¿Hasta cuándo la casta política pretende seguir buscándole el cuesco a la breva con argumentos pueriles para no reconocer que la crisis que afecta al país -política e institucional, como hemos sostenido siempre en estas columnas-, solo tiene una solución democrática: convocar a la Asamblea Constituyente que someta una nueva Constitución al veredicto del pueblo? […]
¿Hasta cuándo la casta política pretende seguir buscándole el cuesco a la breva con argumentos pueriles para no reconocer que la crisis que afecta al país -política e institucional, como hemos sostenido siempre en estas columnas-, solo tiene una solución democrática: convocar a la Asamblea Constituyente que someta una nueva Constitución al veredicto del pueblo?
El desarrollo democrático, social, económico y cultural de Chile se ve obstaculizado por una Constitución -sobre la cual se levanta un enjambre de leyes y decretos a su imagen y semejanza- impuesta en 1980 por el terrorismo de Estado. La Carta promulgada por la dictadura fue parchada y remendada en varias oportunidades. Pero sin tocar su alma que no obedece a la soberanía del pueblo sino a los intereses de la oligarquía y del capital extranjero.
La corrupción y codicia que alientan el sistema -al que la Constitución sirve de soporte-, han tenido un efecto corrosivo en todos los ámbitos de la vida nacional. Pero sobre todo, en los pilares de la institucionalidad creada para sostener el sistema. Bastaría un empujón revolucionario para tirarla por los suelos. Sin embargo, no existe una fuerza en condiciones de hacerlo.
El denominado «proceso constituyente» que impulsa el gobierno no convence ni a sus promotores. Menos aún consigue entusiasmar a algún sector social de importancia. Eso ocurre porque el tal proceso no tiene destino claro ni sitúa en el horizonte la Asamblea Constituyente. Por el contrario, es un hecho que este «proceso» burocrático y sin brújula terminará esfumándose en los archivos de la más desprestigiada de las instituciones: el Congreso Nacional.
La casta política no tiene intenciones de convocar a una Asamblea Constituyente que entregue al pueblo, por primera vez en la historia y después de diez Constituciones que ha tenido el país, la responsabilidad indelegable de decidir su propio destino. El proceso de cambios democráticos que necesita el país debe empezar convocando a la Asamblea Constituyente y a la elección de sus miembros. La convocatoria y el proceso de elección de los representantes del pueblo darían inicio a la dinámica social y política que requiere un objetivo ciudadano de esta magnitud. Asimismo, el fruto del trabajo de la Asamblea -la propuesta de nueva Constitución- deberá contar con tiempo suficiente para su más amplia difusión y discusión antes del plebiscito que la aprobará o rechazará.
Estas premisas democráticas son las que la castapolítica y financiera quiere eludir. Teme al veredicto del pueblo y tiene razones fundadas para ello. La nueva Carta Fundamental sin duda terminará con los privilegios y abusos de una oligarquía que desprecia al pueblo y pisotea su soberanía. Con toda seguridad establecerá que la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad social son derechos y no mercancías. Sin lugar a dudas reconocerá los derechos del pueblo mapuche. La protección de los niños, ancianos y discapacitados serán responsabilidad fundamental del Estado. Con certeza el Estado recuperará la propiedad absoluta de la gran minería del cobre y de otras riquezas que pertenecen a la nación. Sin duda que la nuevaConstitución abrirá paso a la democratización de las fuerzas armadas y policiales y que establecerá la función social de los medios de comunicación.
Demandas del pueblo -como el fin de las AFP o elderecho a salud y educación gratuitas y de calidad o la vigorización de lossindicatos- no alcanzarán la victoria en el marco de la actual Constitución que es la base de la sociedad mercantilizada que impuso la dictadura. Ofrecer reformas parciales significa postergar una vez más las definiciones. El término de las AFP, por ejemplo, significaría quitarle una pieza fundamental al sistema financiero y con ello provocar el derrumbe del sistema. La oligarquía -y lacasta política a su servicio- no cederán en ese punto en que se les va la vida.
Ojalá las organizaciones de trabajadores, estudiantes, pobladores, mapuches y ambientalistas confluyan para levantar un programa común breve y preciso, colocando en primer lugar la exigencia de la Asamblea Constituyente. Hay sectores en el movimiento social que afirman que no se debe «politizar» la lucha. Se equivocan. El apoliticismo es solo una ilusión óptica o a veces una maniobra reaccionaria. Darle un norte político a las luchas parciales de hoy constituye la única forma democrática de destrabar el conflicto que está incubando la prolongación de la crisis. Una alternativa popular permitiría encauzar las fuerzas hacia un horizonte diferente a la «ingeniería electoral» de los tutores del pueblo
Editorial de «Punto Final», edición Nº 858, 19 de agosto 2016.