El discurso en todos los medios de comunicación es uniforme: la justicia está politizada. Pero el problema no es que esté politizada, la cuestión que se debería discutir es el exceso corporativismo de los jueces. El nombramiento de miembros del Consejo General del Poder Judicial ha desatado el debate pero no podemos olvidar lo sucedido […]
El discurso en todos los medios de comunicación es uniforme: la justicia está politizada. Pero el problema no es que esté politizada, la cuestión que se debería discutir es el exceso corporativismo de los jueces. El nombramiento de miembros del Consejo General del Poder Judicial ha desatado el debate pero no podemos olvidar lo sucedido una semana antes.
El anterior Consejo, cuya mayoría fue nombrada por el Partido Popular, antes de cesar resolvió varios asuntos disciplinarios. En primer lugar, la Comisión Disciplinaria acordó sancionar con una «falta grave» y multa de 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado, al no ejecutar una sentencia pendiente por abusos a una menor contra Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. Sin embargo, ese mismo día sancionó a otro juez con 7.500 euros por «tener una higiene descuidada» y tratar con abuso de autoridad a sus funcionarios y al secretario judicial. Por último, a la Juez de Denia (Valencia) que se negó a casar a homosexuales y seguidamente atacó a un Fiscal y al Gobierno utilizando medios públicos le retiró la multa impuesta previamente por la Comisión Disciplinaria.
Una de las funciones más importante del CGPJ es la disciplinaria, no puede implicarse en la interpretación de las leyes que hacen los jueces, función en la que los jueces son independientes y sólo se pueden revisar mediante los recursos previstos legalmente. Pero cuando un juez incumple sus deberes como funcionario, el CGPJ es el el órgano encargado de perseguir y sancionar estas conductas.
El diario «Público» el pasado día 14 de septiembre informaba que «de las más de mil denuncias contra jueces y magistrados que llegan por término medio cada año al CGPJ, finalmente sólo acaban en sanción una veintena de ellas, algunos de ellas con simples advertencias o con multas de unos pocos centenares de euros. Basta echar un vistazo a los datos de cualquier de los años para constatar esta abismal diferencias entre denuncias y sanciones, entre los errores y sus castigos. Año 2005. 1.317 informaciones previas tramitadas. De ellas, salieron 189 diligencias informativas, que se redujeron a 45 expedientes incoados. Finalmente, sólo 16 de ellos acabaron en sanción… ¿Separados de la carrera judicial? Ninguno».
La escasas sanciones se explican por el corporativismo, pero el diferente trato entre el descuidado juez de Talavera y la juez de Denia y el juez del caso «Mari Luz» no se entiende sino es porque estos dos últimos magistrados son miembros de la conservadora y mayoritaria «Asociación Profesional de la Magistratura». Así lo ha declarado Alfons López Tena, miembro del saliente CGPJ el que ha manifestado que al juez Tirado le ha salvado «su pertenencia a una de las asociaciones de magistrados mayoritarias y el corporativismo que existe entre nosotros«.
Parece lógico pensar que no se puede acabar con el corporativismo mientras los jueces sigan eligiendo quienes deben ser los miembros del CGPJ. Además y a diferencia de los otros dos poderes del estado, los jueces no tienen ninguna legitimidad democrática al no estar refrendado su nombramiento por los ciudadanos. Los jueces y magistrados deben ser independientes e imparciales en el ejercicio de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado pero no pueden arrogarse un papel preponderante en el gobierno de la administración de justicia que debe encargarse a los gestores que los ciudadanos han elegido democráticamente. Es de sentido común que si el CGPJ estuviera formado por cargos de elección popular se aplicarían con más rigor las sanciones a aquellos jueces y magistrados que descuidan sus deberes.
Desde los medios de comunicación se intenta continuamente desacreditar a la «política» con el fin de que los ciudadanos pierdan interés en ella y que al final deleguemos en otros su ejercicio. El problema del CGPJ y del Tribunal Constitucional no es su politización sino que, como en otros casos, la democracia se ha degradado al estar mediatizada la participación de los ciudadanos por los partidos políticos. El problema no es que se nombren consejeros o jueces de izquierda o derecha (todas las personas tienen sus opiniones políticas) sino el bochornoso espectáculo que llevan protagonizado el PP y el PSOE. El primero lleva chantajeando al segundo durante cuatro años y el segundo plegándose de forma descarada a los conservadores. Que el PP vete como presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ al actual Fiscal General Conde Pumpido y que al final el PSOE se someta y designe a un Juez ultra-católico y conservador como Carlos Dívar, mientras que el PP nombre como vicepresidente a un alto cargo del PP, índica el complejo y la debilidad de este gobierno.
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