igual que ocurre con todo lo relacionado con la privatización de la sanidad, responde al objetivo de introducir confusión y enmascarar todo lo posible la verdadera naturaleza del hecho que define. Si se habla de «introducir el copago por parte del usuario» de servicios sanitarios y medicamentos, se deduce que hasta ahora el usuario no pagaba. La falsedad es evidente: el presupuesto de sanidad que se transfiere desde el Estado a las CC.AA. se financia con los impuestos -que salen casi en su totalidad de los bolsillos de los trabajadores [1]- y con las cotizaciones a la Seguridad Social, con las que ocurre otro tanto, que pronto se corregirá y aumentará con la nueva contrarreforma laboral que nos deparará el «diálogo social».
Lo que se pretende introducir es que los usuarios de la sanidad pública, en su inmensa mayoría trabajadores y trabajadoras, en activo o jubilados, paguemos además un ticket moderador por acceder a la consulta de atención primaria, al especialista, a las urgencias, pagar las comidas mientras estemos ingresados, un canon por las ambulancias y, sobre todo, que se elimine la gratuidad de los medicamentos para pensionistas, haciéndoles pagar un 10% de su precio. La gama de propuestas no se agota ahí; se habla también de establecer una «prima única para mayores de 65 años (o antes)», establecer una lista de prestaciones básicas gratuitas, y pagar una póliza para poder acceder a las restantes (como en EE.UU.), etc.
La Brunete mediática del copago
El buque insignia está integrado por la Consejera de Sanidad del tripartito de Cataluña (PSC, ERC e ICV), el Consejero de Asturias (PSOE) y los de Madrid y País Valenciá (PP); a ellos se sumó el PNV cuando gobernaba en la Comunidad Autónoma Vasca [2]. Solamente la variada composición política de los Consejeros proponentes es suficiente para indicar el calado de la propuesta.
Los cuatro se prodigan en declaraciones que reproducen ampliamente los medios de comunicación y que sirven de base a informes de «expertos», que a su vez dan lugar a nuevas noticias.
Sólo en las últimas semanas algunos titulares han sido los siguientes:
– 26 de octubre: «El Mº de Sanidad presenta un informe que pide el copago pero no lo defiende. Propone que los pensionistas también paguen los fármacos». El informe es presentado por el Secretario General del Ministerio y los expertos designados por el propio Ministerio pertenecen en su mayor parte a fundaciones y consultoras privadas, entre ellas FEDEA [3].
– 13 de noviembre. «La CEMS (confederación de sindicatos médicos) defiende el copago» [4].
– 16 de noviembre. «Expertos desempolvan el ticket moderador. El SNS tendrá un déficit de más de 50.000 euros en 2020″. Informe elaborado por FEDEA y por McKinsey&Company [5] [6].
– 17 de noviembre. «La Convención Nacional del PP debate el copago sanitario [7].
– 24 de noviembre. «Nueve autonomías no tendrán para pagar las recetas. Sanidad está en contra del copago» [8].
– 30 de noviembre. » Salgado pide «prudencia» a la hora de plantear el copago en el SNS» [9].
– 12 de diciembre. «El Partido Socialista de Cataluña asume que los pacientes deberán pagar parte de los servicios sanitarios». Aunque la Consejera cortó el debate «para evitar costes electorales», anunció que la propuesta de programa electoral «rompe con el modelo actual de servicios gratuitos y en el que sólo se paga una parte de los medicamentos» [10].
Esta profusa referencia documental, referida sólo al último mes, tiene por objeto neutralizar el mayor enemigo de la imprescindible respuesta popular, especialmente de jubilados, pensionistas y enfermos crónicos: la ignorancia y/o la acusación de falta de credibilidad hacia artículos como éste por parte de sectores interesados en ocultar la trascendencia de la medida.
Aprender del precedente del Informe Abril Martorell
La prudencia con que se apuntan las medidas de copago o de ticket moderador tienen que ver con la conciencia de se está tratando con un material humano altamente sensible: los pobres, los enfermos y, sobre todo, los pensionistas.
El Informe que aprobó hacer el Congreso con los votos de CDS y PSOE en 1991 y encargado por el Gobierno de Felipe González al banquero franquista Abril Martorell, que debía ser la «hoja de ruta» de la privatización de la sanidad, acabó siendo demonizado por todos ante la respuesta sindical (amenaza de huelga general) que suscitaron sus recomendaciones, sobre todo las referidas al copago sanitario y farmacéutico. Como puede verse, 18 años después, las intenciones no han variado:
– Introducir el principio de participación del usuario en el coste de las prestaciones, incluidas las básicas. La Comisión percibe este principio, más que como una fuente adicional de financiación, como raíz de responsabilidad y base de facturación. – Extender la participación en el coste de los fármacos a la población actualmente exenta (pensionistas) y estudiar la posibilidad de sustituir la exención actual por el pago con reembolso a posteriori.
Los argumentos, con algún toque de «modernidad», como cuando hablan de sostenibilidad del sistema, de dejar aparcada la ideología para buscar el interés general, de lo injusto de que pensionistas con rentas altas obtengan medicamentos gratis, del mal uso de los servicios sanitarios, del aumento desmesurado del gasto sanitario, de los incrementos permanentes de la factura farmacéutica,.. etc, tampoco son muy diferentes.
Lo que ocultan es que imponer el pago directo por los servicios y eliminar la gratuidad de los medicamentos para pensionistas constituye la llave de oro del negocio de la privatización. Aunque la gran mayoría hable del aumento «insostenible» de la factura sanitaria y aproveche la crisis económica para enfatizar el argumento, en publicaciones restringidas se habla de que no es la búsqueda de fondos adicionales – de los que buena parte se iría en burocracia recaudatoria – el objetivo principal. Los que hablan del «imparable» aumento del gasto nada dicen de que este se haya disparado precisamente por las medidas privatizadoras y, sobre todo, en las CC.AA. en las que el proceso de privatización está más avanzado, y que la insuficiencia de recursos y la correspondiente masificación en atención primaria determine incrementos no justificados de la factura farmacéutica.
Las verdaderas razones, inconfesables, van por otros derroteros. En un sector como el sanitario en el que el 15% de la población (enfermos crónicos, personas mayores y pobres en los que es muy difícil diferencia lo social de los sanitario) consume más del 80% de los recursos, la gallina de los huevos de oro es «disuadir económicamente» de su utilización a los sectores de población que más necesidades tienen, que más recursos consumen y a los que pagar 2 euros por consulta o el 10% de los medicamentos retrae de su utilización.
Las consecuencias de esta brutal selección de pacientes en función de su rentabilidad se ocultan por parte de sus impulsores, pero no se ignoran. Estudios realizados en otros países dan cuenta de los graves perjuicios que se ocasiona a la salud, precisamente de grupos que con criterios elementales de salud pública deberían ser, por el contrario, priorizados.
Aunque su estudio supera las posibilidades de espacio de este artículo y deberá ser acometido sin tardanza, señalo algunas de ellas:
– Retraso en el diagnóstico de enfermedades, por el abandono de consultas preventivas.
– Agravamiento de las patologías crónicas cuyo control periódico se abandona.
– Incremento en la hospitalización y en el uso de urgencias, con el consiguiente incremento del gasto sanitario.
– Abandono del uso de medicamentos, incluidos los esenciales.
– Degradación de las prestaciones «básicas» incluidas en la póliza pública, que se convertiría en beneficencia para pobres.
– Deterioro de la salud de los sectores de la población con menos recursos.
El largo etcétera que hay que añadir constituye el drama diario al que se tienen que enfrentar los casi 5 millones de parados y al que habrá que añadir el escándalo del copago que afectará sobre todo a los mayores.
Habrá quien crea que no se van a atrever en función del coste electoral que tal medida conllevaría, sobre todo entre los jubilados y pensionistas.
En eso han pensado ya: habrá un Pacto por la Sanidad de las características del Pacto de Toledo para las pensiones, de forma que al adoptarlo todas las fuerzas políticas institucionales, al menos PSOE, PP y derechas nacionalistas, la pérdida de voto sea equitativa. Todo ello en aras de los superiores intereses del capital que son a los que verdaderamente representan.
La única duda realmente importante acerca de lo que están preparando, nos afecta a los demás: ¿Vamos a consentirlo?
Ángeles Maestro. Corriente Roja.
Artículo escrito para el periódico El Otro País
Notas:
[1] Un somero análisis del escandaloso sistema tributario vigente puede verse en: http://blogs.publico.es/
[3] El grupo está integrado por una experta en Servicios Sociales de la empresa Antares Consulting, Montserrat Cervera; el catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares Gregorio Rodriguez Cabrero y los economistas José Antonio Herce, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), y Simón Sosvilla, catedrático de la Universidad Complutense, también vinculado a FEDEA. http://misaludnoesunnegocio.
[6] Este amplio y reciente documento elaborado por FEDEA y McKinsey, que puede considerarse como síntesis de argumentos y análisis hacia el copago y la extensión de la privatización. http://www.cambioposible.es/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.