Es una paradoja que mientras la mayoría de los titulados universitarios en países como Irán y Arabia Saudí son mujeres, sus diplomas solo sirven para adornar las paredes de la cocina o aumentar su «precio» en el mercado de matrimonio.
El coronavirus ha sido como el agua de mayo para las dictaduras de corte medieval de Oriente Próximo (OP), ya que pueden seguir inventando nuevas formas del control social y arrebatar los pocos logros que habían sobrevivido tras dos siglos de la lucha de la mujer. Hábiles en utilizar la religión y la «espiritualidad» para consolidar el poder de la oligarquía mientras se corrompen con el incalculable oro negro de la región, dichos regímenes, antes de la aparición de la covid-19, ya representaban los peores indicadores del mundo en las cuestiones sociales, incluida una amplia y profunda brecha de género en prácticamente todas las esferas.
Ahora, mediante las «medidas» diseñadas por los comités gubernamentales para contener la propagación del virus, formados casi exclusivamente por hombres (en Jordania, una mujer entre 11 miembros) de las clases altas, atentan directamente contra los derechos de las ancianas, viudas, divorciadas, las que padecen alguna discapacidad, las migrantes, refugiadas, desplazadas, jornaleras, obreras, funcionarias y empresarias. De entrada, salvo Qatar y Bahréin, ninguno de los estados de la región tiene una ministra de Sanidad, a pesar de que la mayoría de los trabajadores del sector son mujeres. De hecho, desde el ascenso de la extrema derecha religiosa en la década de los ochenta no hay ni una sola mujer en el poder político (¡ni en ningún otro!)
En el mercado de trabajo
Incluso antes del ataque de este virus, solo el 20% de las fuerzas laborales del capitalismo religioso de OP eran mujeres, la tasa más baja del mundo, porque los hombres prefieren envolverles de pies a cabeza en gruesas telas. No satisfechos con eso, las encierran entre los muros de su prisión privada llamada «hogar». Ahora la ONU afirma que sólo en la parte árabe de la región, «por culpa de la covid-19», se han perdido 700.000 empleos ocupados por mujeres, principalmente en el sector informal, donde trabajan la mayoría de ellas. A muchas, el confinamiento las ha condenado a la extrema pobreza y la desesperación, a falta de perspectiva de una recuperación.
En Túnez, la mayoría de las PYME dirigidas por mujeres ya han tenido que echar el cierre. Lo curioso es que muchas de las que están pidiendo préstamos bancarios para su negocio en OP lo hacen en realidad para el negocio de los varones de la familia: solo el 38% de las mujeres tienen cuenta bancaria, en comparación con el 57% de los hombres (Banco Mundial, 2017). En el Líbano, algunas se han adaptado a la nueva situación, cosiendo mascarillas y batas quirúrgicas desechables. Y no, no es nada genial eso de volver a coser y cocinar.
Esta parte de Oriente también presume de la tasa más alta del mundo en el desempleo juvenil: el 26,9% (Banco Mundial), donde la mayoría son mujeres, cifra que aumentará con el cierre actual de miles de fábricas y talleres. La «rebelión de los hambrientos», en una región donde la feminización de la pobreza es espectacular, amenaza la estabilidad de varios estados, entre ellos Iraq, Irán y El Líbano, de cuyas cenizas no nacerá precisamente un mundo mejor, donde las «alternativas» son duramente perseguidas.
Mientras la economía capitalista en recesión envía a millones de personas al oscuro pozo de la miseria, los incompetentes gobiernos de la zona no consideran prioritario proteger a la mitad más vulnerable de la población, las mujeres, sino todo lo contrario. Según la Unión de Mujeres de Jordania, el Gobierno ha cerrado las tres clínicas que utiliza para ayudar a las sobrevivientes de la violencia contra la mujer (VCM). Algunas medidas hasta pueden parecer «feministas»: Egipto ha concedido un permiso excepcional para las mujeres embarazadas o las madres de niños menores de 12 años para que atiendan con tranquilidad sus «obligaciones» familiares; la Autoridad Palestina ha ordenado a las empresas dar vacaciones pagadas a las empeladas, madres de niños pequeños por el cierre de las escuelas, aunque en sus leyes (semíticas) los hijos solo pertenecen al padre y la familia de él, y ella no tiene ningún derecho sobre sus vástagos, aun siendo viuda.
Este empobrecimiento de la clase trabajadora ha aumentado de forma espectacular una de las más espantosas formas de la explotación sexual: dar en «matrimonio» a las hijas pequeñas, eliminando una boca de una mesa sin pan, manteniendo el negocio legal o legitima en casi todos los países de la región de pedofilia en su modalidad «niñas-esposa», y todo lo que implica para ella, sus hijos y su sociedad. La pobreza extrema baja extremadamente el «precio de las menores», seres cuyo valor y precio, como una mercancía cualquiera, está supeditada a la ley de oferta y demanda, por lo que el valor de su seguridad y vida también disminuye en proporción. Muchas niñas, sobre todo en las zonas rurales, al cerrarse las escuelas, en vez de estudiar en casa se han visto obligadas a «hacer de empleada de hogar» en su propia casa, abandonado los estudios.
En caso de la clase media, la perspectiva es tenebrosa: muchos de sus integrantes han perdido su estatus, y han sido enviado no las filas de la clase obrera como antaño sino a los excluido sociales sin ninguna posibilidad de ascender o recuperar su posición, convirtiéndoles en parte de la «masa», «pasta» manipulable por las experimentadas fuerzas fascistas, que abundan en esta zona, disfrazada con mil y una chaqueta.
En Túnez y Marruecos, el 70% de la fuerza laboral agrícola es invisible, o sea es mujer, no cobra (o cobra una miseria), ni tiene acceso al sistema sanitario aceptable. En la región árabe, las mujeres ya realizaban casi cinco veces más trabajos no remunerados que los hombres, ahora ven incrementadas sus horas de trabajo gratuito por el cierre de las guarderías, por la carga adicional de la educación de los hijos en el hogar haciendo de «profe», y el cuidado de los enfermos y los ancianos en casa: ser mujer cabeza de familia no les empodera: en su mayoría son viudas y divorciadas con hijos y con una jornada interminable de trabajo que no deja tiempo para «ejercer ningún poder».
Es una paradoja que mientras la mayoría de los titulados universitarios en países como Irán y Arabia Saudí son mujeres, sus diplomas solo sirven para adornar las paredes de la cocina o aumentar su «precio» en el mercado de matrimonio.
En cuanto a la educación digitalizada, millones de niños y niñas no tienen ordenador, ni sus familias pueden pagar la conexión a internet, ni los docentes, en su mayoría cuentan con habilidades digitales para dar clases virtuales. En suma: estamos ante un gran retroceso para la educación de las niñas.
La violencia contra la mujer se dispara
No se sabe cuántas mujeres han sido asesinadas durante el confinamiento comparando con el año anterior, pero las feministas de Jordania, Líbano, Túnez, Israel e Irán han informado de un considerable aumento en la VCM. En Turquía, según la policía, entre 1 de enero y el 20 de mayo, se registró 88.491 incidentes en el hogar contra la mujer y 81 asesinatos, y eso que las dictaduras no ofrecen datos reales sobre la VCM en sus países. El hogar que ya era el lugar más peligroso para la seguridad de la mujer, en sistemas fuertemente patriarcales, que encima han sido reforzados por el asalto de los fundamentalistas al poder, ahora es un infierno. El abril pasado, la jordana de 36 años Eman al-Khatib, contó su caso en un video que colgó en YouTube: había perdido su trabajo y no podía encontrar otro: «Mi hijo y yo somos continuamente golpeados, y por las amenazas, ni me atrevo a huir«, denunciaba entre las lágrimas a su madre y sus hermanos. Ella tuvo suerte y fue rescatada por la Unión de Mujeres de Jordania.
La peor parte de la pirámide de las maltratadas la llevan las cerca de 2,1 millones de empeladas de hogar migrantes -procedentes de Sri Lanka, Filipinas, Bangladesh, Nepal, Indonesia, Kenia y Etiopía-, que ejercen literalmente de esclavas. Aun siendo generadoras de bienestar para los países receptores y una gran fuente de ingresos para los de origen, a nadie le importan ellas, ya que son fácilmente sustituibles por otra mujer empobrecida. Encerradas en la casa de los «amos» y sin ninguna autonomía legal o real, ya estaban expuestas a una brutal explotación sin horario, a abusos sexuales, golpes y humillaciones; ahora, algunas han perdido sus empleos y otras se han visto disminuido sus míseros sueldos mientras se incrementaban sus tareas: cuidar de los infectados sin que ellas mismas estén protegidas del virus o tengan acceso a la sanidad o medicamentos.
Prohibir a las mujeres acceder a los anticonceptivos forma parte de la VCM: las autoridades de Irán, preocupados por la negativa de las mujeres en tener hijos bajo este sistema de Apartheid de género, han prohibido todas las formas de anticoncepción, incluido la vasectomía. El número de embarazos no planificados -también por el cierre de las clínicas de salud reproductiva-, se ha disparados en toda la región, y con ello los abortos «caseros» que ponen en peligro la vida de las mujeres, muchas de ellas adolescentes. El hospital de maternidad de Médicos Sin Frontera en Khost, Afganistán (cuyo hospital ha sido dos veces bombardeado por EEUU, matando a decenas de pacientes y personal médico), informó de la caída de un 40% de pacientes al inicio de junio, cuando suelen dar la bienvenida al mundo a unos 2.000 bebés por mes. ¿Habrán sobrevivido aquellos que nacieron en sus casas? ¿Y sus madres, muchas de ellas menores? Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), actualmente hay 8 millones de mujeres embarazadas en la región y 15,5 millones de mujeres en edad reproductiva y necesitada de asistencia humanitaria
En Turquía la ley no protege a las hijas y hermanas maltratadas, como denuncia la Fundación de Refugio para Mujeres Mor Cati («Techo Púrpura»): a una joven golpeada por su padre y su hermano, la policía se negó la denuncia «porque usted no está casada», le dijeron. En algunos países de la zona beber alcohol conlleva la pena de muerte pero golpear a una mujer o matarla «es asunto privado de la familia». El confinamiento sólo ha intensificado la violencia milenaria e integral contra la mujer mostrando la disfuncionalidad de la institución familiar, este «dulce hogar», siempre basada en relaciones de dominio y el desequilibrio de poder entre sus integrantes, fiel reflejo de la estructura del propio estado: los miembros recibirán protección y alimentos siempre y cuando obedezcan a pies juntillas a quienes controlan y poseen los recursos vitales. Quienes afirman que la violencia del hombre se ha disparado con la crisis sanitaria por la pérdida del papel social de cabeza de familia que jugaban y el aumento del estrés por frustración, se equivocan: estas personas no pegan ni maten a sus vecinas, simplemente actúan sobre quienes creen tener derecho.
El confinamiento también ha roto muchos matrimonios, abriendo algunos ojos: Un 30% de divorcios: para las esposas ahora es más fácil inspeccionar el móvil del marido infiel o escuchar su conversación con «la otra», pegando la oreja a una puerta sospechosamente cerrada, y descubrir la farsa en la que vivían.
La covid también sirve para castigar aún más a las opositoras, e incluso «eliminarlas»: La feminista iraní Narges Mohammadi de 48 años, condenada a 16 años de cárcel y presa desde 2015, denuncia que las reclusas contagiadas no reciben atención médica, ni medicinas, y que bajo el pretexto del virus y con el objetivo de derrotarle psicológicamente, a ella le han cortado las visitas con sus hijos desde hace seis meses, y ni le permiten hablar por teléfono con ellos, quizás porque allí el virus también se transmite por los cables. De hecho, la otra presa política iraní, Zeynab Jalalian, la única mujer condenada a la cadena perpetua en el OP, ha sido infectada y su vida corre peligro.
Poner fin a la VCM requiere cambios estructurales en la sociedad y en las leyes y un trabajo organizado entre mujeres y hombres desde la infancia.
La persecución del movimiento feminista (en Irán, en Arabia Saudí) y su debilidad en el resto de los países de la región (Turquía y Afganistán), así como la ausencia de una coordinadora en el movimiento feminista internacional, son los principales motivos de este ataque sin precedente a los derechos humanos más elementales de los ciudadanos. ¡Mujeres de todo el mundo, uníos!